Las cuentas que cierran la legislatura consolidan los avances económicos y sociales en un Aragón que persigue el reequilibrio territorial

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 orienta sus cifras al impulso económico y social de la Comunidad, en la que persigue un reequilibrio territorial que consolide los avances y las oportunidades de Aragón.

El presupuesto de 2023, con 8.250 millones, tiene un marcado carácter expansivo, crece un 10,8%, y tiene como principal novedad la aprobación de una reforma fiscal que procura una mayor progresividad y justicia social sin menoscabar los servicios públicos.

La rebaja del tipo fiscal a los tramos más bajos, hasta 50.000 euros, y el incremento a partir de esa cifra, que proyecta el mayor esfuerzo fiscal a las rentas superiores a los 90.000 euros, junto con reducciones en diferentes casuísticas de Sucesiones y Donaciones que beneficien a las familias, al emprendimiento y a la iniciativa empresarial, forman parte de una reforma que también lleva incrementos a los impuestos medioambientales.

Las mayores entregas a cuenta de la historia y la presencia de los fondos Next Generation son fundamentales para explicar el crecimiento de unas cuentas que harán frente a las exigencias crecientes de la Administración para crear riqueza y garantizar la protección de los ciudadanos.

Sin duda, alcanza gran importancia en el esfuerzo por impulsar la recuperación económica de la Comunidad Autónoma, la mayor dimensión de los capítulos inversores, que rebasan la barrera de los mil millones de euros y que van a revertir en una notable mejora de infraestructuras y equipamientos y en el desarrollo de políticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

En este presupuesto de cifras récord destaca también la buena gestión y el cuidado de las cuentas públicas, que va a suponer rebajar el stock de deuda en 2022 por primera vez en la historia, en una cifra cercana a los cien millones de euros.

Sección 30

La sección 30, o Diversos departamentos, está dotada con 1.666 millones. Destaca, por tercer ejercicio consecutivo, la correcta dotación del Fondo de Contingencia; es decir, una presupuestación acorde con lo que mandata la Ley de Estabilidad Presupuestaria en Aragón. De esta manera, 32 millones conforman la reserva para financiar las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente, siempre que sean urgentes e inaplazables y que, por lo tanto, no estén contempladas en la planificación ordinaria de las cuentas.

La sección también contiene las previsiones necesarias para hacer frente a la subida salarial de los trabajadores de la comunidad, que asciende a más de 130 millones.

Asimismo, se destinan 10 millones de euros para atender los compromisos con la Corporación de Empresas Públicas.

Especial importancia tiene la presencia de fondos MRR por valor de 6M en la sección, que permiten dar continuidad a las políticas orientadas a la digitalización y modernización de la Administración.

Sección 12

La sección 12, que se corresponde con el departamento de Hacienda y Administración Pública, dispone de un presupuesto en 2023 de 57 millones de euros, que supone un 19% más que en las cuentas de 2022.

Este ejercicio destaca por las actuaciones inversoras que contarán con casi 6 M.

Así está previsto destinar 220.000 euros a la demolición del antiguo centro de menores en la Torre Ramona del barrio de Las Fuentes.

1,5 M tienen por finalidad rehabilitar el Centro Aragonés de Barcelona.

Asimismo, se contemplan 1,9 para mejorar la seguridad y la eficiencia energética de los edificios públicos, incluidos en el convenio PIREP. Se trata de las Oficinas Delegadas de Alcañiz y de Jaca, del edificio situado en la calle Ricardo del Arco, 1 en Huesca y del ubicado en la calle San Vicente Paúl, 1, de Teruel, así como la sede del Gobierno de Aragón, en el edificio Pignatelli.

Las previsiones para 2023 avanzan en la construcción del Gestor de Expedientes de Contratación Pública y otras mejoras administrativas en gestión pública con 1,4 M.

La dirección general de Función Pública incrementa 150.000 euros el crédito destinado a gastos en pruebas selectivas ante el aumento de convocatorias y se contempla el pago al Ayuntamiento de Zaragoza de 1,4 M en concepto de IBI.