“Aragón se opone a los trasvases por justicia, sostenibilidad y legalidad”

“Un pacto no se puede hacer desde posiciones unilaterales”, ha dicho el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón ante la cuestión del gran pacto nacional del agua solicitado por algunas comunidades autónomas. “La nuestra no impide llegar a acuerdos, pero hay que atender en primer lugar las graves deficiencias de infraestructuras hidráulicas que hay en Aragón”, ha añadido.

En cualquier caso, ha precisado que lo que no se puede esperar es un “pacto exprés” que resuelva los problemas del agua “de forma exprés”. A lo que ha sumado otra reflexión: “No estamos preparados para ello porque somos víctimas de un problema grave de subdesarrollo institucional que pone de relieve todas nuestras deficiencias políticas”.

Joaquín Olona ha participado el Foro del Agua organizado en Madrid por el diario ABC y ha debatido con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Murcia, Francisco Martínez y Francisco Jódar, y con el secretario autonómico de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Francisco Rodríguez.

Para el aragonés, los problemas del agua son más de dificultad económica, social y ambiental para acceder a ella que de escasez física, lo que se traduce en un déficit de infraestructuras que en Aragón es muy palpable. “Es un error pensar que en la Cuenca de Ebro hay excedente de agua, lo que hay es una falta de infraestructuras”, ha afirmado tajantemente.

En esta idea ha abundado el consejero murciano, quien ha afirmado estar seguro de que “si en Aragón hubiera suficientes infraestructuras, la posición de los aragoneses con respecto a los trasvases sería distinta".

En este sentido, Olona ha sido claro: ”no seré yo quien niegue la solidaridad, de la que Aragón ha dado pruebas suficientes, pero la solidaridad debe ir de quien tiene resueltos los problemas a quien no los tiene resueltos”.

Justicia, sostenibilidad y legalidad estarían, por lo tanto, detrás de la oposición aragonesa a los trasvases. Y, en concreto, el maltrato histórico de la Administración central, la legislación medioambiental y el propio Estatuto de Autonomía, que obliga a los poderes públicos a velar por la sostenibilidad y los derechos de generaciones presentes y futuras.

Este problema se puede visualizar claramente con dos ejemplos facilitados por Olona: los planes de regadío del Alto Aragón y de Bardenas, que datan de 1916 y 1946 y todavía no se han concluido.

Por otro lado, el consejero de Sostenibilidad ha indicado que “no hay que dar por hecho que vamos hacia una gran sequía”, puesto que científicamente no se puede asegurar. Lo que sí es cierto, ha añadido, es que vamos hacia una mayor incidencia e intensidad de fenómenos extremos. “Ante esto es ante lo que no estamos preparados, porque no tenemos suficiente capacidad de regulación”, ha sentenciado para resumir a continuación: “Frente a la irregularidad, mayor regulación”.

Finalmente, Olona ha advertido que no hay que confundir sequía con aridez y que Aragón tiene gran parte de su extensión afectada por esta última; “la segunda es sequía permanente, una condición natural que resolvemos con el regadío para poder mantener población en el territorio.”, ha dicho.