La capital aragonesa tendrá una bonificación del 60% en el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, junto al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas,  conocida como ‘Ley de acompañamiento’, donde se introducen modificaciones en 28 normas autonómicas para facilitar la ejecución de las políticas públicas y ganar eficiencia en la prestación de los servicios públicos.   Uno de los cambios previstos afecta a la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en lo relativo al Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) y particularmente a su implantación en el municipio de Zaragoza. Este impuesto se aplicará en la capital aragonesa, como estaba previsto, a partir del 1 de enero, pero con una bonificación del 60% de la tarifa para evitar que los vecinos de Zaragoza paguen más que el resto de los ciudadanos de la Comunidad.   A efectos de este impuesto, la situación de Zaragoza capital, dado que conserva su autonomía de gestión y financiera, es neutra para el sistema general del Comunidad. Zaragoza se equipara así a los municipios carentes de sistemas de depuración, que también tienen bonificaciones del 60% de la tarifa del ICA, salvo los de menos de 200 habitantes, donde se eleva al 75%.   Otras medidas fiscales introducen precisiones técnicas sobre los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y de Sucesiones y Donaciones, de carácter aclaratorio para facilitar la presentación de autoliquidaciones. En este apartado también hay modificaciones aunque sin grandes novedades en  numerosas tasas autonómicas, que en conjunto mantienen su estabilidad.   En cuanto a las medidas administrativas previstas en este proyecto, cabe destacar la modificación del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad. Uno de los dos cambios normativos previstos tiene por objeto clarificar el régimen del personal de las entidades de derecho público (Corporación Aragonesa de Radio y Televisión –CARTV-, institutos del Agua, Gestión Ambiental, Ciencias de la Salud, Fomento y Tecnológico, además del Banco de Sangre, Aragonesa de Servicios Telemáticos, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón –CITA- y la Agencia de Calidad y Prospectiva –ACPUA- de la Universidad de Zaragoza) con el fin de homogeneizar el régimen del personal, para lo que se faculta a la Dirección General de Función Pública.   Esta disposición se complementa con la previsión de la propia Ley de Presupuestos de facultar a Función Pública para realizar esta homogeneización a efectos específicamente retributivos, de forma por ejemplo que los directivos no ganen más que los consejeros, excepcionando determinadas situaciones. Y también con otra disposición de la ‘ley de acompañamiento’ que modifica la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón para regular específicamente la ordenación del personal de la ACPUA.   De esta forma se eliminan requisitos que hasta ahora restringían el acceso de los funcionarios o personal laboral de la Administración de la Comunidad a las entidades de derecho público sólo a los trabajadores que estuvieran en situaciones especiales como adscritos, en excedencia o comisiones de servicios. Una restricción que todavía es mayor en la ACPUA, que solo cuenta con su propio personal laboral y que con esta ley también podrá cubrir su plantilla con funcionarios o laborales de la Administración autonómica.   En materia de personal también se deroga una disposición de la ley de Medidas de 2014 para restablecer el régimen de incompatibilidades y las condiciones para el desempeño de los puestos singularizados del Servicio Aragonés de Salud (SAS). Igualmente en el departamento de Sanidad se introducen cambios en la Ley del SAS para posibilitar la creación de unidades clínicascuya actividad se desarrolle en más de un hospital y en la Ley de Salud Pública por adaptarla a la normativa estatal sobre competencia de legislación de productos farmacéuticos.   En la Presidencia se incluye en la actual Ley del Presidente una referencia expresa a los procesos participativos y una mejor regulación de los trámites de audiencia e información pública en los procesos de elaboración de las normas.   El fomento de la participación se hace extensivo al ámbito de la Educación. A este respecto, se cambia la ley de Consejos Escolares para garantizar la participación de todos los partidos, así como federaciones, coaliciones o agrupaciones políticas con representación parlamentaria en Aragón. Y se mantiene la Disposición Adicional de la Ley anterior relativa a la reserva de plazas para transporte escolar.   En cuanto a otros departamentos, en Hacienda y Administración Pública está prevista una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para adaptar el porcentaje de trabajadores con discapacidad al que marcan las directivas europeas. Y también se prevé un doble cambio en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón. Por una parte para adaptarse al cambio de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (la condición de heredero abintestato de la Administración debe efectuarse en vía administrativa, no en vía judicial como hasta ahora). Por otra, para admitir excepcionalmente adjudicaciones a la baja de ofertas de hasta el 75% del precio de licitación en las subastas públicas “cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen”.   En Desarrollo Rural y Sostenibilidad, entre otras muchas modificaciones muy sectoriales o técnicas, resaltan las adaptaciones de la Ley de Calidad Alimentaria a la ley estatal de denominaciones de origen; de la Ley de Aguas y Ríos para incluir entre las competencias del Instituto del Agua el control de vertidos y la clasificación de balsas; o la Ley de Espacios Protegidos para regular el silencio administrativo para solicitudes de usos o actividades sobre espacios naturales.   En Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se toca la Ley de Fianzas y Arrendamientos Urbanos, entre otras cosas para corregir situaciones de desequilibrio y facilitar las fianzas o depósitos. También la Ley de Turismo para simplificar trámites administrativos a ciudadanos y empresas. Y la Ley de Urbanismo para que los municipios de menos de 2.000 habitantes pueden delegar en la Comunidad la potestad de disciplina urbanística.   En Economía, Industria y Empleo, entre otros cambios, se modifica la Ley de PLAZA para atribuir su tutela al Departamento en vez del original de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Y finalmente en Innovación se introducen cambios en las leyes de Servicios Telemáticos y del CITA para posibilitar la declaración de ambas entidades de derecho público como medios propios de la Administración.