El Director General de Agricultura de la Comisión Europea visita Aragón con el propósito de evaluar el impacto de la futura reforma de la PAC

Los hitos temporales van sucediéndose en lo que será la futura reforma de la PAC, que prevé su aplicación entre 2014 y 2020. El primer hecho destacable fue la publicación, en octubre del pasado año, de los borradores de Reglamentos que deberán configurar las bases futuras para el sector agroalimentario Europeo.

Los objetivos clave de la nueva reforma, la cuarta desde la denominada reforma McSharry de 1992, prevén una nueva redistribución de fondos entre los 27 Estados de la Unión Europea, los apoyos a la renta de los agricultores de forma desvinculada de la producción a través de un modelo regional ligado a la tierra y, por último, el reverdecimiento de esta política en aras a una mayor sostenibilidad ambiental de este sector económico y a una mayor generación de bienes públicos hacia el resto de la sociedad.

Esta política supone para Aragón unos 520 millones de Euros anuales de fondos europeos, si se suman las ayudas a la renta para los agricultores y los programas de desarrollo rural. Se trata por ello, de un elemento sustancial en la economía de nuestro medio rural, suponiendo entorno al 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos.

Es en este marco que, a instancias de las Cortes de Aragón, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, puso en marcha una ronda de debate con los agentes representativos del sector aragonés, que cristalizó en un documento conjunto que evalúa y se posiciona ante el contenido de la nueva reforma. Este documento, fue también sometido a debate por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, con el fin de que pudiera dar cabida a la diversidad de sensibilidades presentes en la propia sociedad aragonesa.

También, el Departamento de Agricultura Aragonés ha presentado dicho documento ante el Ministerio del ramo, interlocutor en las instituciones Europeas. Del mismo modo, ha mantenido encuentros bilaterales con otras Comunidades Autónomas del valle del Ebro (Navarra y Cataluña), con intereses comunes en diversos subsectores, con el fin de poder efectuar una defensa de los mismos de la forma más eficiente en el marco de aplicación estatal de la reforma.

La tramitación de la reforma es compleja. Básicamente, en ella intervienen tres instituciones Comunitarias que actúan entre ellas como elementos de equilibrio en la negociación. Así, los borradores iniciales de Reglamentos, fueron elaborados por la Comisión Europea, que es la administración Comunitaria. A un segundo nivel, y en estos momentos, dichos borradores están siendo debatidos en el seno del Consejo de la Unión Europea, a través de grupos de trabajo técnico que culminan en los Consejos de Ministros de Agricultura, reuniendo a todos los Ministros del ramo de los 27 países. Es decir, en este nivel, son los Gobiernos de cada Estado los que manifiestan sus posturas ante la propuesta de la Comisión.

Pero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la definición de la política agraria no es cosa únicamente de la Comisión Europea y del Consejo. Se ha incorporado ahora el procedimiento de codecisión (también denominado procedimiento ordinario), en el que participa el Parlamento Europeo a través de los diversos grupos políticos que lo conforman.

No obstante, al amplio entramado institucional y de negociación de la reforma, desde el Departamento de Agricultura de Aragón se ha puesto sobre la mesa el complejo ajuste de nuestra ganadería en el nuevo modelo regional basado únicamente en superficies. En este sentido, tres son las cuestiones que ya puso de manifiesto el documento de consenso elaborado entre el Departamento y el sector aragonés. La primera, es la gran superficie existente de tierras de pasto, no solo en Aragón sino en toda España, que si entraran en el año 2014 desordenadamente a formar parte de la superficie computable para el cobro de ayudas, podrían generar movimientos especulativos, que nada aportarían a la defensa de la legitimidad de esta política ante los ciudadanos Europeos.

La segunda, vinculada también con la anterior, es la necesidad de establecer alguna ligazón entre la actividad ganadera extensiva y las superficies de pasto por las que cada explotación pueda percibir ayudas. La idea básica es que puedan percibir ayuda aquellos ganaderos que efectúan una actividad real sobre el medio. Finalmente, la tercera cuestión, se liga a nuestra ganadería intensiva de vacuno, a la cual debe buscarse un encaje racional y ajustado a su realidad productiva.

Es en este complejo marco en el que João Pacheco, Director General Adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, visitó Zaragoza el pasado día 4 de julio, siendo recibido por el Consejero Modesto Lobón. La visita, obedeció a una invitación cursada por la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC-ARABOVIS), y contó con la participación activa tanto de ganaderos, como de los Directores Generales competentes del Ministerio y de la Comunidad Autónoma. Durante la visita, el portugués João Pacheco pudo conocer sobre el terreno la realidad de la ganadería Aragonesa que, en gran medida, es un fiel retrato de este sector tanto a nivel Español como también de otros países mediterráneos de la Unión Europea, así como la complejidad de su encaje en la futura política que ahora se está diseñando.

Los próximos 12 meses serán decisivos para el devenir de la reforma. Tanto a nivel de las decisiones que puedan adoptarse en el seno de las instituciones comunitarias, como también de aquellas que se adopten dentro de España entre el Ministerio y las diferentes Comunidades Autónomas. Será en este segundo ámbito, donde la administración aragonesa destinará los mayores esfuerzos, técnicos y políticos, para que la reforma permita seguir mejorando la competitividad un sector agroalimentario, que se está consolidando como una importante fuente de riqueza y empleo endógenos, en una coyuntura económica general tan difícil como la actual.