El Gobierno de Aragón desbloquea el plan de depuración del Pirineo

El Gobierno de Aragón desbloquea el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, tras la resolución de los cuatro contratos de concesión. El Ejecutivo autonómico pone en marcha un programa de actuaciones directas, por valor de 74,3 millones de euros para las 19 depuradoras pendientes con más de 1.000 habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024. Estas depuradoras se consideran prioritarias por su mayor tamaño y se abordarán por el Instituto Aragonés del Agua mediante contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento.

Los núcleos beneficiados son: Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblos, Castiello de Jaca, Hecho-Siresa, Villanua, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandinies-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler, Benasque-Anciles.

Asimismo, se establece un programa de convocatorias de subvenciones, por valor de 46,3 millones de euros, entre 2019 y 2026, para financiar el 100% del coste del resto de las depuradoras previstas, lo que permite dar entrada a la iniciativa municipal y atender a sus preferencias en cuanto a prioridades, dimensionamiento y tipología, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón mantenga la responsabilidad asumida frente al Estado. De acuerdo con el convenio, las instalaciones de pequeño tamaño son más de 250, ya que se incluye a todos los núcleos de población habitados. Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte prioritario por razón del punto de vertido.

La resolución de los contratos de concesión permite también que el Gobierno de Aragón obtenga la propiedad de los proyectos construidos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias, lo que facilitará la ejecución de estos programas.

Antecedentes

Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón. Las actuaciones se planificaron en el marco del denominado Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada, a través de cuatro contratos de concesión de obra pública. Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010 pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo.

Muestra del estado de parálisis en el que este Gobierno encontró el fallido plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan nacional en el que se enmarca, solo se habían construido y puesto en explotación 20 de las 297 instalaciones previstas. Las instalaciones ejecutadas, en la zona P2 correspondiente al río Gállego son la depuradora de Biescas y 19 correspondientes a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones.

El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 20 de junio de 2017 tomó conocimiento de las resoluciones del presidente del Instituto Aragonés del Agua, Joaquín Olona, (fechas 21 y 28 de abril, 25 de mayo y 12 de junio del año 2017), por las que se desestima la modificación de los contratos de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas residuales en el Pirineo. En ese mismo acuerdo, se insta al Instituto Aragonés del Agua a iniciar los trámites oportunos para disponer la resolución de los referidos contratos de concesión de obra pública.

El proceso de resolución concluye en octubre de 2018 y supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias y va a permitir abordar la depuración del Pirineo con nuevos instrumentos de actuación, ya que resulta imprescindible cumplir las obligaciones pendientes que la Comunidad Autónoma asumió frente al Estado.

La resolución de los contratos, cuyo importe inicial ascendía a 353 millones de euros, implica anular un gasto autorizado total de 313 millones de euros.