Medio Ambiente
El Gobierno de Aragón expresa su compromiso por una gestión transparente, eficaz y pública del agua
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, han mantenido una reunión de trabajo con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, han mantenido una reunión con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) para exponer las líneas de trabajo y hacer balance de las actuaciones realizadas en los últimos años en materia de agua. En el encuentro se ha informado de forma detallada sobre los planes e inversiones ejecutadas con cargo al Plan Nacional de Calidad de las Aguas y se ha reiterado el claro compromiso por “una gestión transparente, eficaz y pública del agua en Aragón”.
Plan Nacional de Calidad de las Aguas
Las anualidades del Plan Nacional de Calidad de las Aguas finalizan en el ejercicio 2016 y supondrán en total más de 140 millones de euros transferidos desde el año 2008 por la Administración General del Estado a Aragón, destinados al ciclo integral del agua, incluidos “captación, transporte, potabilización y distribución de agua potable, así como saneamiento, restauración de riberas y actuaciones destinadas a la prevención de la contaminación difusa de las aguas” tal como señalaba el convenio firmado.
De estos más de 140 millones transferidos desde 2008, un total de 99 millones se han destinado a financiar un millar de obras realizadas en 500 municipios de todo Aragón; 23 millones en cuatro plantas, una red de colectores y dos balsas de almacenamiento para la gestión y tratamiento de purines; 16 millones en asistencias técnicas para redacción de proyectos y estudios complementarios, direcciones de obra y la gestión de expropiaciones (incluido el coste de las mismas) de las más de 400 actuaciones de los dos grandes planes de depuración: el Plan Especial y el Plan Pirineos. A cambio de estas transferencias, el Gobierno de Aragón se comprometía a acometer las actuaciones de ambos planes, que se abordaron en mandatos pasados mediante el modelo de concesión de obra pública.
En la reunión, se han analizado los costes de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y se han avanzado las actuaciones previstas. Por lo que se refiere al Plan Pirineos, desde el Instituto Aragonés del Agua se está trabajando en la solución de los problemas que se han planteado con las empresas concesionarias debido a los problemas de financiación que han sufrido durante estos últimos años.
ICA
Respecto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), se ha recordado que a partir del 1 de enero de 2016 la recaudación se realizará por parte del Instituto Aragonés del Agua, tal como fija la legislación vigente. Hasta ahora, son los ayuntamientos y resto de entidades suministradoras las que repercuten el importe del tributo a los usuarios de agua, conjuntamente con el recibo periódico correspondiente al abastecimiento, para después transferirlo al Instituto. Este cambio legal atiende una reivindicación planteada durante los últimos años por parte de los ayuntamientos.
Ante el interés de la RAPA por la cuestión de la gestión del cobro del impuesto, desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se ha explicado que está se ha encargado a una empresa por la imposibilidad de realizarla con medios propios de la Administración.
En la reunión se ha recalcado asimismo que el hecho imponible del impuesto es la producción de aguas residuales y que la recaudación se destina íntegramente a la depuración y prevención de la contaminación. No se trata por tanto de una tasa por la prestación de un servicio de depuración, por lo que no procede establecer una relación directa entre lo que se ingresa en cada municipio y lo que se paga por el mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales.
Las tarifas del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas deben aprobarse por las Cortes de Aragón, en la Ley de Presupuestos. Son tarifas comunes para todo el territorio de la comunidad que cuentan con bonificaciones de carácter social, pues los domicilios donde residen perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción están exentos de soportar este impuesto.