El Gobierno de Aragón muestra su oposición al proyecto de la mina de Borobia

El Gobierno de Aragón se opone frontalmente al proyecto de la mina de Borobia por las implicaciones y afecciones ambientales que se derivarían sobre el territorio de la Comunidad Autónoma. Una postura que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha manifestado hoy antes del encuentro mantenido con la plataforma de afectados por la mina de Borobia y los Presidentes y Vicepresidentas de las comarcas de Calatayud y Aranda.

Una reunión que ha servido para estudiar con detenimiento las acciones que se pueden emprender desde el departamento y poder así realizarlas en el menor plazo posible. “La voluntad del Gobierno es continuar con la línea del anterior ejecutivo, de oponerse por todos los medios a este proyecto porque no tiene las garantías medioambientales suficientes para Aragón”, ha asegurado Modesto Lobón. En ese sentido, ha añadido, que van a personarse ante la junta de Castilla y León y el Ministerio para intentar detener un proyecto perjudicial para Aragón. “Haremos todo lo posible por detener el proyecto y esperemos que las cosas se resuelvan por el diálogo porque es la mejor forma de resolverlas”, ha concluido el consejero.

La Directora de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, ha explicado la situación actual del proyecto, asegurando que la Junta de Castilla y León tiene intención de continuar con el proyecto, a pesar de las alegaciones presentadas por la dirección general. “El proyecto ha obtenido una autorización para hacer unas obras, unas pruebas industriales y un arreglo de terreno… pero no tiene todavía la concesión minera, de hecho, como el proyecto tuvo un defecto de forma se anulará, pero la Junta de Castilla y León tiene intención de proseguirlo, dado que es un recurso minero que beneficia a esa parte”. Pilar Molinero ha dejado claro que el proyecto no ofrece las suficientes garantías ambientales de protección del acuífero que vierte hacia Calatayud y Aranda. De ahí que vayan a emprenderse todas las acciones necesarias que logren detenerlo.

Situación del proyecto

Borobia es un municipio soriano de 270 vecinos situado a los pies del pico Moncayo, en la frontera con Aragón. La reaparición del proyecto minero rechazado por los vecinos hace años, amenaza, según sus detractores, un entorno protegido de gran belleza, el nacimiento del río Manubles y varios manantiales de agua. También, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios aragoneses del Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.

La explotación minera prevista se realiza a cielo abierto y se extiende por toda la cabecera del río Manubles, afectando a sus fuentes de nacimiento.

El proyecto posee la declaración de impacto ambiental favorable por la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, desde la pasada legislatura, se opone a este proyecto, debido a las afecciones medioambientales que derivarían para la Comunidad Autónoma. Por ello se presentaron distintas alegaciones durante el trámite de evaluación de impacto ambiental en el año 2009, y después de que se declarara favorable. También, ante el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y ante el Ministerio de Industria. Se formalizó además una queja ante la Comisión Europea por las implicaciones y consecuencias ambientales desfavorables y vulneración de la normativa europea.

Recientemente, en abril de 2012, se presentaron alegaciones ante la CHE a la solicitud de autorización de vertido de aguas residuales procedentes de una explotación minera en el término municipal de Borobia.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de información pública para licencia urbanística por el Ayuntamiento de Borobia., pero en este momento no se está instruyendo ningún procedimiento administrativo de concesión de autorización minera para la explotación de magnesita.

Sin embargo, desde la Comunidad Autónoma vecina tienen mucho interés en explotar el recurso y activar económicamente la zona. Dado que tienen la declaración de impacto ambiental favorable, quieren aprovechar el plazo de vigencia del mismo y resolverlo en un año aproximadamente.

Con todo, el Gobierno de Aragón articulará todos los mecanismos administrativos, jurídicos y, en su caso, judiciales para oponerse a este proyecto, tal y como se ha estado haciendo hasta ahora.