Los gobiernos de España y Aragón avanzan en la búsqueda de alternativas al cierre de la central de Andorra

La ministra para la Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, ha dedicado hoy su agenda a Aragón, donde primero ha recibido información y propuestas para desarrollar la Agenda 2030 en Aragón y, posteriormente, ha compartido con los agentes sociales de las cuencas mineras el estado de los trabajos que emprende su ministerio para afrontar la transición energética, tras el anuncio del cierre de la central de Andorra. El Presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha hecho balance de las medidas emprendidas por la administración autonómica en estos meses con el fin de “reinventar” el futuro de la zona y donde ha constado avances, pese a las dificultades de la situación política y presupuestaria.

Ribera, que hoy ha presidido la primera reunión de trabajo sobre actuaciones y el calendario de desarrollo del convenio de Transición Justa que se pondrá en marcha en la comunidad autónoma, concretamente en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón, ha concretado que estará listo entre mayo y septiembre de 2020. Incluirá el listado de proyectos generadores de empleo y actividad económica seleccionados tras un proceso participativo, así como la financiación asignada para apoyar su puesta en marcha.

Los convenios de Transición Justa se acompañan de una batería de medidas transversales. Entre ellas, la normativa que permitirá mantener dos importantes activos en el territorio: el acceso a la red eléctrica, para proyectos renovables que primen la creación de puestos de trabajo; y el recurso hídrico vinculado a las centrales que pueda aprovecharse en nuevos emprendimientos.

A través de los convenios, se movilizarán los recursos que la Administración General del Estado está asignando a la Transición Justa en España y que, por el momento, a través de las diferentes actuaciones emprendidas y en planificación, suponen fondos propios de cerca de 600 millones de euros. Convenio de transición justa en Andorra

Las primeras fases de su elaboración ya están en marcha: un diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de la zona geográfica, y un estudio de las iniciativas empresariales e industriales con mayor potencial de generación de empleo y de nuevo desarrollo económico en la zona. El resultado final será un conjunto de proyectos y actuaciones a apoyar en los territorios para mantener el empleo y evitar la despoblación.

Los convenios de Transición Justa en las zonas de transición vendrán acompañados por una serie de medidas transversales para optimizar que el uso eficiente y sostenible los recursos asociados al territorio y atraer inversiones, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, económica y social.

La primera de ellas consiste en una propuesta normativa que mantendrá dos activos en la zona: evacuación de energía y recursos hídricos. El Gobierno desarrolla una norma que permitirá la sustitución de potencia térmica de carbón por energías renovables en el mismo punto, primando los mejores resultados en términos de empleo y generación de actividad en el territorio; y trabaja en otra modificación legal para que el uso del agua que realizan las centrales se quede en los municipios para que sea aprovechada de forma sostenible en nuevas actividades económicas.

Entre otras cuestiones, en el encuentro, el MITECO ha informado de la marcha de los convenios con administraciones locales del Marco 2018 -2030. En Aragón, se han gestionado hasta el momento 25 convenios para proyectos de ayuntamientos que suman un total de 12,1 millones de euros aportados por el Ministerio, que también está tramitando las ayudas para las labores de restauración de las minas de Teruel, estimadas en unos 15 millones de euros. Asimismo, se está desarrollando el plan de formación y recualificación de trabajadores excedentes mineros realizado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y las convocatorias de ayuda a proyectos empresariales del IRMC.

El IDAE, por su parte, está recuperando su papel como agente inversor participando o aportando capital a proyectos innovadores que favorezcan la transición energética y la identificación de proyectos singulares, y trabajará en las zonas en transición en la búsqueda de proyectos susceptibles de apoyo.

Además, se está ultimando una nueva línea de ayudas, con una dotación de hasta 50 millones de euros dirigida a municipios donde se produzcan cierres de centrales térmicas.

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado a los participantes en la mesa convocada con sindicatos, empresas, ayuntamientos y representantes ministeriales que, “aunque nos gustaría que las cosas fuesen más rápidas” –lo que no es posible por la falta de gobierno estable y de presupuestos generales, lo cierto es que “son constatables los avances producidos”. En este sentido, ha repasado algunos de estos logros, como la puesta en marcha de al menos siete proyectos empresariales que superan los cien millones de euros y que pueden generar casi 300 empleos, además de algunos que están tomando forma. Igualmente, ha recordado otra iniciativa relacionada con las energías renovables como la fábrica de biomasa en Andorra impulsada por Forestalia.

Lambán ha expuesto que, durante este tiempo, desde que se anunciara el cierre de la central, el Gobierno de Aragón no ha parado de trabajar y ha destacado dos normativas impulsadas, como el Decreto Ley para declarar interés autonómico proyectos de envergadura en cuencas mineras y Decreto Ley para declarar de interés autonómico las inversiones en renovables en cuencas mineras, que ya ha dado algunos resultados.

Además, el ejecutivo autonómico se comprometió desde el primer día a apoyar y buscar alternativas para los trabajadores de las subcontratas de Endesa, un colectivo formado por 400 empleados de una treintena de empresas diferentes. La consejera Marta Gastón trasladó al Secretario de Estado de Energía la preocupación de los trabajadores y este se comprometió a incluir este colectivo como prioritario en el convenio para la transición justa que se va a diseñar para la zona.

El INAEM puso en marcha un plan de empleo para estos trabajadores desde sus oficinas de Andorra y Utrillas, que además de ofrecerles formación y orientación personalizada, se les priorizará en las selecciones de personal para los nuevos proyectos que se van a instalar en la zona.

Por otro lado, las ayudas destinadas a proyectos generadores de riqueza, empleo y reindustrialización en la provincia de Teruel ascienden este año a 13.750.000 euros. De esta cuantía, 10,75 millones van destinados directamente a las comarcas mineras y 8,75 millones, exclusivamente a los municipios considerados “muy mineros”, entre los que se encuentra Andorra. Destaca la puesta en marcha de una nueva convocatoria para proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, enmarcadas dentro del FITE; una nueva línea específica para municipios muy mineros en la convocatoria de proyectos de inversión empresarial y el incremento hasta los 3,75 millones de la convocatoria para infraestructuras municipales para la reindustrialización de municipios muy mineros.

La Mesa de la Minería de Aragón priorizó en mayo un total de 40 nuevos proyectos empresariales en las convocatorias Miner 2018, dentro del Plan de la Minería 2013-2018, e los que 18 van a realizarse en municipios muy mineros de Teruel, con más de 29,5 millones de inversión y la creación de 122 empleos.

Agenda 2030

La primera parte de la reunión con la ministra Ribera ha estado centrada en el desarrollo de la Agenda 2030 en Aragón, en la que la propuesta Ebro2030 ha sido bien recibida por la titular del ministerio para la Transición Ecológica por su interés en convertir el río en el mayor corredor verde de España, vinculado al legado Expo 2008.

Tanto el consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, Joaquín Olona, como el comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano, han expuesto diversas medidas que esperan recibir el apoyo del ministerio con repercusión en los municipios de la ribera del Ebro. La ministra ha acogido con satisfacción las propuestas aragonesas y ha valorado que este reto coincida con el tercer ciclo de planificación hidrológica, donde se trabaja en la actualización de modelos de gobernanza del agua.