Inés Torralba recuerda al alcalde de Zaragoza que debe cumplir con la ley

“Es responsabilidad del alcalde y de su equipo de gobierno cumplir con las leyes vigentes y proporcionar a la administración autonómica los datos que necesita para la gestión del impuesto”. Así se ha manifestado la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, ante el anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de encargar un informe jurídico para determinar si el Consistorio debe ceder los datos del censo para que la DGA pueda girar los recibos del Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA) a los vecinos de la capital.

Torralba recuerda a los responsables municipales que el Ayuntamiento puede cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque Hacienda le facilita los datos catastrales y que el intercambio de datos fiscales entre administraciones entra “dentro de la normalidad” en el cumplimiento de las leyes, en este caso la Ley Tributaria y la Ley de Aguas y Ríos.

Las “excusas”, añade la directora del IAA, tampoco pueden ser de tipo técnico, porque se trata de “administraciones modernas que ya han realizado las pruebas técnicas necesarias para el intercambio de ficheros, que funciona a la perfección”.

Un impuesto igual para todos los aragoneses

El IAA recuerda que eI Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA) que el Gobierno de Aragón ha empezado a cobrar en la comunidad no supone ningún incremento en el coste del agua para los ciudadanos. Es el nuevo nombre del conocido como Canon de Saneamiento, que los aragoneses están pagando desde el año 2002.

La novedad es que ahora en vez de cobrarlo los ayuntamientos lo hace el IAA, por lo que los usuarios del agua abonarán a cada administración las tarifas correspondientes a su competencia, es decir, los aragoneses recibirán dos recibos en vez de uno: el de su Ayuntamiento por el abastecimiento (y en algunos casos, saneamiento) y el del Gobierno de Aragón por el saneamiento.

La particularidad de Zaragoza radica en que hasta 2016 los vecinos de la capital han estado exentos del impuesto debido a que costeaban directamente la construcción de sus depuradoras. Pero una vez compensada con esta exención la inversión realizada, los zaragozanos deben satisfacer el impuesto de la misma manera que lo hacen el resto de los aragoneses.

Cabe destacar, no obstante, que como siguen abonando a su Ayuntamiento (igual que en algunas otras localidades) recibos por depuración de las aguas, cuentan con una bonificación en la tarifa del ICA del 70 %. De esta manera se garantiza su equiparación con el resto de los habitantes de la comunidad.