Olona aboga por dejar que el mercado agroalimentario funcione de forma natural y centrar la política agraria en la compensación de rentas a agricultores y ganaderos

La concurrencia, la transparencia, la ausencia de barreras o el libre acceso a la información son condiciones necesarias para que el mercado funcione y asigne de forma eficiente los recursos. Y son precisamente las lonjas, como la Lonja del Ebro o la de Binéfar, las que pueden hacer una gran aportación para que estas condiciones se produzcan.

Esta es una de las ideas que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha expresado en la conferencia que ha impartido en Mercazaragoza con motivo del tetragésimo aniversario de la Lonja del Ebro.

El consejero se ha manifestado al mismo tiempo contrario a intentar modificar el comportamiento del mercado a través de medidas de política agrícola. Considera que la inestabilidad de los precios agrícolas y su caída a largo plazo es consecuencia de la propia naturaleza económica de la oferta y la demanda agroalimentaria y, por tanto, que “es mejor asumir y entender el funcionamiento del mercado favoreciendo que se comporte como tal y actuando sobre sus consecuencias desfavorables sobre la renta de los agricultores”.

Asimismo, propone centrar la actividad política sobre los factores estructurales que determina esa renta, entre los que destaca la productividad del trabajo, la profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones, la transferencia de conocimiento o la innovación.

“Se requiere una política agrícola que ayude a lograr una agricultura más productiva y más coherente e integrada con el mercado, la economía, la sociedad y el medioambiente”, ha resaltado Olona.

El titular de Desarrollo Rural ha repasado en su intervención la cuestión de los precios (“que se comportan de forma caótica”), de la renta agrícola, de la productividad y  de la dimensión económica de las explotaciones para, finalmente, detenerse en la Política Agraria Comunitaria (PAC) y en la reforma de la misma propuesta por el Gobierno de Aragón.

Las cifras constatan, según ha indicado, que mientras la productividad mejora debido sobre todo a la introducción de tecnología, los precios siempre caen a largo plazo, aunque esta tendencia podría cambian en torno a 2050 por “el efecto combinado de los condicionantes ambientales y el crecimiento de la demanda alimentaria”.

Esa caída de los precios provoca, por su parte, el problema de la paridad agrícola: “los agricultores pierden poder adquisitivo con respecto al resto de los ciudadanos”. Y esa pérdida hace que la renta actual de los primeros sea aproximadamente un 40% de la renta media de los no agricultores.

Pero no todas las rentas agrarias tienen el mismo comportamiento. Las de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen una evolución más favorable. Ello se debe, de acuerdo con Olona, a elementos tales como la estructura de las explotaciones (mayor en aquellos países) y la estructura de la política agrícola en la que se desarrolla la actividad (injusta e ineficaz en la Unión Europea).

El subempleo agrario en Aragón

En referencia a Aragón, el consejero ha explicado que la dimensión económica de las explotaciones es claramente insuficiente y que las dos terceras partes de las mismas tienen unas ventas anuales menores de 25 000 euros. “Probablemente las explotaciones que superan los 100 000 euros de ventas anuales son menos del 10%”, ha añadido.

Otro dato corrobora su tesis: Con un registro de 52 760 titulares de explotaciones agrarias, solo se contabilizan 38 200 UTA (Unidad de Trabajo Agrario: trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria). Lo que implica 0,72 UTA por explotación, o lo que es lo mismo: la existencia de una situación de subempleo.

Por otra parte, según ha señalado, la evolución de la productividad de trabajo y de la renta en Aragón ha sido muy desfavorable en los últimos lustros, lo que es una muestra de la ineficacia de la política agrícola aplicada.

Convencido, por lo tanto, de que las directrices políticas necesitan un cambio profundo debido a las injusticias e ineficiencias que provocan, y, asimismo, de que el mercado no va a solucionar el problema de la renta agraria, el consejero aragonés ha recordado que su departamento ya ha presentado una propuesta de reforma para la PAC.

Esta se centra, porque así lo establecen el Tratado de la Unión Europea y la Constitución Española, en la renta de los agricultores, eliminando pilares básicos de la actual política agraria como los derechos históricos, los pagos por superficie o la regionalización.

Se trata de garantizar una renta que iguale a agricultores y ganaderos con el resto de la sociedad primando comportamientos profesionales y penalizando los que no lo sean.