title.site title.site

Miércoles, 17 de abril de 2024

Medio Ambiente

Olona defiende en Bruselas la posición común de las CCAA relativa al tratamiento de las aguas residuales

Bajo la presidencia sueca, Aragón lidera este semestre la representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea

El Departamento de Medio Ambiente ha destinado a Bruselas a un funcionario experto en la materia, Javier Lorén, que es quien se está encargado de llevar a cabo los trabajos de coordinación

Hogo Morán y Joaquín Olona, minutos antes del comienzo del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
Hugo Morán y Joaquín Olona, minutos antes del comienzo del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha participado este jueves, 16 de marzo de 2023, en Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, que ha tenido lugar en Bruselas. En el edificio Europa, sede del consejo, ha defendido la posición común de las Comunidades Autónoma en relación a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que ha sido el tema elegido para trabajar durante estos primeros seis meses del año. 

Aragón lidera desde el pasado mes de enero la representación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Esta representación se enmarca dentro de los mecanismos de participación de las comunidades en los asuntos de la UE, como respuesta a la demanda de las regiones de una mayor presencia en la elaboración, aplicación y seguimiento de las disposiciones y normativas comunitarias. En este marco, Olona ha acompañado al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha participado en representación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La nueva directiva en materia de aguas residuales, de la que hoy se ha tomado el pulso sobre los avances de su legislación, persigue como objetivos primordiales la protección del medio ambiente, la protección de la salud humana, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la gobernanza y la transparencia del sector, un mejor acceso al saneamiento y, tras la reciente crisis de la COVID, el control periódico de los parámetros pertinentes para la salud pública en las aguas residuales urbanas.

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se adoptó en 1991. El objetivo era "proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y procedentes de determinados sectores industriales". Los Estados miembros debían velar porque las aguas residuales de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes se recogieran y tratasen con arreglo a las normas mínimas de la UE. Los Estados miembros también debían designar «zonas sensibles» con arreglo a los criterios incluidos en la Directiva a las que se aplicarían normas y plazos más estrictos.

En 2019 se concluyó una evaluación en profundidad de la Directiva, que confirmó que la aplicación de esta ha dado lugar a una reducción significativa de los vertidos contaminantes. En toda la UE, las aguas residuales de unas 22.000 ciudades que representan la contaminación de unos 520 millones de habitantes equivalentes (h-e) son tratadas en sistemas centralizados. 

El principal objetivo de la nueva directiva es abordar estos tres retos con una buena relación coste/eficacia, al mismo tiempo que se trata de garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados de sus exigencias.

La posición común de las Comunidades Autónoma defendida por el consejero Olona tiene ocho puntos fundamentales: 

  • Las CC.AA. contribuyen con la Administración hidráulica y el resto de las administraciones competentes a fomentar y controlar el buen estado sanitario y químico de las aguas depuradas, con objeto de preservar la salud humana y del medio ambiente.
  • Las CC.AA. son conscientes de la importancia de aplicar el principio de “quien contamina paga”
  • Los nuevos umbrales de depuración para las aglomeraciones urbanas que se reducen a 1000 h-e, así como los sistemas de gestión individual suponen un reto tanto de gestión, como financiero y un grado de ambición importante, no fácilmente asumible por las autoridades competentes.
  • La exigencia de tratamiento terciario para todas EDAR de las aglomeraciones de más de 100.000 h-e y en un futuro próximo para las de 10.000 h-e, junto con los límites establecidos para el nitrógeno y fosforo, el tratamiento cuaternario con objeto de minimizar la presencia de sustancias prioritarias (microcontaminantes y microplásticos), y los nuevos requisitos de análisis de aguas, supondrán un importante desafío, teniendo en cuenta su coste económico y las tecnologías actualmente disponibles.
  • Implementar la neutralidad energética, implica la necesidad de crear infraestructuras de elevado coste para obtener la energía renovable, que no siempre se podrán instalar en las EDAR y por lo tanto se hace imprescindible el acceso a energías renovables de terceros.
  • Considerando las características de producción agrícola de nuestro país, es viable y recomendable en muchos casos, la reutilización del agua depurada para fines agrícolas.
  • Solicitud de períodos de transición suficientemente amplios y ajustados a los futuros ciclos de planificación hidrológica para la implementación de las nuevas obligaciones.
  • Es necesario un fuerte apoyo en materia de financiación por parte de la U.E., y de impulso en I+D+i para desarrollar las importantes exigencias que derivan de esta norma. 

En la actualidad, el 98 % de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92 % se tratan correctamente, aunque unos pocos Estados miembros todavía tienen dificultades para alcanzar el pleno cumplimiento. Los fondos europeos proporcionan un apoyo esencial para ayudar a los Estados miembros a realizar las inversiones necesarias. Por término medio, cada año se destinan 2.000 millones de € a inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua en la UE. Este enfoque, que combina el control del cumplimiento y el apoyo financiero, ha dado sus frutos y ha contribuido a garantizar niveles cada vez más elevados de cumplimiento de la Directiva.

Javier Lorén y Joaquín Olona, en el edificio del Consejo Europeo.
Javier Lorén y Joaquín Olona, en el edificio del Consejo Europeo.GOBIERNO DE ARAGÓN

La siguiente presidencia corresponderá a España

La coordinación aragonesa se está desarrollando bajo la presidencia sueca, que actualmente es la encargada de marcar las prioridades en materia de medioambiental. En este sentido, el consejero ha puesto de manifiesto la importancia del momento en el que se está produciendo la labor de coordinación aragonesa, porque la presidencia del siguiente semestre corresponderá a España.

Para llevar a cabo la coordinación de las Comunidades Autónomas, de manera temporal, el Departamento de Medio Ambiente ha destinado a Bruselas a un funcionario experto en la materia, Javier Lorén, que es quien se está encargado de llevar a cabo este trabajo. Un trabajo que el consejero ha agradecido y que ha tildado como "esencial" para influir en las decisiones europeas de una manera directa. 

Joaquín Olona destaca el trabajo de coordinación que está desarrollando Aragón bajo la presidencia sueca