Olona reclama la reunión de los órganos de gobierno y participación de la CHE

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha reclamado la convocatoria de los órganos de gobierno y de participación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que reciban la información pertinente y valoren las consecuencias que el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña puede tener para la propia cuenca del Ebro.

“La CHE, en función de su propia naturaleza y misión, no sólo tiene que dar explicaciones al Gobierno de Aragón, sino que debe convocar a sus órganos de gobierno y de participación dada la trascendencia de esta cuestión para el conjunto de la cuenca”, ha señalado.

Joaquín Olona, que ha explicado el sentido del voto particular que emitió en contra de este plan en la última reunión del Consejo Nacional del Agua (CNA), ha denunciado la falta de información con la que tuvo que asistir a la reunión y ha reclamado explicaciones tanto a la CHE como al Ministerio de Medio Ambiente.

“No alcanzo a entender cómo es posible que la CHE se esté planteando dar una supuesta concesión de aguas fuera de la cuenca del Ebro, si bien también me sorprende que apoye inoperantes e inaplicables acciones del plan presentado por Cataluña”, ha indicado. Pero, además –ha añadido- sin darnos ninguna explicación ni solicitar el informe previo preceptivo que, en todo caso, correspondería. Tampoco lo ha hecho la Generalitat de Cataluña ni el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente”.

El titular de Sostenibilidad de Aragón ha contado que, tal y como manifestó en el CNA y recoge el voto particular, “cualquier trasvase u obra hidráulica que afecte al territorio de Aragón debe ser objeto del informe previo y preceptivo que prevé el Estatuto de Autonomía de Aragón en su art. 72.3. “En ningún momento se nos ha solicitado dicho informe ni se nos ha dado explicación alguna, salvo la respuesta de que no se descartaba un posible trasvase a la pregunta que yo mismo hice al director de la Agencia Catalana del Agua sobre cómo pensaban cubrir el déficit estructural planificado”.

Aragón también advirtió en su voto particular que, sobre la necesidad de someterse a la legislación básica nacional, el Texto Refundido de la Ley de Aguas señala que “no podrá iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión de nuevos usos del agua sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales, salvo en el caso de declaración de emergencia o de situaciones hidrológicas extremas”.

En este sentido, el Gobierno de Aragón considera caducada la autorización temporal y transitoria de 2010 para transferir caudales procedentes del Canal Segarra Garrigues una vez aprobado el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña y su previsión de resolver el déficit estructural con aportaciones externas que todo apunta a que sean del Ebro. En cualquier caso, asegura Olona, “las condiciones excepcionalmente entonces establecidas conforme a una situación de emergencia y de condiciones hidrológicas extremas son ahora inoperantes e inaplicables e instamos al ministerio a que revoque expresamente la autorización de 2010 ante el nuevo escenario”.

El consejero aragonés ha resumido finalmente que se ha recurrido recurrido el Decreto 1/2017 de la Generalitat por el que daba por aprobado y publicado el plan de las cuencas internas antes de someterlo al Consejo Nacional del Agua. Del mismo modo, se ha votado no a dicho plan en el citado CNA y ha anunciado que se recurrirá, “tan pronto como se publique”, el real decreto que reproduce el contenido del decreto aprobado, sin tener competencias para ello, de la Generalitat.

“En caso de que la CHE otorgue la autorización solicitada por la Generalitat, también la recurriremos” ha añadido . Todo ello, de acuerdo con el consejero, en cumplimiento del mandato del Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 19.3 obliga a “velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma”.

“También es preciso señalar –ha denunciado Olona- que no se están dando las condiciones de lealtad, coordinación y ayuda mutua que deben presidir las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado, tal y como señala el art. 88 del Estatuto de Autonomía de Aragón”.