RTVE deberá indemnizar al Gobierno de Aragón por no emitir la campaña "Aragón quiere compartir"

El Juzgado de Primera Instancia número ocho de Zaragoza ha condenado a Radio Televisión Española a que abone al Gobierno de Aragón 75.125,06 euros (12.499.759 pesetas) además de los intereses legales por la no emisión de la campaña "Aragón quiere compartir", que el Ejecutivo autónomo promovió en octubre de 2000 para difundir la postura de la Comunidad autónoma en relación al Plan Hidrológico Nacional. La sentencia reconoce que el rechazo de la emisión de los anuncios por parte de RTVE obligó al Ejecutivo autónomo modificar su estrategia en esa campaña, con el consiguiente aumento de emisión en otras cadenas privadas de televisión, además de generar un "evidente perjuicio" al Gobierno de Aragón, "pues perdió la oportunidad de llegar al más amplio número de espectadores, sobre todo en las zonas menos pobladas de España" añade el fallo, "esto es, las de interior, que son precisamente las que mejor podían comprender los mensajes del Gobierno de Aragón al encontrarse en una situación muy parecida a la de esta Comunidad Autónoma".

El Gobierno de Aragón evaluó esos daños en 47.709.000 pesetas, cantidad equivalente al presupuesto destinado a RTVE, en el momento de presentar la demanda por vulneración del derecho a la libertad de expresión, tal y como se anunció en su momento. No obstante, el juez considera que el porcentaje en el que disminuyó la audiencia de los dos anuncios de la campaña, una vez redistribuida ésta entre las cadenas privadas de televisión, fue el 26,2%, proporción que se ha aplicado a la indenmización que contempla la sentencia condenatoria. Así, el juez estima que "la indemnización que se ha otorgado deriva no sólo de un daño material por disminución de espectadores, sino también de la frustración de la parte actora al ver reducidas sus posibilidades de difundir la campaña institucional".

La campaña "Aragón quiere compartir" se presentó y difundió en noviembre de 2000, salvo en RTVE debido al dictamen emitido por su Comisión Asesora de Publicidad en sentido contrario, por estimar que el mensaje podría conculcar la norma 5 de las reguladoras de la emisión de publicidad de TVE al incluir los anuncios, un contenido "evidentemente político".

En sus fundamentos jurídicos, el juez describe el contenido de los anuncios y señala que "del visionado de los referidos anuncios no resulta ningún mensaje político directo" y añade "ni se adivina de forma clara la defensa de ninguna opción concreta en una materia específica". Añade mas adelante que "nadie niega que detrás de la campaña subyacía una finalidad política, pero también es cierto que toda campaña institucional está informada de un sustrato político más o menos denso" y continúa "a modo de ejemplo bien podría decirse que los anuncios que emite televisión en estos momentos relativos a las mejoras de las pensiones contienen un mensaje subliminal de alabanza al Gobierno en esta materia" para aludir a la publicidad institucional.

Por otra parte, el juez estima que "lo que ocurrió es fácil de adivinar, pues es un hecho público y notorio que el Gobierno de Aragón, como la inmensa mayoría de los aragoneses, está en contra de dicho Plan -el Plan Hidrológico Nacional—más exactamente del trasvase del Ebro, y este conocimiento tuvo una destacada influencia en la calificación de la Comisión Asesora de Publicidad de RTVE". También detalla, en alusión al expediente de contratación de la campaña, que señala que "se trata de mostrar la realidad de Aragón, con zonas altamente desarrolladas y otras necesitadas de inversiones de agua, y de difundir la voluntad de los aragoneses de compartir el futuro. Cuestión esta que se entiende muy bien desde Aragón pues en el resto de España se tacha a los aragoneses de insolidarios y contra esa imagen distorsionada es contra la que pretendía luchar la Diputación General de Aragón".