Aragón exige una reforma de la Ley penal del menor para salvaguardar la integridad del sistema de protección y reforma

Este lunes por la mañana se ha celebrado una reunión para abordar la coordinación entre instituciones en torno a la red de centros de protección y reforma de menores en Aragón: ha sido convocada por el Gobierno de Aragón y han asistido representantes de la Judicatura y la Fiscalía de Menores, de Policía Nacional y la Guardia Civil, y de la Delegación del Gobierno de España en Aragón.

El objetivo del encuentro, desarrollado en el LAAAB, ubicado en Plaza del Pilar, 3, ha sido informar de todas las gestiones que se han estado realizando para reforzar el sistema autonómico de menores en favor de la convivencia e integridad de los trabajadores de estos centros y de los propios menores, extranjeros o no, bajo la tutela de la Administración.

Por parte de la DGA han asistido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero; la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val; también la secretaria general técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia, Lucía Horno, y el secretario general del IASS, Víctor Solano, así como personal del Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia desde el que se coordina la atención a menores y la red de recursos.

Se han analizado los sucesivos episodios de violencia que se han desarrollado en las últimas semanas tanto en centros de protección como en el de reforma, sito en Juslibol, que han incluido daños en las instalaciones, agresiones y amenazas tanto entre menores como hacia los equipos educativos y han necesitado de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De acuerdo con el diagnóstico que se ha compartido en el encuentro, se ha determinado que este comportamiento reiterado de varios menores –que además se replica en distintos recursos dentro de la red– ha derivado en una situación que excede la capacidad de respuesta del sistema de protección y reforma, que ante cada incidente responde aplicando los protocolos establecidos para recuperar la normalidad del centro y presentando ante la Fiscalía la denuncia correspondiente tras cada uno de esos sucesos.

Una de las respuestas que se planteó la pasada primavera para reforzar la seguridad de los centros de menores, la implantación del sistema AlertCops, quedó descartada por la Secretaría de Estado de Seguridad en octubre de 2025, fecha en la que se comunicó al Departamento de Bienestar Social y Familia que el Ministerio de Interior no quería seguir adelante con esta iniciativa, que estaba preparada para lanzarse; de hecho, se había hecho la comunicación de los datos de los trabajadores a los que iba destinado y éstos ya obraban en el propio Ministerio cuando se descartó unilateralmente.

Goteo de menores extranjeros no acompañados

En este contexto cabe recordar que el Gobierno autonómico ha ampliado su red de recursos de acogida para responder al traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados a la Comunidad –han llegado 48 de estos jóvenes hasta la fecha–, un reparto que ha recurrido en distintas instancias. En paralelo la laxitud del control de fronteras está incentivando la llegada de más menores extranjeros a las CCAA, en muchas ocasiones abandonados por sus familias a las puertas de los servicios sociales en distintas localidades aragonesas, a menudo con unas circunstancias vitales muy complejas de atender.

En este punto, la política de inmigración del Gobierno de España está generando una tensión en los sistemas de acogida de menores ante la que los Ejecutivos autonómicos carecen de herramientas ni medios, por lo que ha exigido al Gobierno de España que retome las negociaciones con Marruecos y Argelia para facilitar la reunificación familiar de menores en sus países de origen.

Tal y como han indicado en la reunión, el Gobierno de Aragón solicitó el pasado 3 de noviembre a la Delegación del Gobierno que se iniciasen los trámites para la repatriación y reunificación familiar de una docena de menores cuyos perfiles se han demostrado conflictivos e incapaces de convivir con otros compañeros en ninguno de los recursos de protección con los que cuenta el sistema autonómico de menores. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia se ha demandado información sobre el punto en que se encuentra este trámite en Delegación, representada este lunes por la Subdelegada, institución responsable de incoar el procedimiento.

La necesidad de una reforma de Ley penal del menor

El Gobierno de Aragón también ha defendido en este encuentro que es necesaria una reforma urgente de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, puesto que ante estos perfiles violentos y conflictivos –tanto extranjeros como nacionales– es una normativa que se ha demostrado insuficiente y que no da herramientas ni a las CCAA, competentes en menores, ni a las autoridades judiciales ni a las fuerzas del orden para contener las situaciones que se están produciendo y que no sólo suceden a puerta cerrada, también fuera de la red de recursos de acogida y protección de menores, lo que hace necesario un refuerzo de la seguridad ciudadana, que es competencia del Estado.

Un endurecimiento de las penas para los menores que delinquen, no obstante, debe acompañarse a juicio de la DGA de una revisión de las condiciones en que éstas se cumplen: el Gobierno de Aragón ya ha manifestado su disconformidad con que perfiles que ya han superado los 18 años –hay internos de hasta 23 años– continúen compartiendo espacios con menores de edad. En el caso concreto del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol, donde hay actualmente 36 plazas ocupadas por jóvenes en cumplimiento de medida judicial, se está trabajando para mejorar las condiciones del pliego para gestionarlo tras quedar desierto en una primera convocatoria: se incluye un aumento de la dotación económica para sostener su funcionamiento y una propuesta de reestructuración tanto de la organización interna del recurso como del proyecto educativo.

La DGA ha expuesto que a lo largo de los últimos meses se han reforzado medios personales y técnicos en todo el sistema, se ha incrementado la seguridad y se ha contratado personal para atender los nuevos centros que se han debido abrir para responder al traslado de menores migrantes no acompañados que está llevando a cabo el Estado; sin embargo, pese a éstas y otras medidas, el comportamiento disruptivo y violento de los menores conflictivos acaban afectando a otros jóvenes que sí están avanzando en su integración y formación al amparo del sistema y perjudicando a toda la estructura.