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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Derechos Sociales

Aragón solicita un Consejo Territorial extraordinario para plantear alternativas al sistema de ayuda alimentaria

Propondrá un modelo dual que permita suplir las carencias que se han detectado en la fase inicial del programa BÁSICO con fondos europeos

La implantación del programa BÁSICO ha generado dudas entre las CCAA en los últimos meses
La implantación del programa BÁSICO ha generado dudas entre las CCAA en los últimos mesesBanco de imágenes

Aragón ha solicitado la convocatoria extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para debatir una propuesta para que la ayuda alimentaria siga llegando a colectivos como el de las personas mayores solas, familias sin menores a cargo o de origen migrante a través de bancos de alimentos y comedores sociales.

El modelo que propone Aragón es un sistema dual en el que el programa BÁSICO se pueda complementar con las redes de reparto de alimentos que estaban funcionando hasta ahora a través de entidades del Tercer Sector.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia apuestan por un sistema que no suponga la sustitución completa de las iniciativas de ayuda alimentaria existentes por el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuya puesta en marcha está prevista el próximo 1 de mayo tras sufrir varios retrasos por la falta de información y coordinación que han denunciado desde el principio varias Comunidades Autónomas.

De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo regional, el programa tal y como está planteado podrá atender las necesidades de unas 700 familias vulnerables con menores de 16 años a cargo, lo que conllevará que miles de aragoneses con otras circunstancias se queden fuera del sistema, al que estaban acudiendo unas 40.000 personas en las tres provincias.

Ese modelo dual permitiría complementar el sistema de las tarjetas monedero –una vía de ayuda indirecta y de cuyo reparto es responsable Cruz Roja– con una provisión directa de productos básicos de alimentación e higiene a través de las entidades sociales que hasta ahora se estaban haciendo cargo de su distribución, como los bancos de alimentos y los comedores sociales.

Una vez resuelta la licitación que determina con las superficies de alimentación en las que se van a poder usar las tarjetas monedero –en Aragón tienen puntos de venta para asumirlo Eroski, Carrefour y Alcampo– el siguiente paso es acotar los destinatarios de esas tarjetas, que deberá repartir en Cruz Roja. En el caso de la provincia de Huesca se podrán canjear los vales en 26 supermercados; en la de Teruel, en 19, y en la provincia de Zaragoza en 142; de ellos 90 están en la capital.

Un sistema complementario y más justo

Tras las reuniones técnicas que se han sucedido en esta primera fase de la implantación del nuevo sistema, Aragón también se ha mostrado dispuesta a ampliar el perfil de las personas destinatarias de la ayuda en función de su situación de vulnerabilidad, más allá de los requisitos mínimos establecidos por el Gobierno central en el Real Decreto 93/2024.

El proceso de implantación de este sistema ha generado dudas e incertidumbre en las Comunidades Autónomas desde el primer momento. Aragón ya manifestó sus reservas ante la falta de coordinación y de planificación, lo apresurado de los plazos para lanzar el programa y también respecto a cuestiones técnicas, como la protección de datos de los futuros destinatarios en la ficha de derivación que han de cumplimentar los servicios sociales, una cuestión que no ha quedado resuelta hasta finales de abril.

La convivencia entre el nuevo sistema y el antiguo es la solución que quiere llevar Aragón a debate junto al resto de CCAA, que serán las encargadas de asumir el funcionamiento del programa a 1 de enero de 2025, y recuerda que la configuración del programa de ayuda alimentaria a través de vales o tarjetas monedero no era la única posibilidad que contemplaba Europa al diseñarlo: cada Estado miembro pudo elegir entre un sistema basado en las entidades de distribución y reparto o el que finalmente escogió España en 2021, con las tarjetas.