Bienestar Social y Familia propone la inclusión de los trabajadores de centros de menores en el sistema AlertCops

Aragón ha solicitado formalmente al Gobierno de España que considere dar acceso directo al sistema AlertCops a los trabajadores de los centros de protección y reforma de menores de la Comunidad para ofrecerles una mayor seguridad tanto a ellos como a los menores bajo su tutela.

El objetivo de esta propuesta es permitir una comunicación más directa y eficiente con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y mejorar por tanto la capacidad de reacción ante posibles incidentes en los centros.

La solicitud se ha remitido este martes al Ministerio de Interior, como responsable del sistema AlertCops, y al Ministerio de Juventud e Infancia y a la Delegación del Gobierno de España en Aragón para que tengan conocimiento de esta propuesta. Ésta se ha elevado a través de tres cartas firmadas por la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

“Los profesionales de los sistemas de protección y reforma vienen reivindicando a las Administraciones públicas medidas que ayuden a garantizar, de forma segura, el desarrollo de sus labores”, expone la misiva, “entre ellos, los profesionales que trabajan en el sistema de protección a la infancia de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

“Creemos positivo aprovechar las prestaciones que ofrece la aplicación AlertCops, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad”, continúa, y defiende la inclusión de los trabajadores de los centros de menores dentro de este sistema como “una medida que permitiría contar con una herramienta de alerta directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante situaciones de emergencia”.

Desde el Departamento indican que esta iniciativa puede resultar útil tanto para quienes trabajan en los centros como para los menores a su cargo y suponer además “una garantía de protección en situaciones de riesgo, permitiendo reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de emergencia”.

Por último, Bienestar Social y Familia insta a las tres instituciones a abordar esta cuestión en el corto plazo “en pro de la mejora de las condiciones de seguridad de unos trabajadores que desarrollan una labor esencial para garantizar la atención, protección y reinserción de menores en situación de vulnerabilidad” y que también vela por la seguridad de los menores que conviven en estos centros, ofreciendo plena colaboración y disposición en toda acción que contribuya a estos fines.