Susín: “Este acuerdo no responde al interés superior de los menores, sino al interés de Sánchez”

“Este acuerdo no responde al interés superior del menor, sino al interés superior de Sánchez: permanecer un día más en el poder”. En estos términos ha valorado la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, el acuerdo aprobado este martes en el Consejo de Ministros para acometer la redistribución de menores migrantes no acompañados entre Comunidades Autónomas a través de un Decreto Ley pactado con Junts, que ha calificado como una “infame” legislación ‘a la carta’ dictada por los independentistas catalanes.

“Aragón no puede aceptar que se estén acatando acuerdos firmados por un político perseguido por la Justicia, cuyo único interés es excluir a una Comunidad Autónoma que no gobierna de unos consensos acordados en igualdad con el resto de Comunidades Autónomas”. En este contexto, los menores “más vulnerables”, en palabras de Susín, se convierten en “rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza a cambio de siete votos; los mismos que sostienen el Gobierno de Sánchez y que tan caros nos están saliendo a todos los españoles”.

El Presidente Jorge Azcón ya anunció este martes que Aragón no iba a ser partícipe de un acuerdo “basado en la desigualdad y la xenofobia” y que va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional. “Los servicios jurídicos de la DGA ya están trabajando para recurrir este Decreto Ley hasta donde haga falta”, ha asegurado la Consejera, que ha definido este acuerdo como “un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas”.

Tal y como ha expuesto la Consejera, el traslado y reubicación obligatoria de menores afecta a derechos y libertades de los extranjeros en España que exigen una regulación mediante Ley Orgánica, el artículo 81 de la Constitución. "Esto pretende hacerse ahora mismo a través de un Decreto Ley", señaló, y el artículo 86 establece que este instrumento "no puede afectar al contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales".

Además el Decreto Ley afecta a competencias autonómicas, como son la integración social de inmigrantes, recogida en el artículo 75.6 del Estatuto de Autonomía, imponiéndose por el Real Decreto Ley una serie de obligaciones para las CCAA; esto es, la acogida de menores reubicados y trasladados desde otros territorios, al margen de los mecanismos de cooperación o colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

"Lo más importante", ha reiterado Carmen Susín, es "que se está quebrando el principio de igualdad entre las CCAA". “Si el señor Sánchez se ha acostumbrado a que le dicten los decretos, las reformas y las amnistías quienes ven xenofobia en todas partes, que no cuente con los aragoneses para seguir laminando el Estado y conculcando la Constitución”, ha declarado Carmen Susín: “Que sean los independentistas catalanes quienes deciden las políticas que tienen que ser de todos es una afrenta no sólo para los aragoneses, sino para todos los españoles”.

La titular del Departamento de Bienestar Social y Familia ha manifestado que Aragón se va a ver “perjudicada” por este “cambio de las reglas de juego” y, como ejemplo, se ha referido a lo sucedido en la Conferencia Sectorial de Inmigración de este pasado lunes, en la que preguntó directamente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, qué sucedería cuando Cataluña ejerza las competencias respecto al control de fronteras que le han sido cedidas y expulse de su territorio a personas migrantes sin regularizar. No obtuvo respuesta alguna.

En esa sesión Aragón también solicitó al Ministerio competente que analice e informe de las posibles repercusiones de esta cesión a Cataluña, puesto que Aragón es territorio limítrofe y por tanto se verá directamente afectado por ese acuerdo. Además Susín ha recordado que el Decreto Ley se incluyó en el último Consejo de Ministros “a última hora”, como ya sucedió en la mencionada Sectorial, donde se desoyó la petición de Aragón y de varias CCAA para abordar el acuerdo entre el PSOE y Junts hasta que se decidió incorporar in extremis al orden del día como último punto, previo a los ruegos y preguntas: “Es ya un modus operandi recurrente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha convertido la alevosía y la falta de transparencia en su forma de gestión preferente”.

Para el Gobierno de Aragón, éste es “un capítulo más del devenir del Gobierno de España tras varios ejemplos de descoordinación y deliberada opacidad en cada decisión sobre extranjería”. Este martes, ha aseverado la consejera de Bienestar Social y Familia, el Consejo de Ministros ha vuelto a imponer “a todas las CCAA, menos a una, la antipolítica de los hechos consumados, a golpe de Decreto Ley: lo hizo con la cesión del control de fronteras a Cataluña y ahora ha entrado en esta subasta la atención a menores migrantes no acompañados”. 

Cabe recordar que desde el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se anunció que todo lo relacionado con la acogida a menores migrantes no acompañados se abordaría en la correspondiente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que presuntamente iba a celebrarse a mediados de febrero, pero ésta sigue sin ser convocada.

El Ejecutivo aragonés ha remarcado la necesidad de afrontar la crisis migratoria “como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno de España abonado al ‘ordeno y mando’”, ha insistido Susín, que ha lamentado la negativa de Moncloa a dialogar con las CCAA mientras “sólo atiende a las demandas de quienes quieren romper la unidad de España”.

El Gobierno de Aragón ha manifestado en varias ocasiones que la crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y el Gobierno de España ha demostrado con esta última decisión que en ningún momento ha estado dispuesto a negociar ninguna propuesta "con nadie, más allá de sus socios habituales". 

En los últimos meses la política migratoria del Estado ha estado caracterizada por una falta de planificación, transparencia y de información que ha dificultado que las CCAA, incluida Aragón, puedan planificar sus políticas de integración de las personas migrantes, como los programas e itinerarios de inclusión social, entre otros.

Por último, Susín ha reiterado que Aragón no va a colaborar con el reparto de menores migrantes no acompañados y que se está trabajando ya para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional: “Llegaremos si es necesario hasta la Unión Europea para parar este despropósito que únicamente beneficia a Pedro Sánchez”, ha concluido.