Susín confirma que Aragón ha ejecutado casi 319 millones en dependencia en 2024, “un récord histórico de financiación”

La consejera Carmen Susín ha comparecido este martes en la comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón para exponer las políticas de dependencia y relativas al sistema autonómico de cuidados en los últimos 19 meses. 

Susín se ha referido a las primeras decisiones que tomó el Departamento del que es responsable en agosto de 2023 –“cubrir las plazas de valoradores que estaban sin cubrir” y “ampliar los equipos de valoración y los horarios”, ha rememorado– y el objetivo que tenían y que hoy ha dado por cumplido: “Abrir la posibilidad de que todos los aragoneses que necesitaban que se valorara su dependencia pudieran hacerlo” al dejarse de topar las nuevas entradas al sistema, un modo de gestionar que generaba “una lista de espera invisible”, en palabras de la compareciente, “que no aparecía en ningún informe”.

Carmen Susín se ha referido a las consecuencias aquellas primeras acciones, que resultaron en “un incremento muy importante de nuevas solicitudes e incluso un aumento de las listas de espera”; dos efectos que, con los datos de este primer trimestre de 2025, ya han alcanzado una situación de equilibrio entre la entrada de solicitudes, cercana al millar mensual, y la capacidad para resolverlas del sistema.

“Desde el mes de octubre [de 2024] el sistema de dependencia es ya capaz de asumir las entradas de solicitudes, valorarlas y reducir lista de espera”, ha confirmado Susín, y ha compartido con los grupos parlamentarios varios datos que acreditan los resultados de aquel cambio de gestión. “Este mes de marzo se han reducido a 574 personas la espera de más de seis meses para la resolución de grado, cifra que se duplicaba en agosto de 2023”, ha ejemplificado la Consejera.

“Aragón es la tercera Comunidad Autónoma con menos tiempo de resolución de la dependencia”, sin contar la ciudad autónoma de Ceuta, ha confirmado Susín: “Ya hemos bajado de los seis meses que establece la Ley de Dependencia y esperamos consolidar esta bajada a lo largo del ejercicio e incluso seguir reduciendo plazos”. Así, en marzo se ha reducido por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley estatal de Dependencia en 2006 el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia por debajo de los 180 días, concretamente en 179 días, incluso cuando se ha registrado un aumento neto de expedientes cercano al medio millar respecto a febrero.

Una de las mejoras que se han implementado y que ha usado como ejemplo de gestión la responsable del Departamento de Bienestar Social y Familia se refiere al colectivo de aragoneses diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): desde el pasado enero están recibiendo de forma automática el grado II de dependencia con carácter general.

Esta acción ha sido posible a través de una instrucción de la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que establece la valoración “de forma preferente” de las personas con ELA, una mejora de lo propuesto en la Ley estatal 3/2024, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024.

Quienes reciban el diagnóstico y el correspondiente grado II de dependencia además tendrán reconocido como mínimo un grado del 33% de discapacidad y un porcentaje mínimo del 25% en el apartado de dificultades para utilizar transportes colectivos.

Más recursos para atender mejor

Otra de las cuestiones clave de la intervención de la Consejera en la comisión de este martes ha sido el incremento “de forma notable” de la financiación de la dependencia, tanto por el esfuerzo propio como por el incremento del nivel acordado hasta 39,9 millones en 2024, consecuencia de haber cumplido los objetivos de gestión y haber recuperado el nivel de inversión que en la Legislatura anterior había sido recortado en 2021.

En concreto, el Gobierno de Aragón ha invertido 208,5 millones de euros con recursos propios, con “un crecimiento histórico en la financiación autonómica de la dependencia de 15 millones de euros”, ha indicado Carmen Susín.

“En 2024 el Gobierno de Aragón ha ejecutado casi 319 millones de euros en el sistema autonómico de dependencia, récord histórico de financiación”, ha detallado la consejera de Bienestar Social y Familia: “La aportación del Estado ha sido de 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y 39,9 por el nivel acordado; en total, 110 millones de euros”, ha precisado Susín, que se han destinado a atender a unas 41.000 personas dependientes, un montante que se ha dedicado “íntegramente a la valoración y la atención a las personas dependientes en Aragón”, ha puntualizado.

También ha recordado que la financiación por el nivel acordado de la dependencia “lleva tres años congelada por parte del Estado” y “sigue sin alcanzar el 50% de la financiación que nos corresponde a las Comunidades Autónomas por Ley”.

“Aragón ha tenido una inversión histórica en dependencia, tanto por parte del Estado, fruto de la gestión de la dependencia por la Comunidad Autónoma, como por el propio Gobierno de Aragón, que ha incrementado su financiación llevándola al punto máximo de inversión en la historia de esta Ley”, ha resumido la Consejera, “pero la sociedad aragonesa nos exige que sigamos mejorando el sistema de dependencia, agilizando los tiempos, reduciendo las listas de espera y mejorando servicios y prestaciones; no hemos parado de trabajar y vamos a seguir haciéndolo”.

En esta línea, ha expuesto que los objetivos de personas atendidas que en la anterior etapa de Gobierno se habían marcado para 2026 “ya se están superado ampliamente en 2024”, ha remarcado Carmen Susín, “pero si queremos mejorar el sistema la principal premisa es hacerlo sostenible”. “No duden de que seguiremos trabajando intensamente por mejorar el sistema de dependencia”, ha remarcado la consejera Susín.

Otros datos sobre el sistema de dependencia

La titular del Departamento de Bienestar Social y Familia ha compartido en la comisión una serie comparada de datos de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto al resto de CCAA: Aragón ha aumentado en 2024 un 12,22% el número de personas dependientes atendidas, mientras que la media del resto de territorios en el mismo período ha sido del 7,55%. 

Las solicitudes resueltas se han incrementado en un 6% en Aragón, por encima del 5% de la media de España; además se han registrado casi un 10% más de valoraciones, doblando la media del país, y se han aumentado en un 15% la prestación de servicios, 5 puntos por encima de la media nacional, y un 16% las prestaciones.

Además Aragón ya ha superado por primera vez en su historia la media de España en personas atendidas sobre las población potencialmente dependiente: “Hoy Aragón es la Comunidad Autónoma con el limbo más bajo de España”, ha continuado Susín; también es la 4ª “con menos tiempos de espera para la solicitud y resolución de la dependencia” y además ha sido “la primera de las CCAA en poner en marcha la prestación para el cuidado de las personas en el entorno familiar a través de un cuidador profesional”. Ahora mismo, ha detallado, hay 2.286 personas recogidas en el convenio especial de cuidadores.

Respecto a las plazas de residencia de mayores con las que cuenta la Comunidad Autónoma, Susín ha recordado que el acuerdo–marco firmado por el anterior Ejecutivo en junio de 2023 incluía un tope de contratación de 1.907 plazas de residencia. En Aragón hay 4.100 personas en una plaza residencial dentro del sistema de dependencia y 7.554 personas cobran una prestación vinculada al servicio de atención residencial, ha repasado durante uno de sus turnos de intervención.

“El siguiente objetivo del Gobierno de Aragón será mejorar estas prestaciones”, ha apuntado la Consejera, para que “las personas dependientes y sus familias puedan elegir libremente el centro en el que quieren ser atendidos”.

Además ha indicado que el Gobierno de Aragón ha equiparado la prestación de cuidados en el entorno familiar con la prestación del servicio de atención residencial. En dos años se ha incrementado casi un 9% el importe que la Administración paga por la plaza concertada para atender a personas mayores –un 4,3% en 2024 y un 4,5% en 2025– frente al 1,5% del último año de la anterior Legislatura.

Susín también se ha comprometido a “implementar un programa de asignación de plazas” al amparo de los contratos vinculados a la Historia Social Única, ya que en la actualidad se están asignando las plazas de residencia mediante el programa de bases de datos Access, un aplicativo creado en los años ‘90 cuya última actualización data de 2021: su sustitución, ha indicado la Consejera, redundará en una mayor agilidad del procedimiento.

Sobre el sistema de cuidados y el Decreto 111/1992

Respecto a la modificación del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, la Consejera ha explicado que “es necesario aprobar la Ley de Ordenación de las Entidades Públicas y Privadas que prestan servicios sociales en Aragón; reitero, públicas y privadas, porque las exigencias cuanto menos deben ser iguales”. Ese Proyecto de Ley de entidades privadas ha llegado en dos ocasiones las Cortes, en 2017 y en enero de 2023 “con la legislatura finalizada y por lo tanto sin intención de aprobarla”, ha lamentado Susín.

“Hoy el anteproyecto de Ley está ya en fase de tramitación, la semana pasada finalizó la fase de consulta pública y el texto del proyecto ya está redactado; por lo tanto, estamos en fase de redacción de las memorias y los informes preceptivos”. Carmen Susín ha adelantado que una vez las Cortes aprueben la Ley comenzará el proceso de elaboración de la norma que sustituya al mencionado Decreto 111.

En cuanto al acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se aprobó en 2022 en el Consejo Territorial, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha recordado que sólo contó con el apoyo de las Comunidades gobernadas por el PSOE y “ninguna de esas CCAA lo han trasladado a las normativas; sólo las que votaron en contra de ese acuerdo -Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid- han podido aprobar su propia normativa de acreditación”.

“Ese sistema de acreditación es de imposible cumplimiento y supondría el cierre de numerosas residencias que no podrían afrontar ni las inversiones en infraestructuras, si es que las instalaciones pueden adaptarse, que no siempre es posible; ni sostener la ratio de profesionales que impone, fundamentalmente porque ni siquiera se encuentran profesionales en las CCAA que como Aragón están despobladas y tienen un paro tendente a cero”, ha enumerado Carmen Susín.

“Desde un despacho de Madrid se piensa muy bien, pero después hay que bajar el balón a suelo y gestionar la realidad de nuestros territorios y la realidad económica de familias, administraciones, entidades y empresas”, ha aseverado en su turno de réplica.

“Aragón no va a aprobar una normativa que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema residencial y del sistema de cuidados de las personas dependientes”, ha concluido la Consejera: “Trabajaremos por un sistema que garantice la calidad y la implementación de un sistema de cuidados centrado en la persona, pero sin ponerlo en riesgo”.