Susín destaca el compromiso de las entidades de la discapacidad con el modelo de atención centrada en la persona

“El compromiso del Gobierno de Aragón con los aragoneses que conviven con la discapacidad es que puedan desarrollar sus proyectos vitales y su autonomía, con igualdad de oportunidades, y eso sólo es posible yendo de la mano con las entidades”. Así se ha referido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, al papel de que tiene el Tercer Sector para impulsar las reivindicaciones y demandas de las personas con discapacidad y sus familias.

Susín ha hecho estas declaraciones este viernes durante una visita al recurso de Fundación Adislaf en el zaragozano barrio de Las Fuentes, acompañada por el presidente de la entidad, Paco López Escura. Allí ha podido conversar con el equipo de profesionales que atienden la residencia, el centro de día y el centro ocupacional y con varios de sus usuarios, todos ellos personas con discapacidad intelectual que precisan de apoyos de diferente intensidad. En total, en este recurso hay más de 60 residentes al cargo de 36 cuidadoras, así como 14 usuarios en el centro de día y otra treintena en el centro ocupacional, atendidos por 13 educadores.

La Fundación, ha afirmado la Consejera, es hoy “un referente por su defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual” y en la atención centrada en la persona mediante una trayectoria que ha construido desde que dio sus primeros pasos como la Asociación de Disminuidos Psíquicos Las Fuentes a partir de un grupo de familias, a finales de los años ‘80. 

Desde entonces, y constituidos como fundación, Adislaf se ha convertido en prestadora de servicios y cuenta con residencias y centros ocupacionales en Pina de Ebro, Tauste, Cariñena y Caspe en la provincia de Zaragoza, además de Isín, en Huesca. En la actualidad emplean a más de 150 trabajadores que atienden a 200 personas con discapacidad intelectual y a más de 300 familias.

La consejera responsable de los servicios sociales ha recordado que, con datos actualizados a diciembre de 2025, hay más de 84.000 aragoneses con su reconocimiento en vigor del 33% o más y que el colectivo de personas con una discapacidad intelectual o del desarrollo son “una prioridad” dentro de las políticas públicas de inclusión socio-laboral del Gobieno de Aragón.