El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado
El profesorado tendrá la condición de autoridad pública y presunción de veracidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón que otorga a los docentes la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones.
El texto reconoce que el profesorado es un pilar sobre el que construir una convivencia pacífica en los centros que garantice el derecho individual a la educación y aumente la calidad de la enseñanza. Para lograrlo, este proyecto de ley reconoce, refuerza y prestigia su figura y mejora su protección jurídica.
La nueva norma, que será de aplicación en los centros educativos no universitarios de la comunidad sostenidos con fondos públicos, otorga además a los profesores presunción de veracidad cuando se instruyan procedimientos por conductas contrarias a las normas de convivencia.
En este sentido todos los centros docentes, públicos y privados, elaborarán un Plan de convivencia en el que se concretarán las acciones para la mejora de la convivencia escolar. Además establecerán en su reglamento de régimen interior las normas que regulen esa convivencia, así como las medidas correctoras y disciplinarias a aplicar. Éstas deberán ser siempre proporcionales a la gravedad de la conducta y tendrán que tener un carácter educativo y recuperador.
Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta se comunicarán al Ministerio Fiscal. Además en casos de agresión física o moral, al margen de la responsabilidad legal, los alumnos deberán reconocer la responsabilidad de los actos y presentar excusas.
También estarán obligados a reparar los daños materiales que causen o hacerse cargo del coste económico, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales siempre serán responsables civiles en los términos que establezca la legislación.
El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.