Universidad
Los servicios jurídicos de la DGA consideran que revocar la autorización de impartir Magisterio en la Universidad San Jorge sería ilegal
El actual Gobierno ha elaborado una propuesta de Acuerdo para establecer los objetivos que guiarán la programación universitaria en el periodo 2016-2019 y evitar duplicidades
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideran que revocar la autorización de impartir Magisterio en la Universidad San Jorge sería ilegal, tal como ha informado hoy la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, tras el Consejo de Gobierno. Alegría ha hecho público el informe solicitado a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y ha explicado que la nueva propuesta de ordenación académica 2016-2019 evitará duplicidades e impulsará los campus periféricos.
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El informe desestima la solicitud de suspensión formulada por la Universidad de Zaragoza sobre el Acuerdo de 18 de marzo de 2015 del anterior Ejecutivo, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de los títulos de Grado en Educación Infantil-Infant Education y en Educación Primaria-Primary Education por la Universidad San Jorge, a partir del curso académico 2015-2016.
La consejera ha informado de que el Acuerdo en el que se basa la implantación de los grados de la Universidad San Jorge es legal, por lo que “la paralización sería ilegal y conllevaría con toda probabilidad un proceso contencioso en el que el Gobierno de Aragón habría de hacer frente a la solicitud de responsabilidad patrimonial para indemnizar los daños y perjuicios causados a la Universidad San Jorge y a otros terceros, como puedan ser los estudiantes afectados”.
No obstante, Alegría ha mostrado su posición contraria a las formas que utilizó el anterior gobierno para llevar a cabo la puesta en marcha de los estudios de Magisterio, puesto que “no se tuvieron en cuenta los intereses de los campus de Huesca y Teruel de la universidad pública al autorizar su implantación, tampoco se informó debidamente a las Cortes de Aragón ni a la Universidad de Zaragoza”.
Asimismo, la producción a los afectados de un daño antijurídico o lesión patrimonial supondría para el Gobierno de Aragón un coste económico que alcanzaría, al menos, a todos aquellos gastos que hayan realizado por razón de la autorización de la implantación de los nuevos Grados (y que no se hubieran producido de no existir tal autorización), así como eventualmente otros conceptos indemnizatorios en relación con los ingresos estimados durante todo el periodo previsible de vigencia de la autorización.
Propuesta de ordenación académica periodo 2016-2019
La consejera de Universidad, Pilar Alegría, ha anunciado que “el Gobierno ha elaborado una propuesta de Acuerdo en el que se establecen los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación universitaria en el periodo 2016-2019. Esta propuesta se someterá desde hoy mismo a un trámite de audiencia a las universidades”.
Dentro de los principios incluidos en la nueva propuesta, se refleja la apuesta por la universidad pública y por el papel que juegan los campus periféricos en la vertebración territorial de Aragón, por lo que se pretende evitar las duplicidades. Asimismo, la nueva programación universitaria atenderá a los objetivos de calidad e interés público de las enseñanzas ofertadas en Aragón. Para ello, pretende consolidar los diferentes campus atendiendo a su especialización, actualizar los títulos universitarios a las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior, impulsar la inserción laboral de los egresados y potenciar la internacionalización de nuestro sistema universitario.
Consejo de Gobierno
Por su parte, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se refirió a la ampliación de 6 meses para resolver las ayudas del Gobierno a las víctimas del terrorismo a partir de la Ley 4/2008.
Vicente Guillén indicó que el Gobierno de Aragón tiene que aportar el 30% de las ayudas en cada caso y el hecho de tener que cruzar los datos entre Gobierno de Aragón y Ministerio de Interior ha forzado a que técnicamente no pudieran resolverse las ayudas en tiempo.
En concreto, el Gobierno de Aragón trabaja con 196 expedientes aunque en algunos casos estos afectan a varias personas, al ser integrantes de una misma familia.