Aragón y diez Comunidades más reclaman al Gobierno central y a la UE más implicación en la atención a los refugiados

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y los consejeros con competencias en inmigración de otras diez Comunidades Autónomas han firmado un documento en el que reclaman a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros “una mayor implicación a la hora de atender a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos bélicos especialmente violentos y sangrientos”.   El documento está firmado por los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Navarra.  Todos ellos apelan en el escrito “a un desbloqueo de los procedimientos que permita la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa”.   Los firmantes señalan en el escrito que “las instituciones europeas no están a la altura de la gravedad de los conflictos que se vienen desarrollando a las mismas puertas de Europa y sin que se llegue a plasmar mínimamente un compromiso humanitario para atender a las consecuencias de los mismos”. En este contexto, añaden, “la incapacidad y la resistencia del Gobierno de España para plantear respuestas y comprometerse en las soluciones merece una crítica profunda y hace necesario poner de manifiesto que ese no es el sentir mayoritario de los pueblos que convivimos en el conjunto del Estado”.   Por todo ello, exigen al Gobierno de España que “ponga en marcha los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados, permitiendo la participación de las Comunidades Autónomas en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del Estado destinados a la atención a estas personas, para asumir de manera conjunta la aplicación de las medidas oportunas con las que afrontar integralmente esta situación”.   Las Comunidades mencionadas reiteran “su disposición” a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas que pudiesen llegar. Eso sí, consideran “imprescindible” el establecimiento de unos criterios de distribución geográfica “objetivos, homogéneos y consensuados”, tanto en lo que se refiere a la reubicación de las personas que acceden directamente a territorio europeo, como de aquellas procedentes de los reasentamientos de los campos de refugiados en las zonas afectadas y países limítrofes”.   Para lograr todo ello, estas once Comunidades “exigen” la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión.   Además, instan al presidente del Congreso de los Diputados para que, en sede parlamentaria, proponga la constitución de una subcomisión para debatir un nuevo modelo de políticas de asilo y refugio, “abordando –dice el documento- los nuevos retos a los que nos enfrentamos, incorporando a tal fin a las Comunidades Autónomas para su definición y desarrollo”.   El documento concluye señalando que “es un objetivo común construir efectivamente un espacio de asilo y refugio para las personas perseguidas, de la misma forma que lo son en otras democracias consolidadas”.   (Se adjunta el documento firmado)