Aragón reconoce tímidos avances respecto a la financiación de la dependencia pero exige un compromiso del Gobierno central para recuperar lo perdido

El Gobierno de Aragón reconoce tímidos avances en materia de financiación de la dependencia pero exige un compromiso firme del Gobierno central para recuperar el dinero perdido en los pasados años.

Así se valora desde el Gobierno de Aragón el contenido del informe de la comisión para el análisis de la situación actual del sistema de la dependencia, un documento que ha sido aprobado hoy en una reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, y la secretaria general técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, Dolores Fornals, han sido los representantes de Aragón en esta reunión.

Santos ha explicado que “Aragón valora positivamente la elaboración de este informe, fruto del acuerdo de la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero, ya que nos permite conocer de forma nítida la financiación del sistema y, por lo tanto, la aportación económica real de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Es la primera vez, ha añadido, “que se reconoce que la única vía de financiación del Estado al sistema de la dependencia, tras la supresión del nivel acordado en 2012, es el nivel mínimo de protección, que representa en torno a un 20% del coste real”. Por ello, ha puntualizado, queda constancia de que las Comunidades están soportando más del 80% de la financiación cuando la Ley dice que debería haber una aportación estatal del 50%.

Santos ha detallado algunos datos del informe en el que se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes de la Administración General del Estado en el sistema desde 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2016: unos 3.000 millones de euros en todo el país. En el caso de Aragón, esta Comunidad habría perdido unos 100 millones de euros con los que se podrían haber atendido a unas 4.000 personas más.

Por todo ello, en el documento las Comunidades Autónomas exigen “la recuperación de las cuantías del nivel mínimo y del acordado (recortadas en 2012), una cantidad que permitiría la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, ha explicado Santos, en este documento “se considera necesario modificar el sistema de financiación, en el que se mantenga un carácter finalista y en el que se tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones, priorizando los primeros frente a las segundas”. De esta forma, ha añadido Santos, “el sistema sería garantista de un esfuerzo equitativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

Cambios en la Ley

El informe concluye también que es necesario llevar a cabo una revisión de la Ley de Dependencia que ponga remedio a la dispersión normativa, que aproveche la experiencia acumulada y que adapte sus mecanismos a las necesidades de los ciudadanos.

Santos ha insistido en que “no es viable ni sostenible que la financiación del Gobierno central en estos últimos años disminuya mientras el número de personas atendidas aumenta significativamente”. El informe refleja algunos datos que así lo reflejan: mientras que en 2009 la aportación del Gobierno central a la dependencia a nivel estatal fue de 1.516.758.626 millones de euros y se atendieron a 485.526 personas, en 2016, la aportación fue de 1.190.035.630 y se beneficiaron 865.564 personas.

El gerente del IASS ha recordado que en los dos años de esta legislatura, el Gobierno de Aragón ha incrementado el número de personas atendidas en 7.800, un 47% más de las que había cuando tomó posesión este Gobierno y que “ese esfuerzo –ha dicho- no ha tenido ningún incremento en la financiación por parte del Estado”.