El Gobierno de Aragón impulsa con 13 entidades sociales la gestión social de la vivienda pública

Para que las viviendas públicas de todo Aragón se pongan al servicio de quienes las necesitan el Gobierno de Aragón, en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda,  ha firmado con 13 entidades sociales un convenio de colaboración que permitirá el impulso de proyectos destinados a los colectivos con más necesidades. Un convenio al que podrán sumarse las entidades locales que lo deseen con sus propias viviendas públicas, dentro del objetivo del Ejecutivo autónomo de facilitar a la ciudadanía el mayor número de recursos públicos disponibles.   El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón y el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván han rubricado el acuerdo con las entidades sociales Red Aragonesa de Entidades Sociales, Cáritas, APIP, Kairós, Fundación Federico Ozanam, DFA, ACISJF-IN VIA, 2ª Vía de Acompañamiento Terapeútico Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, YMCA, Cruz Blanca, Asociación Aragonesa de Transplantados de Corazón “Virgen del Pilar”, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón FAGA y Fundación Secretariado Gitano.   Rafael Fernández de Alarcón ha explicado “que hay personas,  familias que no pueden acceder a la vivienda y vamos a poner a su servicio una serie de viviendas, unas ya están, pero el objetivo es poner muchísimas más, estamos buscándolas con otras entidades sociales, con entidades de crédito, con ayuntamientos para ponerlas en uso por las personas que las necesiten. Pero para eso hace falta alguien que cuide de esas personas y al mismo tiempo de esas viviendas,  y por eso para este convenio contamos con la colaboración hoy de estas 13 asociaciones, pero este convenio está abierto”, ha indicado.   Asimismo, el consejero de Obras Públicas ha detallado que este convenio es  “una pequeña parte de los planes del Gobierno de Aragón en cuanto al bienestar social y  a política de vivienda que concluyen en el programa común que esperamos poder dotar en cuatro años con 40 millones de euros que va caminando paso a paso. No es un programa cerrado y el éxito será que todas las personas que lo necesiten estén atendidas”, ha afirmado.   A su vez, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván ha subrayado las dos líneas principales de actuación que va a llevar a cabo su Departamento con respecto a este conveniopor un lado “identificar lo antes posible las personas que requieran viviendas con carácter  urgente, que tengan limitaciones económicas,  que estén en situaciones extremas y  evaluar la adecuación de las familias o personas para los diferentes tipos de vivienda en función de las carácterísticas sociales o socieconómicas que tengan”, ha explicado.     El objetivo del acuerdo es establecer un marco de colaboración para facilitar el acceso a viviendas públicas de colectivos vulnerables. A este convenio se podrán sumar otras entidades sociales que gestionan también proyectos de este tipo en los que la vivienda pública es el elemento protagonista para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.   Anteriormente ya se habían suscrito convenios para la puesta a disposición de viviendas de la DGA (en la actualidad se dispone de un parque de más de 400 viviendas) con entidades sociales pero ahora se quiere incrementar la eficacia de estas acciones con un conjunto de medidas a través del Plan de Gestión Social de la Vivienda, en el que se enmarca este convenio de colaboración. Así se incorpora el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS),  para coordinar con la Dirección General de Vivienda las actuaciones y prestar sus servicios y asesoramiento para ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión y con problemas para acceder a la vivienda para ofrecer una atención más integral.   Además, el Gobierno de Aragón trabaja en incrementar el número de viviendas públicas, como es el caso de las antiguas viviendas de peones camineros cuya situación se está examinando ( a modo de ejemplo existen 11 en Fraga o 37 en Calamocha) o la posibilidad como se ha citado anteriormente de que las entidades locales se sumen con sus propias viviendas.   Además, este convenio incluye la creación de la Comisión de Valoración de los proyectos sociales,  que se encargará de recibir, informar y valorar, conforme a un baremo consensuado por las partes, los diferentes proyectos mediante la elaboración de una propuesta de asignación de los recursos disponibles, dentro de sus competencias de estudio y propuesta. Esta Comisión estará integrada por dos personas designadas por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, otras dos por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y otras dos designadas por las propias entidades sociales. Su composición podrá modificarse, no obstante, para enriquecer su actividad en el marco de los fines que se persiguen.   Así, en función de este convenio de colaboración la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se encargará de determinar las prioridades de la actuación, los protocolos de uso y mantenimiento de las viviendas o poner a disposición de las entidades respectivas el uso de las viviendas en condiciones de uso y habitabilidad.   A su, vez el IASSS facilitará, impulsará y coordinará acciones integrales con los servicios sociales comunitarios de las entidades locales y con los servicios sociales comarcales de Aragón para canalizar la información y derivación de aquellas personas que presenten problemas de vivienda, y colaborará con Vivienda para responder a las necesidades emergentes entre  otras acciones.   En función de este convenio, las entidades sociales gestionarán los proyectos aprobados en las condiciones marcadas, garantizarán la solvencia de su personal, informarán al Gobierno de Aragón de cómo se desarrollan los proyectos y se responsabilizarán del adecuado uso y las tareas de conservación de las viviendas, entre otras acciones.