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La modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón tendrá en cuenta el interés superior del menor en todas las decisiones que les afecten
La norma autonómica se adapta a la normativa estatal respetando el Derecho Foral
Tiene en cuenta las recomendaciones la Mesa Técnica (proceso de participación) llevada a cabo en 2017
El Consejo de Gobierno, en la sesión de hoy, ha dado su visto bueno a la modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón (12/2001), unos cambios que tienen como principal fin adaptar la norma autonómica a las modificaciones realizadas en el Sistema de Protección Jurídica del menor por las leyes estatales 8/2015 y 26/2015. El objetivo prioritario de estos cambios es promover a los niños, niñas y adolescentes aragoneses como sujetos con derechos, deberes y capacidad de influir en el entorno social en el que viven. Para ello, se apuesta por un cambio institucional derivado de la transformación del sistema de protección y reforma de menores amparado en el principio de corresponsabilidad en la atención a la infancia, potenciando y primando la colaboración interinstitucional y la participación social. Asimismo, en esta reforma se incluyen las aportaciones resultantes del análisis del sistema de atención a la infancia y adolescencia de Aragón llevado a cabo por la Mesa Técnica (proceso de participación). Principales modificaciones Una de las principales modificaciones es la incorporación del mecanismo de evaluación del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a los niños, niñas y adolescentes aragoneses. Asimismo, se reconoce el derecho de los menores a ser oídos y escuchados como garantía de su pleno ejercicio. También se incorporan en el texto normativo nuevos mecanismos de atención inmediata en los casos graves de desprotección y la transformación de los centros de observación y acogida (COA) en hogares de casas y acogida para la atención inmediata. Por otra parte, se regulan los centros específicos para problemas de conducta, se recogen los derechos de los menores en acogimiento residencial y se establecen nuevas modalidades de acogimiento familiar. La nueva norma incluye también los derechos y deberes de las familias de acogida y de los menores que están a su cargo. Otra de las novedades es que se introducen elementos para garantizar el derecho al acceso a sus orígenes de las personas adoptadas y se introduce la figura de “guarda con fines de adopción”. Asimismo, las modificaciones llevadas a cabo garantizan las decisiones colegiadas creando las Comisiones Territoriales de Protección a la Infancia y la Adolescencia y modificando el Consejo Aragonés de Adopción para crear el Consejo Aragonés de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. En definitiva, los cambios llevados a cabo en esta norma ponen en el centro el interés superior del menor, promueven la participación de estos y sus familias y fomentan los espacios de participación de la infancia. Impulsan, además la creación de nuevos recursos en materia de prevención, se reconoce la familia extensa (abuelos o tíos) como figura preferente en la protección de la infancia y se coloca al acogimiento familiar como medida de protección prioritaria.