El nuevo decreto de acampadas juveniles actualiza los requisitos de seguridad y coordinación ante el aumento de campamentos y actividades de riesgo en la Comunidad

Modificar el antiguo decreto de 1997 para adaptarlo a las necesidades actuales y mejorar las condiciones de seguridad y coordinación. Este el objetivo de las modificaciones del Decreto que regula las condiciones en las que deben realizarse las actividades juveniles de tiempo libre que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno y que se aplicarán en la campaña de verano 2018. El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha impulsado estas modificaciones dadas las demandas del sector y del aumento del número de acampadas juveniles y de la realización de actividades de riesgo en el territorio aragonés.   El decreto antiguo de 1997 solo regulaba dos tipos de actividades (acampadas juveniles y colonias), mientras que el actual establece cuatro: acampada, colonia, campo de voluntariado juvenil y actividades de ventura.   La ratio de monitores por participantes pasa de 1 por cada 12 a 1 por cada 10 y al menos el 75% de los miembros del equipo de monitores deberá disponer de las titulaciones exigidas (antes era el 50%). Se actualizan también los requisitos que deben cumplir en cuanto a formación los directores y los monitores de estas actividades.   Se incorpora como novedad la notificación por registro electrónico (el antiguo decreto solo contemplaba el formato papel) y establece que las notificaciones deberán realizarse con una antelación mínima de 20 días laborables antes del inicio de la actividad.   En cuanto a los requisitos sobre el emplazamiento de las actividades se recogen dos posibilidades: los establecidos en el reglamento general de acampadas y la creación por parte del IAJ de un registro de campas donde se recojan aquellas zonas de acampada que reúnan condiciones aceptables frente a posibles riesgos de inundaciones, incendios, movimiento de terrenos… También se exigirá a los organizadores un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes (el anterior decreto no contemplaba este último).   Las modificaciones aprobadas hoy incorporan algunos elementos que no existían en la antigua normativa. Así, se deberán establecer protocolos de actuación y coordinación por parte del IAJ con aquellas administraciones u organismos con competencia en la materia. También se llevará a cabo un desarrollo detallado de la actividad inspectora por parte de la Administración de las actividades juveniles reguladas en el decreto. Se crean, además, entre el personal de estas actividades, las figuras de responsable de primeros auxilios y de seguridad. También se establece la obligatoriedad de contar con un plan de emergencias y alojamientos temporales en caso de evacuaciones, de tener los teléfonos de las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad próximos al área de acampada con conocimiento de los días y horarios de atención.   Asimismo, se deberán revisar las dificultades y el estado reciente de los recorridos que se tengan previstos llevar a cabo con los menores con anterioridad a la fecha en la que se lleven a cabo. Otra de las novedades es la obligatoriedad de la firma de protocolos de actuación entre los propios organismos de la administración que velan por el buen funcionamiento de las actividades (entidades locales, departamentos competentes en materia de protección civil, salud y medio ambiente).   La incorporación de un anexo con los requisitos sanitarios exigibles durante la realización de las actividades juveniles y la obligatoriedad de disponer de un plan de emergencia según el modelo facilitado por el IAJ completan las principales novedades de esta nueva normativa.     Proceso de elaboración   Las modificaciones del decreto pasaron, en primer lugar, por una consulta pública previa sobre el proyecto de decreto. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de participación en el que se recibieron 139 aportaciones, de las que el 63% fueron aceptadas. También se celebraron cuatro talleres de debate con la participación de 51 entidades.   Las modificaciones han llegado al Consejo de Gobierno tras pasar por un proceso de información pública en el que se recogieron 12 alegaciones, que fueron incorporadas al documento final.