El plan de inspección de residencias lleva al cierre a cinco centros privados

El plan de inspección de residencias iniciado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el pasado mes de julio ha provocado el cierre de cinco centros privados. Los propietarios de estos establecimientos han optado por clausurarlos dadas las deficiencias detectadas en el proceso de inspección.

Así lo ha anunciado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de su área para hablar sobre la situación de las residencias y centros de día de mayores en Aragón.

Broto ha desgranado los resultados de este plan de este inspección, una de las primeras medidas que llevó a cabo su departamento a raíz del incendio de la residencia de Santa Fe. Ante todo, ha querido llamar a la calma tanto a los mayores como a sus familiares sobre la situación de los centros de la comunidad y ha asegurado que “en ninguno de ellos corre peligro la vida de los residentes”. No obstante, ha puntualizado, “hay que actuar con prudencia y decisión”.

Por ello, además de los cierres voluntarios mencionados, su departamento ha iniciado siete propuestas de cierre con expediente sancionador, cinco en Zaragoza capital y dos en su provincia. Si los propietarios corrigen las deficiencias detectadas podrían obtener la autorización del Gobierno de Aragón.

Los cinco centros que han decidido cerrar son de titularidad privada y se encuentran en Zaragoza: cuatro en la capital y uno en la provincia. En dos de los casos, el cierre ya ha sido efectivo y los 18 residentes de estos establecimientos han sido trasladados a otros. Las otras tres residencias, que cuentan con 64 residentes, se encuentran en pleno procedimiento de cierre ordenado.

Según la consejera, en Aragón hay 230 residencias autorizadas: 177 con permiso definitivo y 53, con provisional. De éstas, 186 atienden a personas mayores válidas o no (se denominan mixtas), 30 son para personas válidas y las otras 14 son para mayores que precisan de asistencia completa.

A estas hay que sumar un grupo de 45 que, por un motivo u otro, no cumplen con todos los requisitos requeridos para los establecimientos de este tipo. Así, hay 28 que no cuentan con licencia de apertura (deben otorgarla los ayuntamientos) pero que sí cumplen los requisitos en materia de servicios sociales. Cinco centros que ni tienen licencia ni pasaron la inspección de la DGA, y otras 12 que tienen licencia pero que no cumplen las condiciones requeridas.

Como consecuencia de todo ello, el Gobierno de Aragón ha dictado 33 resoluciones en las que se deniega la autorización, precisamente a aquellos centros que carecen de licencia municipal. Eso sí, se les ha dado un plazo de tiempo para que puedan obtener el permiso y la autorización final.

Para agilizar el proceso, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han iniciado una línea de colaboración para la inspección, coordinación e intercambio de información que permita abordar de forma conjunta la supervisión de estos centros.

María Victoria Broto ha añadido, por otra parte, que ya se han dado los primeros pasos para la elaboración de un mapa de servicios sociales que permita concretar, por un lado, los recursos existentes y, por otro, las necesidades que tiene Aragón en este ámbito. Para ello, ha añadido, es necesario tener en cuenta tanto a las entidades locales ya que, por ejemplo, 51 de las residencias que hay en la comunidad tienen como titulares a ayuntamientos y comarcas.