La transversalidad y el diálogo impulsan el convenio entre el Gobierno de Aragón y Cermi para avanzar en la discapacidad

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha firmado hoy un protocolo de colaboración con la presidenta de CERMI Aragón, Elena Valencia, con el fin de articular instrumentos de colaboración y trabajo que favorezcan de manera ágil y dinámica las relaciones entre ambas entidades para el desarrollo de acciones que afectan a la discapacidad.

El convenio se ejerce desde una óptica transversal porque existen numerosas cuestiones que atañen a la discapacidad, ya sean políticas sociales, arquitectura de las ciudades y la accesibilidad, políticas laborales y función público. Por ello, se desarrollarán proyectos a través de la organización de varias mesas de trabajo que tratarán de Salud, Empleo y Centros Especiales de Empleo, Accesibilidad, Servicios Sociales, Mujer, Educación y Formación, Contratación Pública y Función Pública. Se podrán constituir otras y se reunirán al menos una vez por trimestre.

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado muy satisfecho de que el Gobierno tomara la decisión de sacar adelante el Decreto de la Acción Concertada que, presumiblemente, será convalidado por las Cortes este mismo jueves, lo que contribuirá a  garantizar a las entidades del tercer sector su consideración como elementos integrados plenamente en los servicios públicos sociales y sanitaros desde su condición de entidades sin ánimo de lucro.

“Somos pioneros en España” y así lo reconoce el premio que CERMI ha concedido al Gobierno de Aragón, precisamente por la aprobación del Decreto ley que permite concertar servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro. Esta nueva regulación posibilita que las entidades sin ánimo de lucro se puedan hacer cargo, mediante la acción concertada, tanto de la gestión de centros como de prestaciones o servicios, evitando que estos colectivos tengan que pasar por un proceso de contratación y, por lo tanto, sin tener que competir en precios con empresas privadas. De esta  forma, se evitará que sufran “la competencia desleal de entidades que procedían de otros sectores de la economía y que venían a atender el mundo de la discapacidad con una visión estrictamente de negocio”, ha asegurado Lambán.

El Presidente de Aragón también ha recordado que esta semana se cumple el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia y que el Gobierno de Aragón se ha propuesto revertir los recortes de la legislatura anterior y recuperar las plazas de dependencia y la prestación del servicio que beneficia a las personas con discapacidad aunque no solventa todos sus problemas.

Por su parte, Elena Valencia ha destacado dos aspectos fundamentales para llegar a la firma de este protocolo: por un lado, la óptica transversal que supera la tradicional visión sectorial del problema, así como el diálogo mantenido, que a su juicio permitirá, desde el debate “honesto y sincero”, avanzar en numerosos aspectos vitales para este sector.

La vigencia del convenio es de dos años, renovable por igual periodo.

Sus líneas de actuación son las siguientes:

1.   Aprobar la ley de derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, incluyendo el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

2.   Promover en las Cortes de Aragón la creación de una subcomisión que se encargue de analizar la situación de las personas con discapacidad y de sus familias.

3.   Garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva en las ofertas de empleo público no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y compatibilidad con el desempeño de las tareas. Al menos el 2% deberían ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

4.   Cumplir la reserva de participación de los centros especiales de empleo en  los procedimientos de adjudicación de contratos y en su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos previstos en la ley.

5.   Con el fin de mantener los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, tratará de garantizarse el otorgamiento de las subvenciones previstas del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo ocupado por persona con discapacidad que realice una jornada de trabajo laboral ordinaria y que esté en alta en la Seguridad Social, por un importe del 50% del salario mínimo interprofesional.

6.   Garantizar subvenciones extraordinarias hasta conseguir un importe del 75% del salario mínimo interprofesional, a trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo que tengan especiales dificultades de inserción laboral (personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65%).

7.   Garantizar una dotación anual en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo no inferior a la del ejercicio 2015, destinada a la financiación de proyectos generadores de empleo estable a través de centros especiales de empleo registrados.

8.   Garantizar las convocatorias anuales de subvenciones destinadas a la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo. El presupuesto del INAEM para esto no será inferior al presupuesto de 2015.

9.   Agilizar lo máximo posible los trámites administrativos para la concesión de plazas asistenciales para estos usuarios.

10.              Incluir en la Ley de Presupuestos para 2017 una subvención nominativa para la financiación de las plataformas autonómicas de implantación estatal, dando una solución similar a la que se da en otras comunidades.

11.              Aprobar en esta legislatura un Plan de Salud Mental contando con las asociaciones de pacientes y familiares.

12.              Actualizar el protocolo de traslado de personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual y divulgación a los profesionales y a las asociaciones de pacientes y familiares.

13.              Aprobar la norma que regule la accesibilidad universal para que se ejecuten conforme a la misma los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público, ya sean de titularidad pública o privada.

Discapacidad en Aragón

A inicios de legislatura había 2291 plazas concertadas en discapacidad (1183 de residencia, 794 de centro ocupacional y 314 de centro de día).

Actualmente, existen 2628 plazas concertadas (1373 de residencia, 913 de centro ocupacional y 342 de centro de día). Es decir, se ha aumentado en un 15% el número de plazas concertadas y aún más en residencia, que llega al 16%. Mensualmente son atendidas casi 4500 personas con discapacidad en los servicios sociales, sean o no personas en situación de dependencia.