El Consejo de Gobierno impulsa la reforma del Derecho Foral para reforzar los derechos de las personas con discapacidad

Este martes el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de modo que podrá ser remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

El proyecto ofrece una regulación que da respuesta a las necesidades de la sociedad actual en todo lo que atañe a las personas con discapacidad y que concierne a todos los ciudadanos sujetos a la legislación aragonesa y a los operadores jurídicos que deben aplicarla. Además, dentro del marco competencial de la comunidad, supone el ajuste de la regulación aragonesa a los principios de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad fechada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2007: así se da cumplimiento a un tratado internacional que, una vez suscrito por España, forma parte del ordenamiento jurídico.

Una vez las Cortes aprueben el proyecto de Ley, Aragón se convertirá en la primera comunidad con competencias en materia de Derecho foral que lleva a cabo la adaptación de su normativa al paradigma que la Convención de Nueva York establece respecto a la capacidad de las personas.

La propuesta de reforma que se ha presentado se basa en el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas, propiciando, con los apoyos que sean precisos, el ejercicio de su capacidad jurídica. Con base en el principio standum est chartae, se regulan diversos mecanismos para que cualquier aragonés, en previsión de una futura discapacidad, regule su situación.

Se atiende con especial cuidado la guarda de hecho, en la que juega un papel crucial la familia, que esta reforma pone en valor y, por último, siguiendo el principio de intervención mínima, se regulan hasta tres tipos de curatelas para que los operadores jurídicos puedan atender de manera específica la situación de cada persona. Toda esta modificación, de gran calado en materia de capacidad, ha exigido una revisión de todos los preceptos del Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA) para adaptarlos en lo que se ha considerado preciso a estos nuevos principios.

Esta reforma se enmarca en un proceso normativo y social motivado por respeto a la discapacidad que confluye con la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución para adaptar el lenguaje y contenido de la Carta Magna a la realidad actual y a la terminología internacional.

Más de dos años de trabajo

Tal y como señalan desde la Dirección General de Desarrollo Estatutario, el artículo 71. 2ª y 3ª del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su sistema de fuentes. “El Derecho civil aragonés es nuestra principal seña de identidad y para protegerlo es necesario mantener dicho Derecho vivo y, por ende, acorde a nuevas las exigencias relativas al tratamiento de la discapacidad derivadas de los tratados internacionales”, indican.

El Consejo de Gobierno de Aragón acordó el 15 de junio de 2022 encomendar a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil la redacción del anteproyecto de ley de modificación del Código de Derecho Foral en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil (https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/29/pdfs/BOE-A-2018-11933.pdf) es un órgano consultivo conformado por juristas de reconocido prestigio que tiene por objeto asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés.

En total la Comisión se ha reunido en 52 ocasiones en los últimos dos años: sus trabajos se iniciaron bajo la presidencia de Jesús Delgado Echeverría y han concluido con la presidencia del ex Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.