El Gobierno de Aragón exige al Ministerio de Transición Ecológica que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el proyecto de Nudo Mudéjar
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación generada tras la reducción del proyecto tras la Declaración de Impacto Ambiental realizada por el ministerio
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación generada en torno al proyecto del Nudo Mudéjar en las localidades afectadas por el cierre de la Central Térmica de Andorra. El Ejecutivo aragonés ha aprobado un acuerdo por el que expresa su preocupación por la incertidumbre actual y reclama al Gobierno de España el cumplimiento íntegro de los compromisos socioeconómicos adquiridos con el territorio.
El Nudo Mudéjar es considerado uno de los proyectos más relevantes para el futuro económico de Teruel, al ser clave para compensar el impacto del cierre de la Central Térmica de Andorra, que supuso una fuerte pérdida de empleo, ingresos municipales y actividad económica.
En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el primer concurso estatal de Transición Justa, adjudicando en 2022 a Enel Green Power España una capacidad de evacuación de 1.202 MW para proyectos renovables con una inversión prevista de 1.660 millones de euros, a los que se sumaban 72 millones en un Plan de Desarrollo Industrial y Socioeconómico.
La propuesta contemplaba la creación de 380 empleos directos y 5.944 indirectos, además de una amplia diversificación económica en la comarca.
La reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio en febrero de 2026 ha introducido condicionantes que, según publicaciones en medios, llevarán a la promotora a reconfigurar el proyecto reduciendo de forma sensible la inversión prevista pasando de los 1.202 megawatios de los que estaba dotado el concurso a los 406 que desarrollará finalmente la empresa adjudicataria.
Tras esta decisión el Ejecutivo autonómico ha acordado:
1. Renovar el apoyo total al proyecto y al plan socioeconómico asociado
2. Manifestar el rechazo expreso a la reducción sustancial del proyecto, por el grave perjuicio que supone para la provincia de Teruel y para el conjunto de Aragón en términos de inversión, empleo, desarrollo industrial, vertebración territorial y fijación de población.
3. Respaldar a los municipios y al tejido social y económico de la comarca.
4. Exigir al Gobierno de España el cumplimiento estricto de los compromisos con la zona y adoptar medidas para que la capacidad de evacuación no utilizada pueda asignarse a nuevos proyectos capaces de impulsar la reindustrialización y la recuperación económica de la zona.
Asimismo, el Gobierno de Aragón subraya que seguirá vigilante y actuando dentro de sus competencias para garantizar que la Transición Justa en la comarca de Andorra sea real, efectiva y beneficiosa para sus habitantes, cumpliendo el objetivo de atraer nueva actividad industrial sostenible y generadora de empleo.


