El Gobierno de Aragón espera que la nueva propuesta que ha remitido el Ministerio de Industria a Europa reciba el visto bueno antes de que cese el Gobierno en funciones

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, el Gobierno central ha vuelto a remitir a Bruselas una propuesta de orden para que su Ministerio pueda subvencionar parcialmente la modernización de la central térmica de Andorra. Así lo ha confirmado en el encuentro que ha mantenido esta mañana con el Presidente de Aragón, Javier Lambán, al que también ha asistido la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón. El ministro ha asegurado, además, que confían en tener una respuesta antes de que finalice el mandato en funciones del actual Gobierno. El Presidente Lambán, por su parte, ha asegurado que “estará satisfecho cuando vea la orden ministerial publicada en el BOE”.   Sobre los cambios que el Ministerio ha introducido en la propuesta de orden para otorgar las subvenciones que garanticen el futuro de la térmica de Andorra, Lambán ha explicado que es al propio Ministerio al que corresponde ofrecer dicha información, una vez que también han reconocido que Bruselas rechazó en febrero la anterior propuesta española que, además, había sido rechazada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.   El ministro ha avanzado también que, de confirmarse las ayudas propuestas en la orden ministerial, la supervivencia de la térmica de Andorra estaría garantizada.   En el transcurso de la reunión, que ha durado una hora, el ministro Soria ha asegurado al presidente Javier Lambán que si se lleva a cabo la modernización de la central, las minas a cielo abierto serán rentables y podrán vivir sin subvención.   En opinión de los representantes del Gobierno de Aragón, tanto la minería del carbón como la generación de energía (de ahí la defensa del mantenimiento de la central térmica de Andorra) son elementos fundamentales para el mantenimiento del empleo en el territorio, especialmente, en la provincia de Teruel. La Comunidad Autónoma, como el resto de España, tiene una fuerte dependencia del exterior y una gran vulnerabilidad respecto de las fuentes energéticas, ante la dificultad de almacenamiento y de disponibilidad inmediata que presentan energías como la eléctrica y la eólica. Por este motivo necesita del carbón como fuente autónoma de generación eléctrica y como base de un mix equilibrado.   En este escenario, el carbón aragonés tiene un carácter estratégico dado que puede aportar seguridad de abastecimiento y tiene un menor coste de extracción que el de otras zonas del territorio nacional, por lo que muchas de las explotaciones ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma podrían resultar competitivas más allá de 2018.   En la actualidad, son tan sólo cuatro las explotaciones que suministran el carbón a la Central Térmica de Teruel. Ubicadas en Ariño y Foz-Calanda, tres de ellas (dos a cielo abierto y una subterránea) son explotadas por la empresa Samca. Por su parte, la empresa Compañía General Minera de Teruel S. A. explota una mina a cielo abierto en el término municipal de Estercuel.   En este sentido, el Gobierno de Aragón considera a la Central Térmica de Andorra una pieza clave tanto de la minería aragonesa como de la generación eléctrica, cuyo porcentaje de participación de generación eléctrica mediante carbón en relación con España ronda el 30%. Por esta razón, desde la administración autonómica se están dando todos los pasos necesarios para que Endesa, propietaria de la térmica y perteneciente al grupo italiano ENEL, realice todas las inversiones medioambientales necesarias para garantizar la continuidad de dichas instalaciones.   La importancia de la térmica para Aragón reside en el hecho de que utiliza para su funcionamiento recursos energéticos autóctonos (quema prácticamente el total del lignito extraído en la Comunidad), favorece el desarrollo de nuevas tecnologías para la combustión y permite mantener el empleo en la zona.   A esto hay que añadir el hecho de que los principales sindicatos, asociaciones y municipios mineros vienen reclamando al Ministerio que negocie con la Unión Europea para conseguir una nueva regulación sobre las ayudas estatales a la industria del carbón, con el objetivo de seguir produciendo, vendiendo y quemando este mineral autóctono a partir del 1 de enero de 2019, si es posible, sin que sea necesario que las empresas que en ese momento sean viables tengan que devolver las ayudas europeas que les fueron entregadas dentro del plan de cierre de la minería del carbón.   Todos los agentes implicados denuncian que no se ha solucionado la regulación del consumo del carbón autóctono por parte de las centrales térmicas una vez finalizada la vigencia del Real Decreto de suministro de garantía, que expiró el pasado mes de diciembre de 2014. Tampoco se han puesto en marcha las ayudas a infraestructuras de las cuencas mineras y se registran retrasos en el pago de las ayudas a las empresas mineras.   Este sector en el ámbito nacional, según un informe elaborado por UGT y Comisiones Obreras, entre 1985 y 2013 pasó de tener 50.835 trabajadores a 3.279 empleados, un descenso del 93,55%. En una proporción similar, 93,21%, se redujo el número de empresas mineras en España, desde 221 en 1985 a 15 en 2013.   En Aragón, en lo que respecta a la minería subterránea, en 2008 había una explotación que producía 595.718 toneladas de carbón y empleaba a 332 trabajadores. En 2015, la misma explotación producía 413.713 toneladas y empleaba a 242 personas. En cuanto a la minería de cielo abierto, de las siete explotaciones existentes en 2008 en la Comunidad Autónoma, se ha pasado a cinco, de las que dos están en restauración. La producción de 2008 ha pasado de 2.311.155 toneladas a 986.940 y de 285 trabajadores a 215.   El Plan del Carbón actualmente en vigor contempla una serie de ayudas a la producción, ayudas al cierre (por costes medioambientales y de seguridad asociados al cierre de las unidades de producción), ayudas de carácter social, así como ayudas a proyectos empresariales. Además, el plan dispone otra línea de ayudas al desarrollo de infraestructuras y restauraciones mineras que a estas alturas todavía no está puesta en marcha.