El Gobierno de Aragón implica a ayuntamientos y empresas para censar edificios y prevenir los efectos nocivos del amianto

Buena parte de los ayuntamientos aragoneses de poblaciones por encima de 2.000 habitantes han respondido a la solicitud de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón para que remitiesen las relaciones de edificios e instalaciones municipales que puedan contener amianto en sus elementos constructivos.

El objetivo de esta solicitud de colaboración a los ayuntamientos - adoptada en el Consejo Aragonés de Salud Laboral (CASSL), el órgano consultivo para la mejora de la seguridad y salud laboral en el que participan, además de técnicos del Gobierno de Aragón, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y representantes de los agentes sociales- es que los propios ayuntamientos conozcan la presencia de amianto en sus instalaciones  y los riesgos de la exposición a este material por parte de los trabajadores que pudieran llegar a manipularlo para que adoptasen las medidas oportunas aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

A lo largo de varios ejercicios, la Dirección General de Trabajo ha ido remitiendo cartas, anualmente, en esta línea y con este objetivo, a los ayuntamientos de poblaciones de más de 5.000, 3.000 y 2.000 habitantes.

La Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente, indicó que a través de esta campaña en la que se ha involucrado a los ayuntamientos aragoneses con más población “se ha conseguido identificar la presencia de amianto en las instalaciones municipales, así como concienciarlos de los riesgos derivados de la exposición a este material por los trabajadores que intervengan en su retirada y la necesidad de adoptar las medidas preventivas necesarias en su manipulación de acuerdo con la legislación vigente”.

“La respuesta ha sido bastante positiva, ya que han identificado con mayor o menor detalle los locales, instalaciones, edificios, almacenes y equipamientos, en general, de propiedad municipal con presencia de amianto”, indicó Soledad de la Puente.

En la relación de inmuebles y otras instalaciones municipales que han remitido los ayuntamientos, la presencia de amianto está centrada en el fibrocemento de las cubiertas de estas instalaciones, en las tuberías y depósitos de abastecimiento y saneamiento de agua, conductos de salida de humos y jardineras que fueron instaladas en su momento en dependencias municipales, siempre con anterioridad a 2002, fecha en que su utilización fue prohibida.

El Real Decreto 396/2006 establece unas disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. El ISSLA gestiona el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) en las tres provincias aragonesas, en el que deben darse de alta todas las empresas cuya actividad sea la retirada, transporte o gestión de los residuos de amianto. En estos momentos, figuran inscritas 140 empresas en la Comunidad Autónoma repartidas entre Huesca (39), Teruel (19) y Zaragoza (82).

En relación con el amianto, el ISSLA mantiene las competencias para tramitar las solicitudes de aprobación de los planes de trabajo para la retirada de amianto; la realización de los informes técnicos preceptivos; las relativas a inspecciones en torno a las condiciones de trabajo en el sentido de que se realicen conforme a las indicadas en los propios planes y la gestión de la relación de los trabajadores que trabajan en actividades con amianto para su comunicación a otras administraciones relacionadas con la salud como el INSST o el INSS, entre otras.

La evolución en cuanto a la actividad de las empresas en materia de retirada de amianto ha pasado de 203 de 2015 a las 300 que se registraron en 2018. Los mismo ha ocurrido con la actividad comprobatoria de los técnicos en material de retirada de amianto, que han pasado de 63 inspecciones en 2015 a 120 en 2018 en el conjunto de la Comunidad Autónoma: 24 en Huesca, 31 en Teruel y 65 en Zaragoza.

El amianto es un mineral de estructura fibrosa que fue muy utilizado por sus propiedades físicas de resistencia al calor, al fuego, a los agentes químicos y a la abrasión, en la fabricación de materiales aislantes, revestimientos y cubiertas de fibrocemento.

La comercialización y uso del amianto está prohibido totalmente en España desde diciembre de 2001 y hoy se encuentra en los materiales y productos de los que forma parte, fabricados antes de esta fecha, y que pueden seguir utilizándose hasta el final de su vida útil.

Entre los efectos que puede producir el amianto en la salud de los trabajadores se encuentra la asbestosis, el cáncer broncopulmonar y de laringe, mesotelioma pleural y peritoneal y lesiones pleurales.