El Gobierno de Aragón impulsa la economía social con una Ley para promocionar y estimular a las empresas del sector

El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana el Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, que tiene por objeto convertirse en un compromiso real y efectivo de la Administración de la Comunidad de Aragón con el reconocimiento, promoción y estímulo de todas las entidades y empresas de la economía social que desarrollan su actividad en Aragón.

El Gobierno de Aragón ha estimado necesario establecer un marco normativo en Aragón que ponga en valor este sector económico, dotándolo de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad. Quiere también impulsar este texto legal la capacidad de este sector para generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

Por otra parte, hay que recordar que el Plan de Gobierno de Aragón correspondiente a esta legislatura, aprobado por acuerdo del Gobierno de Aragón de 26 de enero de 2016, que define los objetivos estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar el crecimiento económico y el empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyó como una actuación estratégica en el ámbito del Departamento de Economía, Industria y Empleo, la referida a «fomentar el ámbito de la economía social».

El proyecto de Ley de Economía Social de Aragón se basa en tres aspectos claves. Por un lado, el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades de economía social de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, empleo y al medio rural, con la puesta en valor de este sector económico, a la vez que se le quiere dotar de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad.

En segundo lugar, el Proyecto de Ley quiere coordinar e instrumentar políticas y medidas de apoyo, incluidas la económicas, y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector.

Finalmente, la tercera intención de este texto normativo es integrar el sector, hasta ahora disperso, a través del impulso de la participación en órganos específicos como el Consejo de la Economía Social de Aragón que permitan aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del empleo y del emprendimiento social enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.

20.000 puestos de trabajo

En este sentido, hay que resaltar que la economía social tiene una larga tradición en Aragón. Como destaca CEPES-Aragón (Asociación de Economía Social de Aragón), “Aragón es una de las regiones mejor organizadas y estructuradas del territorio estatal respecto a otras regiones de España, ya que cuenta con al menos una organización representativa de cada una de las entidades que la integran».

Según esta Asociación, estas entidades representan en la Comunidad Autónoma aproximadamente un 4,5 % del PIB y han creado más de 20.000 puestos de trabajo. En la actualidad, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de cuatrocientas mil personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción, centro especial de empleo, etc.

Por otra parte, la importancia de este sector en Europa para el desarrollo económico y social es innegable y así se plasma en el informe publicado en 2017 por el Comité Económico y Social Europeo en el que se indica que el sector de la economía social engloba 2,8 millones de organizaciones en Europa, que proporcionan empleo directo remunerado a 13,6 millones de personas (alrededor del 6,3% de la población ocupada en la UE-28). Además, 82,8 millones de personas desarrollan actividades como voluntarias en organizaciones relacionadas con la economía social. Por otro lado, existen 232 millones de miembros asociados a cooperativas, mutuas y organizaciones similares.

El Proyecto de Ley está estructurado en 9 capítulos, con 33 artículos, ocho disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales.

El Capítulo VI, titulado  «Medidas públicas y económicas de apoyo a la economía social», recoge un conjunto de medidas de apoyo a empresas y entidades de economía social, con objeto de favorecer la implantación de instrumentos financieros específicos que contribuyan a promover el desarrollo de nuevas iniciativas de economía social y el acceso de las entidades a instrumentos financieros que puedan adaptarse a las necesidades de las nuevas iniciativas de la economía social, además de ayudas y subvenciones de carácter público o la introducción en la contratación pública de cláusulas sociales y cláusulas que fomenten el surgimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de economía social.

Finalmente, el Capítulo VII, denominado “Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social» regula el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social como el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y evaluación de las medidas y políticas públicas que se desarrollen en materia de economía social en Aragón, con el objeto de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos marcados por este Proyecto de Ley.