La perspectiva de género, base y objetivo de las políticas de empleo del Gobierno de Aragón

Todas las políticas activas de empleo del Gobierno de Aragón toman en consideración su impacto en términos de género. Este principio preside el Plan para la Mejora del Empleo en Aragón 2016-2019, elaborado tras un proceso participativo de los agentes sociales y que a lo largo de esta legislatura está desarrollando el Ejecutivo autonómico.

Este principio general supone que “en todas las políticas activas de empleo que hemos puesto en marcha en esta legislatura se ha tenido en cuenta la perspectiva de género de cara a garantizar el acceso preferente de las mujeres a la formación y al empleo”, indica la directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Ana Vázquez.

Para ello, el INAEM utiliza cuatro vías: el establecimiento de prioridades, la fijación de cuotas, las medidas de acción positiva y, en casos muy especiales, incluso el refuerzo con programas específicos de atención, como en el caso de mujeres víctimas de violencia de género.

En el caso de Formación para el Empleo, tanto en los programas dirigidos prioritariamente a desempleados o, con la misma prioridad a ocupados, se establece que, a fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, en los procesos de selección del alumnado, las mujeres tendrán prioridad para participar en las acciones formativas de estos programas.

El Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción establece que, sin perjuicio de número de personas que se designe para cada colectivo, del total de demandantes de empleo atendidos, una cuota de al menos el 50%, serán mujeres desempleadas.

Por otra parte, entre el conjunto de medidas cuyo objetivo es promocionar el empleo, como son los programas de Contratación y Estímulo del Mercado de Trabajo y el Fomento del Empleo Estable y de Calidad, el Programa Emprendedor y el Programa de Subvenciones para Cooperativas y Sociedades Laborales se optó por dirigirlos específicamente a mujeres o por establecer medidas de acción positiva de forma que la ayuda se incrementa cuando se trata de una mujer.

En el Programa de Fomento de la Contratación Indefinida de Trabajadores Desempleados se dirige a menores de 30 años, mayores de 45 años y a mujeres, la ayuda de 4.000 euros por contratación se incrementa en un 10% cuando la contratación se realiza en un municipio de menos de 5.000 habitantes y el incremento es del 50% en el caso de mujeres desempleadas víctimas de violencia de género.

Estas medidas de acción positiva también se establecen cuando se trata de la conversión de un contrato temporal en indefinido. Igualmente, se contempla una ayuda a la contratación temporal con fines integradores, en este caso dirigido, entre otros colectivos con gran dificultad para su integración laboral, a las víctimas de violencia de género (150 euros por cada mes de duración del contrato inicial hasta un máximo de 1.800 euros).

En el Programa Emprendedor se establecen ayudas para el establecimiento como autónomo de 3.000 euros con incremento de un 10% cuando se trata de una mujer y otro 10% adicional si es en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Esta ayuda asciende a los 6.000 euros en el caso personas con discapacidad y en mujeres desempleadas víctimas de violencia de género. Similares medidas de acción positiva existen para las microempresas de iniciativa local.

En el Programa de Subvenciones para Cooperativas y Sociedades Laborales para la Creación, Consolidación y Mejora del Empleo, la subvención por incorporación de desempleados como socios trabajadores oscila entre 2.000 y 7.000 euros en función de determinados perfiles. Contiene también medidas de acción positiva: en todos los casos, si es mujer se incrementa un 10%; si, quien se incorpora como socia trabajadora es una mujer, en los 24 meses siguientes al parto o a la adopción, 5.000 euros; si es una mujer víctima de violencia de género 8.000 euros; si la incorporación se produce en un municipio de menos de 5.000 habitantes se incrementa un 10% y si el municipio es de menos de 500 habitantes el incremento es del 20%.