Las cooperativas de crédito se suman al plan para impulsar la economía social en Aragón

La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha firmado este jueves un acuerdo con las tres entidades cooperativas de crédito que operan en la Comunidad Autónoma –Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Teruel y Laboral Kutxa- en el marco del Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, un sector socio-económico “decisivo” con amplia implantación en el territorio. El objetivo de esta colaboración es precisamente fomentar y apoyar a este sector, que incluye a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción o centros especiales de empleo, entre otras.

Tal y como ha recordado Gastón, según el último informe de la Cátedra de Cooperativas y Economía Social, hay 7.521 entidades de economía social en Aragón que representan el 8,49% del total de las empresas de la Comunidad y generan el 3,76% del empleo, con 21.440 puestos de trabajo.

La consejera ha destacado la implicación y el papel de las cooperativas de crédito con arraigo en la Comunidad Autónoma, que “representan la trayectoria, valores y principios” de la economía social, caracterizada por “situar a las personas en el centro”. Estas entidades van a colaborar en la ejecución de, al menos, cinco de las 70 acciones que contempla el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, ha confirmado Gastón.

Caja Rural de Aragón va a colaborar en los programas de formación dirigidos a cooperativas y empresas de economía social, así como en el impulso a los valores y la cultura del cooperativismo, principalmente orientada al sector servicios, llevando a cabo iniciativas como el mentorizaje y asesorando sobre modelos de gestión y buenas prácticas. Por su parte, Caja Rural de Teruel ya ha comenzado a trabajar en el apoyo a las cooperativas de la provincia impulsando su evolución hacia una economía más eficiente y sostenible, a través de la estrategia Aragón Circular. Y Laboral Kutxa apoyará tanto los programas de mentorizaje a entidades de economía social previstos en el Plan de Impulso, como la difusión de los valores y la cultura del cooperativismo entre los emprendedores, ofreciéndoles orientación financiera y un diagnóstico personalizado para implantar empresas de economía social en forma de cooperativa.

Plan de impulso

La apuesta del Ejecutivo Autonómico por promover la economía social como generadora de oportunidades en el territorio y de empleo de calidad está reflejada en el Plan de Impulso lanzado este mismo verano con 70 acciones concretas hasta 2025, definidas en un proceso participativo desarrollado en las tres provincias aragonesas junto al sector. Un plan que se vio reforzado el pasado 1 de diciembre con la aprobación de la Ley de Economía Social en las Cortes de Aragón, una norma impulsada por el Gobierno de Aragón y diseñada también en colaboración con el propio sector, que pretende fomentar, regular y visibilizar este tipo de economía, y dar respuesta a su creciente relevancia en nuestro territorio.

Entre los próximos pasos, tal y como ha apuntado la consejera, destaca la creación del Consejo Aragonés de Economía Social para tener una interlocución continua y directa con el sector, y la incorporación en el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) de representantes de la economía social.

Dentro de ese Plan de Impulso se enmarca también el apoyo y financiación de la Cátedra de Economía Social y Cooperativas y otras medidas como el programa de aceleración empresarial ideado específicamente para iniciativas de economía social innovadoras, bautizado como IMPACT, que comenzó este mes tras la selección de los seis proyectos participantes. Además, Aragón Exterior está elaborando ya un plan de acompañamiento en materia de internacionalización dirigido específicamente a este tipo de entidades.

También figuran en ese listado de medidas múltiples jornadas y acciones de difusión junto a organismos como los Colegios de Graduados Sociales y de Gestores Administrativos, financiación específica a través de SODIAR, las diversas líneas de ayudas del INAEM e incentivos fiscales de 4.000 euros en materia de IRPF, en concepto de deducción por inversión en entidades de la economía social.