Aragón exige al Ministerio de Educación que proponga medidas claras para el desarrollo de la profesión docente y la calidad del sistema educativo

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte trasladará mañana su queja al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ante la “desafortunada” creación de los grupos de trabajo sobre la reforma de la profesión docente en la Comisión de Personal, que se celebra en el marco institucional de la Conferencia de Educación, que reúne al Estado con las comunidades autónomas.

El Gobierno de Aragón valora la creación de un foro de diálogo entre las comunidades autónomas y el Ministerio que permita debatir sobre aspectos cruciales del sistema educativo y de la profesión docente; pero a su vez quiere dejar patente su crítica “por la atemporalidad de los mismos, la falta de una programación clara, de la concreción de los participantes y de los temas que está previsto abordar”.

Para Aragón, el Ministerio tiene que crear “un marco de confianza y lealtad institucional que permita gestionar a cada administración en el marco de sus competencias las decisiones adoptadas con el tiempo necesario para una puesta en marcha coherente”. Por ello, le reclama que “deje de hacer política de salón” con el intercambio de documentos y la publicación de normas carentes de sentido, y que respete, en todo caso, la distribución competencial.

En este sentido, recuerda la aprobación de la ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, con la que el Ministerio “inició un modelo de política de anuncios en BOA, sin efecto alguno”. De hecho, no ha sido hasta seis años después, y gracias al Ejecutivo aragonés cuando se han acordado mejoras salariales y de condiciones laborales para los docentes aragoneses, que supondrán la inyección de más de 126 millones de euros hasta 2027.

En cuanto a la creación de los grupos de trabajo, Aragón lamenta que no se haya tenido en cuenta de forma previa a las Comunidades y reclama al Ministerio una descripción clara de los temas a tratar y de los interlocutores que se van a integrar en cada uno de ellos.

Por ejemplo, Educación entiende que sí se van a trabajar las competencias profesionales docentes y la formación inicial del profesorado, los representantes de las facultades de Educación deberían estar presentes o incluso se debería convocar a los representantes en materia de Universidad de cada comunidad autónoma.

Desde Aragón se insta al Ministerio a abordar con seriedad y certidumbre temas cruciales para el desarrollo de la profesión docente, como es el desarrollo de los temarios de las oposiciones, que fueron publicados en el siglo pasado. La revisión de los temarios y del sistema de acceso debe ser afrontada desde la lealtad institucional sin acuerdos previos entre las diferentes partes, con rigor y una programación inicial que dé certidumbre a los administradores y al conjunto de futuros docentes que van a depositar su confianza en la función pública través de los procesos selectivos.

También considera de especial relevancia la reducción de la burocracia, dado que la gestión burocrática a la que somete el Ministerio a las Comunidades autónomas es uno de los principales factores de conflicto en los centros aragoneses. De hecho, el Departamento de Educación ha instado ya al Estado a reducir los procesos burocráticos en sus programas de cooperación, empezando por los procesos de justificación de fondos como en el programa PROA, que ha llevado “hasta el límite a muchos equipos directivos” de centros aragoneses.

Por último, el Gobierno de Aragón solicita también respeto a las competencias autonómicas en materia de Educación y recuerda que no corresponde al Ministerio la organización ni gestión de aspectos como la formación permanente del profesorado o las condiciones del desempeño docente. Lamenta a este respecto que el Gobierno central se haya asignado impropiamente también competencias en jornada, ratios o apoyos.

“En los últimos años, el Ministerio solo se ha limitado a la firma de normas carentes de contenido y sobre todo de partida presupuestaria, provocando el periodo de mayores desigualdades en estos temas desde que las comunidades autónomas asumieran las competencias educativas”, concluye el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello.