El Departamento de Educación presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para paralizar las ‘reválidas’ de Primaria

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha mostrado su rechazo a las pruebas de evaluación final de Educación Primaria que el Consejo de Ministros ha aprobado porque ponen de manifiesto la nula disposición al diálogo del Partido Popular, su escasa consideración hacia la situación del alumnado y sus familias, así como una grave alteración del procedimiento legal previsto para la elaboración de la normativa básica del Estado. Esta decisión del Gobierno de Rajoy vuelve a poner de manifiesto el nulo interés del PP en participar en la consecución de un gran acuerdo educativo en toda España.   El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, establecida en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. El nuevo Real Decreto obligará a todo el alumnado de sexto de Primaria a someterse a unas pruebas al finalizar este curso con el propósito de elaborar un ranking nacional de centros educativos, partiendo de las calificaciones obtenidas por cada uno de los alumnos. El ranking será elaborado por el Ministerio de Educación, si bien las pruebas serán diseñadas y aplicadas por las administraciones autonómicas.   Esta decisión, ajena por completo al sentido orientador de cualquier prueba de diagnóstico, fue claramente rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas, que pidieron al ministro paralizar la aplicación de la LOMCE. Ante esta petición, la respuesta del gobierno de Rajoy ha sido, una vez más, el desprecio a quienes no piensan como ellos. La consejera ha recordado que la nula voluntad democrática ha llevado al gobierno central a cometer una ilegalidad: han aprobado una normativa básica sin el debido informe de la Conferencia Sectorial de Educación. Este órgano establece en su reglamento que debe servir de cauce de información y participación en los procesos de elaboración de las normas educativas. En este sentido, el Real Decreto que regulará las ‘reválidas’ de Primaria no cumple la condición que el propio documento establece y que dice: “En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia de Educación”. Las comunidades no han tenido oportunidad de pronunciarse sobre el texto aprobado.   Por esta razón, las comunidades en las que gobierna el PSOE solo o en coalición van a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la paralización del Real Decreto. Asimismo, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón enviará una carta al ministro de Educación para trasladarle su postura.