La participación será un aspecto primordial en el proceso de elaboración de la Ley de Memoria Democrática de Aragón

El proceso participativo para la elaboración de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, que contará con una doble modalidad de talleres presenciales y on-line, será un elemento determinante en todas sus fases. De hecho, en la redacción del primer borrador se encuentran trabajando ya miembros de varios departamentos del Gobierno de Aragón.

La Comisión a la que se ha encargado la elaboración del texto legal trabaja ya en un primer borrador que será objeto, en el plazo aproximado de mes y medio, de un proceso participativo que constará de reuniones con asociaciones cuya actividad está vinculada con la recuperación de la Memoria Histórica, y de una página para poder participar dentro del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

La Comisión la conforman miembros de la Presidencia del Gobierno de Aragón y de los Departamentos de Presidencia y de Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito.

La idea de la Comisión es tener listo en algo más de un mes un primer documento de partida para, posteriormente, y a través de este proceso participativo, recabar y dar cabida a sensibilidades y opiniones en un campo tan amplio como es el de la Memoria Democrática.

Miembros de la Comisión han estudiado las características de las leyes autonómicas en esta materia para, una vez estudiadas, iniciar la elaboración de un primer texto, que podría estar en el plazo aproximado de un mes.

Se han evaluado los avances legislativos ya existentes en otras autonomías. La ley vigente en Navarra y el proyecto de Ley pendiente de aprobar en Andalucía son las referencias principales y, de hecho, se han establecido contactos con redactores y gestores del área en estas y otras comunidades autónomas. En la Comisión se trabaja, no obstante, desde la convicción de que es preciso elaborar una Ley que atienda a la idiosincrasia particular y a las necesidades específicas de Aragón.

Tras los consiguientes procesos de alegaciones y de participación pública, la intención es poder presentar un Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón antes del verano de 2017, una vez superado el trámite de su paso por el Consejo de Gobierno.

“El objetivo de la ley es la estabilidad, que perdure en el tiempo por encima de vaivenes políticos”, destacaron miembros de la Comisión. “Que sea una ley realista y práctica atendiendo a nuestro marco legal y de competencias, que sea técnica y jurídicamente aplicable para atender a su principal objetivo: fomentar y asentar en la sociedad una memoria democrática madura, inclusiva y crítica hacia cualquier forma de exclusión y violencia a partir del compromiso con los principios de verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición”.

El derecho a acceder a la verdad contempla un abanico de medidas que el Gobierno de Aragón puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, algo que va desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación que todavía puede aportar valiosa información.

La reparación ha de incluir cuestiones como la creación y gestión de los lugares de memoria o la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito a la dictadura franquista.

El principio de justicia debe acompañar todas las políticas públicas de memoria, siendo la intención de la Ley avanzar en todos los espacios que permitan las competencias autonómicas para lograr la revisión de la justicia franquista y la consideración de los crímenes del franquismo como delitos que no prescriben y sujetos al derecho internacional.

La garantía de no repetición supone la actualización de la memoria a nuestro presente para que actúe como reactivo ante las amenazas a las que se enfrenta nuestra democracia. Contempla la inclusión de contenidos curriculares que expliquen entre los jóvenes la necesidad de preservar nuestro modo de convivencia, la difusión cultural de los episodios que jalonan la historia de la construcción de la democracia, o el acompañamiento institucional a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Se contempla, además, para hacer cumplir la Ley, la elaboración de un régimen sancionador que penalice, por ejemplo, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos.