Hacienda
El Gobierno de Aragón aprueba un decreto-ley para garantizar la subida salarial del personal público en 2025 y 2026
La medida fija un aumento retributivo de hasta el 2,5 % en 2025 -ya materializado- y prevé nuevas mejoras salariales para 2026
Las cortes de Aragón han aprobado un Decreto-ley que permite aplicar los incrementos retributivos del personal al servicio del sector público autonómico correspondientes a los años 2025 y 2026 a propuesta del departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.
La ley garantiza un incremento salarial máximo del 2,5 % en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Este aumento incluye el 0,5 % adicional y consolidable ya previsto en la normativa estatal. El abono de la subida ya se ha materializado y quedó reflejado en la paga extra de este diciembre, que cobraron los funcionarios de la Administración General, Sanidad, Educación y Justicia de la comunidad autónoma.
El Decreto-ley contempla para 2026 un incremento adicional máximo del 1,5 %, así como un 0,5 % añadido y consolidable si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 %, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros. El Decreto-ley resulta obligado debido a la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2024, lo que hacía imprescindible una norma con rango de ley para aplicar de forma inmediata la legislación básica estatal y asegurar que el personal público aragonés perciba las subidas salariales sin demora.
Para financiar estas medidas, el Gobierno de Aragón aprueba un suplemento de crédito de hasta 25 millones de euros, destinado a gastos de personal, que podrá financiarse mediante endeudamiento, conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria. Asimismo, se autoriza al Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública a concertar operaciones de crédito o préstamo por dicho importe.
El Decreto-ley, que consta de seis artículos y tres disposiciones finales, se ha tramitado conforme a los principios de buena regulación, no genera cargas administrativas adicionales para la ciudadanía y ha sido negociado previamente en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. También cuenta con informe favorable de la Dirección General de Servicios Jurídicos. La norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.