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Viernes, 4 de abril de 2025

Universidad

Impulso a la profesionalización de la contratación pública con un convenio Gobierno Universidad

Aragón y Castilla-La Mancha acuerdan con las universidades públicas en ambos territorios impulsar la profesionalización en materia de contratación

El Gobierno de Aragón levanta la suspensión de los procedimientos administrativos indispensables para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos
Fachada del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón

Los Gobiernos Autónomos de Aragón y Castilla-La Mancha han firmado un protocolo con las universidades de Zaragoza y Castilla-La Mancha con el objetivo de promover la profesionalización de los empleados públicos en materia de contratación en las administraciones autonómicas.

El acuerdo fue suscrito el 26 de marzo por Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón; Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Antonio Mayoral, rector en funciones de la Universidad de Zaragoza.

Este protocolo establece un marco de colaboración entre las partes firmantes para diseñar y ejecutar una serie de iniciativas destinadas a mejorar la capacitación de los profesionales encargados de la contratación pública en las administraciones autonómicas de ambas comunidades.

Entre los objetivos del acuerdo se incluyen: el diseño de una matriz de competencias para los profesionales de la contratación pública, basada en el marco europeo PROCURCOMP; la creación de un itinerario formativo flexible y completo para el personal público encargado de estas tareas; y la implementación de un sistema de certificación de formación mediante microcredenciales digitales seguras y transferibles a nivel europeo.

El protocolo también promueve la creación de herramientas de evaluación y certificación independientes, la colaboración entre administraciones públicas y universidades para desarrollar un marco común de competencias, y la inclusión de expertos de la Comisión Europea en las iniciativas formativas. Además, se busca impulsar el intercambio de cursos, seminarios y otras actividades, así como mejorar la capacitación de los operadores económicos en materia de contratación pública.

Para supervisar la implementación de las acciones acordadas, se ha creado un grupo de trabajo integrado por profesionales especializados, encargados de identificar las mejores propuestas y herramientas para cumplir los objetivos establecidos.

Este protocolo está abierto a la adhesión de otras instituciones autonómicas, que podrán formalizar convenios específicos para implementar programas concretos.