Aprobada una ley de medidas tributarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Medidas para el Mantenimiento de los Servicios Públicos. Como su propio enunciado indica, el objetivo principal de los cambios previstos en la regulación tributaria de la Comunidad es asegurar, con una recaudación adicional en torno a los 100 millones de euros en 2016, la sostenibilidad de los servicios propios del llamado Estado del Bienestar, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales.   Se trata de una ley de carácter estructural fundamental en el desarrollo del principio que figura en los acuerdos de investidura de no recortar más gastos, sino, al contrario, reforzar las políticas sociales. Un principio que obligaba por tanto a actuar sobre los ingresos no sólo para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria y corregir las desviaciones de déficit, endeudamiento o morosidad como exigen la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y el Ministerio de Hacienda, sino también para avanzar en la redistribución de la riqueza conforme a los principios de progresividad y justicia social, ajustándose a los parámetros de la prudencia financiera y sin subir la presión fiscal para la mayoría de los ciudadanos, como se comprometió el presidente Javier Lambán al principio de su mandato.   Las novedades tributarias previstas en esta ley, acordes al marco general de consolidación fiscal y estabilidad presupuestaria, podrán aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 sin estar supeditadas a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad y las correspondientes medidas fiscales conocidas como ley de acompañamiento, que a diferencia de ésta, tiene un carácter coyuntural dada su proyección en el tiempo para un año.   No obstante, el nuevo marco fiscal que se establece en esta ley será decisivo ?junto al Plan Económico?Financiero presentado al Ministerio de Hacienda y pendiente de aprobación a la vez que los planes de ajuste del resto de Comunidades Autónomas de régimen común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)? para la configuración de unos presupuestos viables, creíbles y reales, que incluyan las partidas sin consignación este ejercicio para las nóminas de los funcionarios, así como las prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción y las ayudas a la Dependencia.   El incremento de la recaudación previsto parte de la base de que Aragón es en la actualidad la  segunda Comunidad, después de Madrid, con menor presión fiscal en conjunto. Con las modificaciones previstas, Aragón se sitúa en todos los impuestos en la media de las CC.AA. En realidad, se hace tardíamente y en solo un año lo que han hecho en los últimos cuatro años todas las Autonomías, incluidas las del PP, salvo Madrid y La Rioja: reforzar sus ingresos. Hubo CC.AA. que tuvieron que eliminar beneficios en sucesiones (Murcia, Castilla León, Cantabria);  todas menos La Rioja establecieron el de Hidrocarburos, y en todas salvo Madrid y La Rioja se subió el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), llegando la mayor parte de ellas al 10%. La mayor parte de ellas también subió el IRPF.     La necesidad de incrementar los ingresos se hace además perentoria en Aragón habida cuenta de que los 690 millones déficit previsto por la Intervención General de la Comunidad para fin de año casi triplican el límite legal del 0,7% del PIB; que los ingresos sobredimensionados ascenderán a 174 millones de euros; o que faltan por consignar partidas presupuestarias por un importe total de 620 millones de euros, de los que el Salud acapara por sí solo 426 millones.   Y además hay que sumar otras insuficiencias de gastos reflejadas en el mismo informe que no aparecen en el presupuesto y ni siquiera en la contabilidad, pero a los que también habrá que hacer frente (tranvía, convenio con la Universidad de Zaragoza, estación del AVE de Plaza y autopista autonómica), por valor de 127 millones de euros, con lo que el desfase total ascendía a 920 millones a 31 de agosto y todavía puede aumentar a final de año.   Las diversas medidas tributarias previstas en diversos impuestos medioambientales, en Hidrocarburos, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, IRPF, o Transmisiones Patrimoniales  (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) no afectarán a la mayoría de ciudadanos, particularmente a las clases medias y bajas, ni tampoco a las pequeñas y medianas empresas (pymes) o autónomos, dado que mantener todas las iniciativas de empleo es otro de los objetivos prioritarios de este Gobierno.   Impuesto sobre Contaminación de las Aguas   Algunas de las novedades impositivas no tendrán efecto presupuestario hasta 2018, si bien la recaudación se incrementará ya en el próximo ejercicio en 88 millones y en torno a 100 si se incluyen los ingresos derivados de la asunción por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) desde el 1 de enero tanto de la gestión como de la recaudación del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (antiguo canon de saneamiento), una vez descontada la subvención del 60% que, a pesar de no figurar expresamente en esta ley, se establecerá más adelante para todos los municipios que han hecho depuradoras con sus propios recursos, incluida Zaragoza capital.   Nuevos tributos medioambientales   La Ley para el mantenimiento de los servicios públicos incorpora un conjunto de impuestos medioambientales de ámbito autonómico. Recupera el de Transportes por Cable que se suprimió al principio de la legislatura anterior y crea otros nuevos sobre las Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sobre los Embalses. Estos impuestos medioambientales se suman a los ya existentes sobre la Emisión de Sustancias Contaminantes a la Atmósfera y sobre las Grandes Áreas de Venta.   Con el Impuesto sobre Embalses, implantado desde hace años en Galicia o Castilla y León y que grava la producción hidroeléctrica en función de la capacidad de cada embalse y la altura de la presa, se esperan obtener 12 millones de euros. Con el de Líneas de Alta Tensión, en función de su afección ambiental e impacto visual en el entorno natural, 1,5 millones. Y otro tanto se espera obtener con el de Transportes por Cable, con especial incidencia en las estaciones de esquí de la Comunidad.       Profesionales y calefacción, excluidos en Hidrocarburos   Otra novedad es el establecimiento de un tipo autonómico del impuesto especial sobre Hidrocarburos, con el que se esperan obtener 18 millones de euros adicionales. En este impuesto no se verán afectados sectores profesionales castigados por la crisis para evitar cualquier posible perjuicio derivado en materia de empleo; un objetivo  prioritario de este Gobierno.   En este sentido, el nuevo gravamen no afectará a transportistas, taxistas ni agricultores. Tampoco incidirá en el gasóleo de calefacción. Y en cuanto al combustible para automoción, un conductor que haga 15.000 kilómetros al año con un consumo de 10 litros -ambos parámetros de referencia ya altos de por sí-, tan solo tendrá que pagar 3 euros más al mes.   Reajuste en Sucesiones y Donaciones   La nueva ley modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para reequilibrar la relación actualmente descompensada entre ambos conceptos tributarios, por la que muchos contribuyentes prefieren donar en vida sus bienes a sus hijos antes que dejárselos en herencia ya que les resulta más barato.   En este sentido, por considerarlas injustificadas y servir indebidamente a esquemas de planificación fiscal, se eliminan en Donaciones tanto la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a 402.000 euros como la reducción del 100% si el valor de los bienes que pasan de padres a hijos no supera los 300.000 euros.   Asimismo, en Sucesiones se considera más equitativo que quien aumenta su renta gratuitamente contribuya también al sostenimiento de los servicios públicos, para lo que se elimina también la bonificación del 65% para patrimonios preexistentes de más de 402.000 euros, si bien se mantienen los beneficios para las herencias pequeñas y medias. En todo caso, la modificación no afecta a la vivienda familiar ni a los planes de pensiones.   En Sucesiones se vuelve a la situación que había en 2011 con la supresión de este beneficio fiscal que tan sólo se aplicaron en 2014 un 2,5% de los contribuyentes, pero que sin embargo supuso un coste cercano a los 8 millones de euros para las arcas autonómicas, lo que ilustra claramente la justicia redistributiva de la medida. En todo caso, tanto autónomos como sociedades familiares solo pagarán el 1% de lo que se les podría aplicar, ya que Aragón está entre las CC.AA con el mayor beneficio en España para empresas familiares.   Estos cambios permitirán un aumento de los ingresos fiscales de 20 millones de euros anuales, si bien en 2016 sólo serían de 12 millones por la existencia de un plazo de autoliquidación de seis meses.   Mínimo exento inferior en Patrimonio   Los acuerdos de investidura también se plasman en este impuesto que grava directamente la  riqueza de los ciudadanos, exigiendo un mayor esfuerzo a los contribuyentes más ricos, para lo que el mínimo exento actual de 700.000 euros se reduce a 500.000, equivalente al implantado en Cataluña. Con esta propuesta, se esperan recaudar 9 millones de euros adicionales en el próximo ejercicio. No obstante, ni los autónomos ni las sociedades familiares pagaran nada tampoco en ese impuesto.   Teniendo en cuenta las exenciones establecidas, quien tenga una empresa por valor de 300.000 euros no pagará nada por este impuesto, al igual que los titulares de planes de pensiones por valor de 20 millones de euros. Y un matrimonio con una vivienda de 600.000 euros, un plan de pensiones de 800.000, acciones de la empresa familiar por valor de 5 millones de euros y dinero en el banco por valor de 750.000 euros tampoco pagará nada conforme a la regulación propuesta.   El IRPF sólo sube para las rentas más altas   Otra medida de redistribución de la riqueza con criterios de mayor justicia social es el IRPF, en cuya escala autonómica se crean cuatro nuevos tramos para los niveles superiores de renta, establecidos en la ley a partir de 90.000 euros, con tipos impositivos progresivos que van del 23,5 al 25%, un tipo medio punto inferior al implantado ya en Comunidades como Andalucía, Asturias o Cataluña.   Esta subida sólo afectará al 0,5% de los aragoneses, o, lo que es lo mismo, en 2016 el 99,5% de los aragoneses pagarán en lo mismo por el tramo autonómico del IRPF que este año. Cabe recordar que, aunque este año haya bajado, desde 2011 a 2014 el tipo impositivo aplicado por el Gobierno central en el tramo estatal del IRPF para las rentas más altas ha sido del 30,5%, muy por encima de la propuesta para el tramo autonómico en 2016.   Aún así, los cambios planteados permitirían incrementar la recaudación en unos 4 millones de euros, si bien no tendrían efecto presupuestario hasta 2018. Lo mismo ocurre con la supresión de la deducción del 10% en la cuota del IRPF por primas de seguros privados de salud vigente en 2014 y 2015, que ha supuesto coste anual superior a los 2 millones de euros, cantidad que se estima que recuperarán las arcas autonómicas, aunque su efecto en las cuentas no se refleje hasta dentro de dos años. En todo caso, se trata de una medida concebida primordialmente en defensa de la sanidad pública.   Transmisiones y Actos Jurídicos   Finalmente, se introduce un conjunto de modificaciones en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que supondrán una recaudación adicional de 34 millones de euros, eliminando algunos beneficios que propiciaban estrategias de planificación fiscal, pero sin dejar de atender el principio de redistribución de la riqueza. En este sentido, y por razones de equidad, se crea una bonificación en cuota del 12,5% en la adquisición de la vivienda habitual para los ciudadanos de menos de 30 años y para los que tengan una discapacidad igual o superior al 65%, lo que equivale a que sigan tributando al 7%.   El tipo general en Transmisiones Patrimoniales, que grava fundamentalmente la compra de vivienda usada, pasa del 7 al 8%, y al 9% para bienes cuyo valor supere los 500.000 euros. Con esta medida se aproxima el tipo impositivo a los existentes en el IVA (10% para vivienda y 21% para otros inmuebles). Y en coherencia, se adecuan los tipos actuales sobre las concesiones administrativas sobre inmuebles, que se gravan al 8%, y las operaciones con renuncia a la exención de IVA, que pasan del 2 al 3%. Las cuotas resultantes en Aragón siguen siendo claramente inferiores a las de otras CC.AA en 2015, salvo  La Rioja y Madrid.   Como en la mayor parte de las CC.AA, el tipo general en AJD, que grava fundamentalmente la compra de vivienda nueva y los préstamos hipotecarios, pasa del 1 al 1,5% y las operaciones con opción a la renuncia a la exención del IVA pasan del 1,5% al 2%, lo que supone un importe equivalente al que pagarían Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia o Valencia.   Finalmente, se realizan algunos ajustes técnicos, con un efecto prácticamente neutro para los contribuyentes, al cambiar los tipos reducidos por bonificaciones en cuota respecto a las medidas ya existentes en ambos impuestos para adquisición de vivienda por familias numerosas. Y se derogan por su escasa cobertura social los preceptos en vigor sobre el tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial para la adquisición de otra; las operaciones relacionadas con actuaciones protegidas de rehabilitación; y operaciones de préstamo o crédito a microempresas.   Actuaciones conjuntas   Todas las medidas tributarias previstas en esta ley se suman a otras acciones adoptadas ya para el saneamiento de las cuentas públicas de la Comunidad, como la renovación del endeudamiento de las empresas públicas, o bien que se prevén adoptar en el futuro dada la acreditada insuficiencia financiera estructural que padecen todas las CC.AA. de régimen común para atender los servicios esenciales con incidencia más directa en la vida diaria de los ciudadanos, lo que requiere una profunda revisión conjunta del sistema de financiación autonómica para la que el Gobierno aragonés ya está preparando sus aportaciones.