La auditoría detecta graves desajustes presupuestarios y financieros, recomendando la adopción inmediata de decisiones para corregirlos

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha presentado las conclusiones del informe sobre la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborado durante las últimas semanas por la Intervención General, órgano de carácter técnico del Ejecutivo autónomo.

El trabajo analiza dos áreas diferentes: por un lado, la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo sus organismos autónomos y entidades de derecho público. Por otro, el sector público empresarial, fundaciones y consorcios.

En el caso de la Administración General y sus organismos se trata de determinar el gasto real realizado a 30 de junio de 2011, su evolución hasta el 30 de septiembre y la previsión a final del presente ejercicio. Se estudian específicamente la ejecución presupuestaria en las áreas sanitaria y de prestaciones sociales para determinar el volumen de la deuda al final del ejercicio, análisis que se completa con una visión de otros aspectos como la situación de tesorería, el endeudamiento o el  gasto plurianual comprometido. En el caso del sector público empresarial se fija la vista en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y en la Corporación Empresarial Pública, con especial atención a las empresas que actualmente incurren en un mayor riesgo tanto por su importancia económica como por la situación del sector en el que actúan.

Para realizar este análisis se ha partido de los datos del sistema de información contable de la Intervención General, los datos de la Cuenta General de 2010 y la información remitida por los diversos órganos, entes y empresas.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, que solicitaba el pasado viernes 14 de octubre comparecer a petición propia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón para exponer las principales conclusiones del informe ante los grupos parlamentarios de la Cámara regional, ha señalado durante la presentación que “la situación de la Comunidad Autónoma es delicada y comprometida, la Intervención General concluye que existen gravísimos desequilibrios presupuestarios y financieros que exigen que tomemos medidas correctoras de manera inminente”.

0. Facturas pendientes de imputar a 30 de junio de 2011

A) Administración General y organismos públicos

La auditoría ha detectado facturas pendientes no imputadas a presupuestos que ascendían a 35,6 millones de euros en la Administración General a 30 de junio de 2011. De ellas, la mayor parte (30%) correspondía al Departamento de Presidencia y Justicia y el 29% al de Sanidad, Bienestar Social y Familia. En el primer caso -10,6 millones de euros- encontramos gastos relativos a programas como el de Administración de Justicia o compromisos adquiridos con cargo al programa de Servicios Generales del Departamento, en el que se engloban varios patrocinios. En el Departamento de Sanidad la cantidad es de 10,4 millones de euros. En ella hay compromisos como los correspondientes a los programas de Apoyo a la Inmigración o Protección y Promoción de la Salud, sobre todo en lo tocante a asistencia sanitaria a pacientes. Esencialmente son obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

B) Organismos autónomos y entidades de derecho público

En el caso de los organismos autónomos el gasto no imputado a presupuesto ascendía a 30 de junio de 2011 a 9,2 millones de euros y deriva de actuaciones como las del Instituto Aragonés de Empleo -6,2 millones de euros de líneas como las de Promoción del Empleo Autónomo, Contratación Estable, Empresas de Inserción, Cooperativas y Sociedades Laborales o Centros Especiales de Empleo- o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales -1,9 millones de euros con cargo al capítulo II del presupuesto y facturas a registrar del año 2010 relativas a cuestiones como electricidad o gasóleo-. Si sumamos el gasto no imputado de los organismos autónomos (9,2 millones de euros) con el de las entidades de derecho público (2 millones de euros) la cantidad total se sitúa en 11,2 millones de euros. Entre las entidades hay gasto de algunas como Aragonesa de Servicios Telemáticos o el Instituto Aragonés del Agua.

Respecto a la entidad Banco de Sangre y Tejidos, si bien el análisis del gasto se realiza en el apartado correspondiente a la deuda sanitaria, hay que señalar que su déficit presupuestario asciende a 4 millones de euros, a consecuencia de que la previsión del presupuesto de ingresos no ha respondido a su ejecución.

1. Estimación del gasto a 31 de diciembre de 2011

La proyección realizada por la Intervención General indica que el gasto global estimado a 31 de diciembre será de 5.133 millones de euros. Además hay cerca de 36 millones de euros no presupuestados por los Departamentos y organismos públicos, 400 millones de deuda sanitaria igualmente no presupuestada y 29 millones de deuda derivada de la prestación de servicios sociales (ayudas a la dependencia).

A la vista de estos datos, la Intervención General concluye en su informe que la situación económica de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades de derecho público es claramente deficitaria, presentándose necesidades de gasto mayores de las previstas que, pese a los esfuerzos de contención en todos los capítulos de gasto del presupuesto, serán a 31 de diciembre de 465 millones.

Comparando estas cifras con la estimación de ingresos a 31 de diciembre calculada a fecha de cierre de la auditoría, que asciende a 4.655 millones de euros, la diferencia negativa obtenida es de 943 millones de euros- déficit que tendremos a final de año-, cantidad que impacta directamente sobre la previsión de actuación de la Administración en el ejercicio 2012, cuyo presupuesto debe hacer frente no únicamente a este exceso producido, sino a los gastos plurianuales ya comprometidos y al posible coste de la morosidad, fundamentalmente en el área sanitaria.

2. La deuda sanitaria

El monto total de la deuda que al cierre del ejercicio 2011 quedará pendiente de aplicar al presupuesto en el organismo autónomo se situará en el entorno de los 400 millones de euros. Esta cifra se obtiene al combinar la proyección del gasto final de 449,7 millones de euros –determinado a partir del análisis de los contratos de gestión firmados por cada centro con el organismo autónomo- con un crédito estimado de 288 millones de euros (Ley de Presupuestos 2011), un déficit presupuestario al cierre de 2010 de 220 millones de euros y 34 millones de la deuda pendiente de los centros sin contrato de gestión y el gasto de aquellas obras que aún no han sido recogidas presupuestariamente. A juicio de la Intervención General, la deuda de los centros sanitarios compromete gravemente la situación económica de la Administración.

3. Deuda de prestaciones sociales

A 31 de diciembre de 2011 el déficit presupuestario estimado en prestaciones sociales rondará los 29 millones de euros.

4. Situación de la tesorería de la Comunidad Autónoma

Las obligaciones presupuestarias contabilizadas pendientes de pago a 31 de diciembre pueden estar alrededor de los 562 millones de euros. La cifra pendiente de pago a proveedores y diversos acreedores sería de 435 millones de euros y la correspondiente a varias entidades financieras por cuentas de crédito dispuestas de 127. En conclusión, la situación de liquidez a 31 de diciembre –deduce el trabajo de la Intervención General- será crítica, tomando en consideración además la evolución negativa de las estimaciones de ingresos de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Hacienda ha explicado que “hemos seleccionado obligaciones esenciales donde nunca va a faltar dinero para pagar, que son las relacionadas con las nóminas, farmacia y servicios sociales, educativos y sanitarios”.

5. Endeudamiento

En relación con el endeudamiento, el incremento de la deuda viene produciéndose desde el año 2008. En términos de Producto Interior Bruto (PIB) desde el año 95 los valores venían situándose en un porcentaje medio del 4,5%, comenzando a crecer a partir de 2009 para llegar al 10,1% en el presente ejercicio. En valores absolutos, la deuda viva se ha duplicado en los últimos tres ejercicios (1.517 millones de euros en 2008 y 4,5% sobre PIB, 1.890 y 5,8% en 2009, 2.901 y 8,9% en 2010 y 3.332 y 10,1% en 2011). El consejero Garcés ha añadido que “la Intervención alerta en este punto del riesgo de un crecimiento en los próximos meses como consecuencia de la necesidad de refinanciar este saldo recurrentemente”.

6. Gastos plurianuales

La previsión de gastos plurianuales futuros es de 8.042 millones de euros. Destacan los compromisos adquiridos por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, con un 71% del montante global -motivado por la adjudicación del Plan Red, que compromete gasto hasta el año 2038- y el Instituto Aragonés del Agua, con un porcentaje superior al 17% debido al programa EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Para la Intervención la carga de compromiso a largo plazo que los planes de Depuración y Red imponen a  los presupuestos resulta preocupante.

Si para 2012 se suma la carga de la deuda trasladada de 2011 a los compromisos de gasto futuro ya adquiridos para ese ejercicio, una quinta parte del presupuesto de 2012 ya está dispuesto, lo cual, unido a la tendencia a la baja que se advierte en los ingresos hipoteca gravemente las políticas de gasto de la Comunidad.

C) Sector Público Empresarial

C-1) Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

Tanto la televisión como la radio presentan regularmente resultados negativos. Las pérdidas acumuladas a lo largo de los últimos 6 ejercicios ascienden a 264 millones de euros. En 2005 eran de 1,5 millones de euros y el ejercicio que mayor pérdida presenta es el de 2008, con 66,5 millones de euros. Respecto a los ingresos previstos para 2011, claramente insuficientes para afrontar el gasto, presentan reducciones respecto al ejercicio anterior (en publicidad, por ejemplo, de un 20%).

A cierre de 2010 las deudas con terceros acreedores y proveedores se sitúan en 23,2 millones de euros.

C-2) Corporación Empresarial Pública de Aragón

El Gobierno de Aragón está presente en 37 empresas públicas y participa en 65 empresas privadas (102 compañías en total). De las empresas en las que la Comunidad Autónoma tiene una aportación en el accionariado superior al 50%, únicamente 7 presentan ganancias.

C-3) Deuda del sector público empresarial

A finales de 2010 existía una deuda a pagar por las empresas públicas de 610 millones de euros, de los cuales 207 corresponden a deudas a largo plazo. De 2008 a 2010 se ha multiplicado por seis la deuda a largo plazo que tienen contraída las empresas públicas con entidades financieras.

La deuda se concentra en las empresas de la Comunidad Autónoma enmarcadas dentro del sector inmobiliario. Al tratarse del sector al que con mayor incidencia está afectando la crisis actual es de prever las dificultades que puedan tener tales empresas para atender sus compromisos.

Además, la Intervención recuerda la existencia de cartas de compromiso emitidas por la Corporación Empresarial Pública de Aragón y por el propio Gobierno de Aragón. Las cartas de compromiso son un tipo de documento por el cual la Corporación o el consejero de Economía se comprometían a garantizar la participación de la Comunidad Autónoma en las empresas del sector público  e incluso en determinados casos a atender las obligaciones que incumpliesen estas empresas garantizadas.

Todo ello lleva a la Intervención General a poner de manifiesto el alto riesgo que ha asumido el Gobierno de Aragón en los últimos años con la firma de estas cartas o avales no constituidos en la forma legalmente prevista en la normativa, que necesariamente ha de cumplir la Administración Autonómica.

C-4) Inversiones inmobiliarias

Al cierre del ejercicio 2010 hay más de 476 millones de euros de activos en forma de terrenos, solares y edificios construidos. De ellos, 190,3 están afectados por una promesa de hipoteca para garantizar un préstamo sindicado de 111,5 millones de euros.

Se detectan en general unas insuficientes correcciones valorativas por deterioros de los inmuebles, lo que en las circunstancias actuales del mercado del sector eleva el riesgo de forma considerable en cuanto al reflejo fiel en cuentas del valor real del activo de las sociedades. Si se valoraran los edificios teniendo en cuenta este hecho, la valoración contable diferiría notablemente de la actual.

De modo general, la Intervención considera sobre la Corporación Empresarial Pública de Aragón que es necesaria una reflexión sobre la necesidad, utilidad y oportunidad de que coexistan distintas personas jurídicas para funciones a desarrollar que, por no tener una clara diferenciación, resultan similares. Además –prosigue el informe- el entramado empresarial de participaciones directas e indirectas en varios niveles, tanto en las empresas públicas como en las participaciones en empresas privadas afecta a la transparencia y eficacia que debe estar presente y es exigible a todo el sector público. Por otra parte la falta de transparencia se ve incrementada porque no todos los entes cumplen con su obligación de rendir cuentas.

El consejero de Hacienda y Administración Pública ha recordado que “la Intervención concluye que algunas sociedades deberían liquidarse inmediatamente, otras reestructurarse e incluso las hay sin justificación técnica. Las mayores cuotas de endeudamiento se concentran en las dedicadas al sector inmobiliario”.

C-5) Análisis de las empresas de mayor riesgo actual

A la vista de la actual situación de coyuntura económica, así como del peso que suponen en el conjunto del sector público empresarial, se han analizado en profundidad las empresas que pueden representar un mayor riesgo para el Gobierno de Aragón como partícipe en su capital. Se trata de las siguientes:

- Plataforma Logística de Zaragoza

- Plataforma Logística de Huesca

- Plaza Desarrollos Logísticos

- Suelo y Vivienda de Aragón

- Expo Zaragoza Empresarial

- Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas

- Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón

- Avalia Aragón

- Aramón Montañas de Aragón

El mayor déficit se concentra en las empresas del sector inmobiliario, que presentan una situación delicada, pudiéndose considerar la viabilidad de alguna de ellas según la Intervención General, que añade a tenor de la información de que dispone los siguientes argumentos:

- Su actividad es a la baja, manteniéndose en algunos casos a través de encargos de la Administración, lo que lleva a considerar su posible carácter actual de mera instrumental.

- Sus gastos de gestión son altos, habida cuenta de la falta de plantilla en la mayoría de los casos, lo que implica la externalización de su gestión.

- En los tres últimos años sus necesidades de financiación han hecho duplicarse o triplicarse el capital social con las aportaciones del Gobierno de Aragón, sin que el valor intrínseco de las mismas haya cambiado.

- El ritmo de los ingresos es negativo e incluso algunas de ellas prevén actividad cero en el próximo ejercicio, lo que les obligará a depender exclusivamente de las aportaciones del Gobierno de Aragón.

C-6) Fundaciones y consorcios

En materia de fundaciones y consorcios llama la atención el hecho de que 13 consorcios y 17 fundaciones no rindieran sus cuentas en el ejercicio 2010, como era su obligación. Para la Intervención General, el crecimiento de este sector recomienda su estudio individualizado para garantizar su viabilidad.

El informe sobre la situación económico-financiera del sector público concluye afirmando que la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón, especialmente en lo que se refiere a su sector empresarial, presenta problemas tanto financieros como estructurales, lo cual exige la inmediata revisión y toma de decisiones al respecto, que es la fase que a partir de ahora y una vez hecho el análisis general acometerá el Ejecutivo autónomo.