Avanza el proceso de transparencia y racionalización de las plantillas y retribuciones de los empleados públicos

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha aprobado las plantillas del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón así como también la del Conjunto Paleontológico de Teruel (Dinópolis). Con carácter previo, el pasado mes de julio el Gobierno de Aragón ya aprobó y tomó conocimiento de la plantilla de la entidad de derecho público Agencia de Calidad y Prospectiva y de las cuatro fundaciones privadas de iniciativa pública: Zaragoza Logístic Center, Aragón y Desarrollo, Aula Dei y Centro de Estudios de Física del Cosmos.

Este hecho supone un hito histórico en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en términos de transparencia y racionalización al proceder, una vez aprobadas las plantillas y fijadas las retribuciones del personal, a su publicación en el BOA y en el Portal de Transparencia en los términos que establece la Ley 1/2017, de 8 de febrero.

El proceso culminará el próximo ejercicio económico con la aprobación de plantillas de las empresas públicas y restantes entidades del sector público institucional aragonés.

Con la modificación del Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas, así como lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 1/2016, de 28 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, arrancó un conjunto de actuaciones lideradas por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, con el fin de conocer la estructura retributiva y de clasificación de personal de las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Del resultado de aquellas actuaciones seguidas por esa Dirección General se constató la heterogeneidad de categorías profesionales, de estructuras salariales y de cuantías retributivas, por la ausencia de una regulación formal de muchos de sus complementos retributivos, por la desigualdad interna en el seno de los propios entes en cuanto a las retribuciones que percibe el personal, y sus cuantías y, finalmente, por la diversidad de los niveles retributivos. Este hecho planteó la necesidad de abordar un proceso de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal de las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma.

Hasta ahora únicamente el INAGA y el CITA tenían sus plantillas o relaciones de puestos de trabajo publicadas en el BOA y sus retribuciones homologadas. Aunque hay que señalar que las retribuciones del 96 % del personal laboral del resto de entidades de derecho público estaban homologadas con las de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque no estaban fijadas por el Gobierno de Aragón ni eran públicas.

Con esta finalidad se aprobó la Ley 1/2017, de 8 de febrero, que establece la obligación por parte de las entidades de clasificar a su personal siguiendo las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público, para posteriormente aprobar sus plantillas de personal y proceder a la homologación de las retribuciones de su personal con las establecidas para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde su aprobación se ha llevado a cabo una labor de coordinación y asesoramiento por la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios con las propias entidades y sus respectivos Departamentos de adscripción, en un proceso que afecta a más de 800 trabajadores.