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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Patrimonio y Organización

El Ejecutivo aragonés defenderá en los tribunales el recurso por el cómputo de déficit de 2013, tras la negativa del Ministerio de Hacienda a corregir el informe inicial

La Dirección General de Servicios Jurídicos ejercerá acciones judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, una vez desestimado por parte del Estado el requerimiento previo que presentó el Ejecutivo autonómico

El Gobierno de Aragón discrepa del cálculo del déficit del pasado ejercicio y solicita la aplicación de las mismas reglas contables que se aplican a la Administración del Estado, que permiten un reflejo más fiel de las finanzas de la Comunidad

El Gobierno de Aragón defenderá en los tribunales la corrección del cálculo del déficit del ejercicio 2013 atribuido a la Comunidad por parte del Ministerio de Hacienda. Una vez recibida la negativa del Ministerio a atender el requerimiento previo que presentó el Ejecutivo autonómico en el mes de abril, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.   El Gobierno de Aragón sostiene que el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no consideró correctamente las reglas de gasto y devengo, al aplicar principios contables distintos a la Administración del Estado y la Administración autonómica, o bien computar periodos que quedan fuera del ejercicio económico, o bien por no atender a la realidad del ingreso de algunas cantidades.   En concreto, en el capítulo de ingresos, el informe omite 96 millones de ‘recaudación incierta’, correspondientes a tributos liquidados por esta Administración en el ejercicio 2013; y 23 millones de transferencias del Estado por fondos procedentes de la Unión Europea, que la Comunidad Autónoma tenía devengados en 2013, pero que el Estado contabilizó en enero de 2014. Por otro lado, en el capítulo de gastos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) imputó a Aragón trece meses de gasto farmacéutico en vez de los doce que corresponden al año natural de 2013, por un cambio metodológico durante el pasado ejercicio. Los argumentos jurídicos del Gobierno de Aragón se basan en solicitar la aplicación de las reglas contables contenidas en los reglamentos, para mostrar una imagen fiel de las finanzas de la Administración autonómica, sin reclamar ningún tipo de exención o regla excepcional. De esta forma, la Dirección General de Servicios Jurídicos defenderá que la mecánica  de aplicar reglas de cómputo de déficit distintas para la Administración del Estado y la Administración de las CCAA choca frontalmente con el criterio de igualación de los “privilegios” o “beneficios” que se recoge en el artículo 103.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que, como Ley Orgánica, es una Ley estatal.   Además, esta equiparación está ya indicada en el artículo 13 de la Ley de Proceso Autonómico, Ley 14/1983, que señala la aplicación a las CCAA del régimen presupuestario estatal mientras el Estado no dicte una norma específica sobre criterios y reglas aplicables a las CCAA, que se debería de aprobar previa consulta y participación de las mismas.