Hacienda
El Gobierno adapta sus tasas a los cambios en la normativa sectorial
El Consejo del Gobierno de Aragón ha aprobado además el anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de las tasas de la comunidad (aprobado por Decreto Legislativo el 1/2004 de 27 de julio) y la Ley de Tasas y Precios Públicos (5/2006 de 22 de junio). Se trata de una actuación que permite realizar una serie de ajustes técnicos y jurídicos para adecuar las tasas y los precios públicos a los cambios que ha habido en la normativa sectorial o en las necesidades de interés público a lo largo del tiempo, además de adecuarlas al coste del servicio que, en algunos casos, ha quedado desfasado, incumpliendo la obligación de equilibrar el gasto por los servicios prestados.
No obstante, los cambios, que no afectan a toda la relación de tasas y precios públicos (14 de 52), repercutirán “muy levemente” en el volumen total de la recaudación por estos conceptos, que además son imprevisibles porque dependen de numerosos factores y circunstancias.
La modificación puntual incorpora también hechos imponibles que no estaban gravados, como la prestación de servicios administrativos en materia turística, vinculados a la tramitación de la habilitación para el ejercicio de la actividad profesional de Guía de Turismo en Aragón, y a la declaración responsable previa al inicio de actividad, modificación o reforma de una vivienda de uso turístico y su inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
También se incorpora la tasa por tramitación de procedimientos de expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso en materia de creación, modernización y mejora de regadíos, y la inspección y control de centros gestores de estiércoles.
La actualización de la normativa persigue además incluir el uso de la tarjeta de crédito como fórmula de pago y la exención a los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos.
La actualización de los textos se ha entendido como “una auténtica necesidad”, ya que las Cortes de Aragón suprimieron “las leyes de medidas” como mecanismo habitual de actualización en cada ejercicio. La iniciativa forma parte además del plan anual normativo para 2020.