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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Hacienda

El Gobierno de Aragón ha generado ingresos superiores a 9,5 millones de euros con la venta de patrimonio improductivo

La directora general de Patrimonio, Asunción Casabona, ha comparecido a petición propia en las Cortes para explicar la política de venta de inmuebles del Gobierno de Aragón

El próximo 29 de octubre saldrán a subasta 30 lotes por un valor total de 2,8 millones de euros, y se están preparando más licitaciones para finales de este año

El Departamento de Hacienda y Administración Pública trabaja para optimizar los ingresos sin subir la presión fiscal a los aragoneses. Se trata, en todos los casos, de bienes que no resultan necesarios para la prestación de los servicios públicos”

Generar ingresos para las arcas públicas que contribuyan a garantizar la prestación de los servicios públicos y a equilibrar las cuentas de la Comunidad Autónoma, además de ahorrar en gastos de mantenimiento. Ese es el objetivo fundamental de la política de enajenación de patrimonio impulsada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, y que hoy ha explicado la directora general de Contratación, Patrimonio y Organización, Asunción Casabona, durante su comparecencia a petición propia en las Cortes de Aragón.

Durante la presente legislatura, se han celebrado siete subastas públicas, que han reportado ingresos por valor de de 9.712.238,56 euros. De ellos, 9.593.811,56 euros se han recaudado por la venta de bienes de la Administración, mientras que 118.457 euros procedían de lotes de abintestatos, es decir, personas que fallecieron sin herederos y sin dejar testamento, cuya recaudación se destina íntegramente para proyectos sociales en Aragón. En concreto, han tenido lugar cuatro subastas de inmuebles, dos de vehículos y una de un reloj de oro procedente de abintestato.

Esta política está encaminada tanto a conseguir ingresos para las arcas públicas, como también al ahorro en gastos de mantenimiento a los que tiene que hacer frente la Administración: IBI, seguridad, vigilancia, limpieza, etc. “Nuestro objetivo es que la mayor parte de los recursos públicos se destine a los servicios esenciales, la Sanidad, la Educación y los servicios sociales. Y, en la medida de lo posible, todo el dinero que pueda destinarse a los servicios públicos, mucho mejor”, ha subrayado Casabona.

Para seguir avanzando en esta estrategia, el Departamento acaba de convocar una nueva subasta, que se celebrará el próximo 29 de octubre, y está trabajando en la preparación de una nueva licitación antes de finalizar este año 2014. En la subasta del 29 octubre se licitarán 30 lotes que suman un valor de 2,87 millones de euros. Tres de estos inmuebles, que salen a la venta por primera vez, son propiedad de la Comunidad Autónoma y actualmente están desuso: la hospedería de Arguis, un piso de 180 metros cuadrados en la Plaza del Pilar de Zaragoza y un chalé de cuatro plantas en Teruel, mientras que los restantes 27 lotes proceden de abintestatos. Entre estos últimos destaca un piso de 264 metros cuadrados en la calle Costa de Zaragoza, que ha sido tasado en 536.607 euros como precio de salida.

Aprovechamiento de los recursos públicos

Asunción Casabona ha explicado el cambio sustancial que se ha producido en la gestión del patrimonio improductivo que, por distintas causas, es propiedad de la Administración autonómica. Un patrimonio que tradicionalmente se consideraba un elemento estable, especialmente protegido y, con carácter general, exceptuado de venta. Frente a esta “posición conservadora”, se valora ahora su potencial como “fuente de ingresos”, ha indicado la directora general.

No obstante, en esta política de venta el Gobierno de Aragón tiene también en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario, ya que el objetivo es buscar un equilibrio para conseguir el interés de los inversores, mediante una política de precios atractiva, pero, a la vez, sin que esos precios se rebajen “más allá de lo que exige el mercado y aconseja el interés público”. Esto es, se trata de “no malvender el patrimonio público”, ha aclarado Asunción Casabona.

Además, la directora ha subrayado que el Gobierno de Aragón únicamente plantea la enajenación de aquellos bienes que no son necesarios para la prestación de servicios públicos. Se sigue así estrictamente con la legislación vigente, ya que “los bienes que están afectos a usos o servicios públicos tienen naturaleza de bienes demaniales, y, como tales, están excluidos del comercio, tal y como establece la propia Constitución en su artículo 132, y el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que es norma básica”, ha concretado Asunción Casabona.

Dentro de los bienes patrimoniales que sí son susceptibles de venta, cabe distinguir dos tipos: aquellos que siempre han sido considerados patrimoniales, ya que nunca han tenido una utilidad pública desde que se integraron en el Patrimonio de la Comunidad; y los que sí tuvieron un uso en el pasado, pero han dejado de ser necesarios para el servicio público. Este último supuesto es el más común, ya que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo un plan de reordenación y agrupación de los espacios públicos, para optimizar el uso de los edificios, siguiendo criterios de racionalidad y eficiencia. El ejemplo más reciente es la venta del local del Paseo de la Independencia, por la que se han recaudado 7,5 millones de euros, y que reportará unos ahorros anuales de 180.000 euros por gastos de mantenimiento. Las dependencias que acogía, de la Dirección General de Tributos, se van a reagrupar en otras oficinas propias del Gobierno de Aragón.

Además, el Ejecutivo está analizando la desafectación de algunos inmuebles que, por la evolución en la prestación de servicios públicos, han perdido la función para la que se construyeron. Es el caso de silos; casas forestales o casillas de peones camineros.

Por último se encuentran los bienes que son patrimoniales desde que se integraron en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, ya que nunca han llegado a cumplir con una función de servicio público. Se trata de cesiones a título gratuito procedentes de Administraciones locales, o fincas que se han integrado en el Patrimonio de la Administración a partir de procedimientos urbanísticos. En concreto, de proyectos supramunicipales regulados en la Ley de Urbanismo de Aragón de 1999, según la cual es obligatoria la cesión del 10 % de terrenos a la Administración actuante. Así, la Comunidad Autónoma cuenta con suelo en propiedad en plataformas como PLAZA, PTR, PLHUS, PLATEA y PLFRAGA.