El Gobierno de Aragón consigue en Madrid la aprobación de su Plan Económico-Financiero, que estabilizará las cuentas autonómicas sin afectar a las políticas sociales

Corregir el déficit estructural de las cuentas públicas de Aragón y sentar las bases de la estabilidad presupuestaria en el periodo 2014-2015, para consolidar una recuperación económica real y estable. Ese el objetivo del Plan Económico-Financiero (PEF) del Gobierno de Aragón, que hoy sido aprobado en la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha presidido en Madrid el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la participación de todas las Comunidades Autónomas.

El PEF de Aragón ha sido el único que ha terminado aprobándose en el día de hoy, ya que el Ministerio no ha respaldado los planes del resto de Comunidades, que por lo tanto deberán seguir negociando su contenido hasta alcanzar su aprobación más adelante. El consejero Javier Campoy ha destacado que ha salido “satisfecho, porque hemos convencido al Ministerio de que el Plan Económico-Financiero que hemos elaborado en Aragón es un plan serio, riguroso y bueno para Aragón. Por eso el Ministerio ha dado el visto bueno a nuestro documento, lo cual tiene todavía más valor teniendo en cuenta que hemos sido la única Comunidad que ha conseguido aprobarlo”.

El consejero de Hacienda aragonés ha señalado que “este es el Plan Económico-Financiero que necesita Aragón para estabilizar las cuentas públicas de la Comunidad, para contener el déficit, y al mismo tiempo para garantizar el Estado del Bienestar y para sentar las bases de la recuperación económica. Porque es un Plan que blinda completamente las partidas de Educación, Sanidad y servicios sociales. Y que apuesta también por priorizar las inversiones que son clave para reactivar la economía y crear empleo”, ha concluido.

El PEF actuará para corregir el desvío en el déficit estructural de Aragón, que está cuantificado en 93 millones de euros, puesto que la mayor parte del desfase de 2013 se debió a causas coyunturales cuyo impacto no se repite en el presente ejercicio, tal y como ha reconocido el Ministerio.

Siguiendo el compromiso irrenunciable que desde el primer momento ha mantenido el Gobierno de Aragón, el Plan en ningún caso afectará a las políticas de Sanidad, Educación y servicios sociales. El documento recoge una serie de medidas para contener el gasto, mediante inejecuciones presupuestarias por capítulos, y otras para mejorar la recaudación de ingresos.

La contención del gasto no se aplicará por Departamentos sino de manera transversal, en los capítulos menos sensibles del Presupuesto. En concreto, se va a seguir trabajando para rebajar al máximo los gastos financieros, reducir el gasto corriente en el funcionamiento interno de la Administración y se pospondrán las inversiones menos eficaces por su retorno social y económico.El Ministerio de Hacienda ha reconocido los buenos resultados en la aplicación inicial de estas medidas, que se pusieron en marcha en el mes de mayo con la creación de la Unidad de Control de la Gestión Pública, y de las tres subcomisiones enfocadas a evaluar las políticas de gasto: la Subcomisión de gasto social’, la de ‘Racionalización y optimización del gasto corriente’, y la ‘Subcomisión de política de inversión estratégica’.

En algunos de estos capítulos, las medidas desarrolladas y ejecutadas en tiempo record ya han conseguido más del 30% de los resultados previstos en el PEF. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha conseguido refinanciar 425 millones de la deuda del Plan de Pago a Proveedores, lo que reporta un ahorro anual de un millón de euros para las arcas autonómicas. En esta línea se está trabajando, para revisar todas las operaciones financieras vigentes y tratar de adelgazar la factura de intereses.

En el capítulo de ingresos, el Departamento de Hacienda también ha comenzado a cosechar los primeros resultados, con la recaudación de 7,5 millones por la venta del edificio del Paseo de la Independencia de Zaragoza. La enajenación de patrimonio innecesario para la Administración, así como la mejora de los procedimientos de inspección tributaria, son las claves contempladas en el PEF para optimizar la recaudación de ingresos.

Como demuestra la primera contención en la cifra de déficit del mes de mayo, el Gobierno de Aragón ha empezado a avanzar ya en la consecución de los objetivos planteados en el PEF aprobado hoy, para estabilizar las cuentas públicas en el horizonte 2014-2015. Un objetivo que se verá respaldado por la mejora de la coyuntura económica, ya que la previsión de crecimiento de Aragón es del 1,2%del PIB para 2014 y del 2% en 2015.

Aplazamiento de la liquidación de 2009

En el CPFF también se ha aprobado aplazar la liquidación del ejercicio 2013, para flexibilizar su devolución a las Comunidades Autónomas y contribuir a su capacidad para financiar los servicios públicos. Esta liquidación resultó negativa para las Comunidades, debido al desajuste en el cálculo inicial que hizo el Gobierno central en aquel año.

Reducción de empresas públicas

Otro de los asuntos abordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido la evolución de las medidas para reordenar y racionalizar el sector público empresarial en cada una de las Comunidades Autónomas. En el caso de Aragón, ya se han ejecutado 43 de las 68 operaciones previstas en el Plan de reestructuración del sector público empresarial aragonés, lo que supone un grado de ejecución del 63,2%. En sus últimas fases de gestión se encuentran otras tres operaciones, lo que elevará el porcentaje de ejecución al 67,6%. Además, se han iniciado procesos, algunos de ellos muy avanzados, en otra veintena de empresas.

Por lo que respecta a las operaciones previstas en las empresas públicas autonómicas, es decir, en aquellas en las que el poder de decisión corresponde en exclusiva al Gobierno de Aragón, el grado de ejecución del Plan es de 100%, al haberse culminado las actuaciones en 10 empresas.

El Plan aprobado en 2011 prevé actuar en 68 empresas, para reducir las 103 existentes a 35. Las que van a permanecer son las que cumplen una función de interés general para el desarrollo económico y social de Aragón. Las actuaciones llevadas a cabo en las empresas afectadas son procesos de liquidación, fusión, absorción, venta u otro tipo de desinversiones.

El desarrollo del plan, gestionado a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ha supuesto un ahorro en torno a los 15 millones de euros en tres años, y responde al compromiso del Gobierno de Aragón con la racionalización del sector público empresarial.

En cuanto a los entes públicos no mercantiles (consorcios, fundaciones, etc.), el Gobierno de Aragón ha suprimido o se ha desvinculado de 16 de estos entes.