El Gobierno de Aragón pide al Estado una reunión de los técnicos tributarios para aclarar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IAJD

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha remitido a última hora de esta mañana una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le solicita estudiar en profundidad el problema que plantea la sentencia número 1505/20 del tribunal Supremo, de 16 de octubre, que se conoció ayer, por la que se declara nulo parte del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados.   En la misiva remitida al Ministerio de Hacienda, el responsable de las finanzas autonómicas insta a buscar una solución consensuada, a la vez que rápida, por parte de todas las comunidades autónomas. Para ello, Gimeno ha transmitido su deseo a Montero de que las personas responsables de las áreas tributarias de las comunidades autónomas y el Ministerio puedan llevar a cabo una reunión de carácter técnico que analice la sentencia citada para, con posterioridad y en su caso, llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una solución conjunta al complejo problema que la sentencia plantea.   Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, las consecuencias del acuerdo judicial afectarían a unos 30.000 expedientes tramitados en los últimos cuatro años, que supondrían un montante económico de alrededor de 90 millones de euros. En cualquier caso, el consejero de Hacienda ha explicado que el efecto para las comunidades autónomas será neutro al final, pero que exige adoptar medidas para resolver el problema y articular un mecanismo ágil y razonable que permita dar una solución a los ciudadanos.