El Gobierno de Aragón podría recurrir la Ley de Contratos del Sector Público ante el Constitucional

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, durante la inauguración de la Jornada sobre la Nueva Ley de Contratos Públicos del Sector Público: Luces y Sombras, que se celebra hoy en Zaragoza, ha anunciado que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo una negociación con el Estado para tratar de alcanzar un acuerdo que permita evitar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley anunciado desde Aragón al considerar que algunas previsiones incluidas en la norma invaden competencias autonómicas. El Gobierno de España ha aceptado iniciar un trámite previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que debería concluir, en el plazo máximo de seis meses, con un acuerdo interpretativo sobre las cuestiones que ha manifestado la Comunidad Autónoma, evitándose así, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Dichas diferencias hacen referencia a la organización de la contratación pública, por el hecho de que la Comunidad autónoma se ve desprovista de muchas facultades de gestión y de las de supervisión y planificación. Se concretan también en el agotamiento de la regulación de algunas cuestiones, con disposiciones que descienden a un nivel de detalle propio de los reglamentos que impiden, de facto, el ejercicio de las competencias de desarrollo que tenemos reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Y, por último, la reclamación del Ejecutivo autónomo pretende denunciar que se ha producido una regulación ex novo de otras cuestiones reguladas ya por la Comunidad Autónoma desde 2011.   El consejero de Hacienda también ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto tomar en consideración próximamente un anteproyecto de ley sobre el uso estratégico de la contratación pública. Según ha avanzado el consejero, la nueva norma pretende incrementar la eficiencia del gasto público en la contratación pública y contribuir a que las entidades contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Va a ser en esta Ley donde se dé un paso muy importante, situando a la Comunidad Autónoma por delante de la regulación estatal, con previsiones tan importantes como la protección de los trabajadores de las empresas contratistas, o los pagos a subcontratistas y proveedores y la promoción de la participación de las PYMES en los contratos públicos.   Tal y como ha explicado Fernando Gimeno en el transcurso de la inauguración, los contratos públicos son un instrumento que, bien empleado, puede contribuir a realizar determinadas políticas públicas, entre las que destacan las de carácter social, medioambientales y de fomento de la innovación. Su importancia viene avalada por el hecho de que las entidades del sector público de Aragón celebran miles de contratos todos los años, que tienen un impacto directo e indirecto que se estima en casi 18 puntos porcentuales del PIB, según los datos facilitados por la Comisión Europea.   En este sentido, la voluntad del Gobierno de Aragón también se centra en mejorar y simplificar la contratación pública en el propio ámbito de la Administración autonómica. De hecho, desde la Dirección General de Contratación se han convocado dos reuniones informativas y de coordinación con todas las entidades del sector público autonómico donde se han abordado cuestiones como el informe de supervisión de la contratación pública que está preparando el Ministerio de Hacienda para enviarlo a la Comisión Europea o, más recientemente, para explicar la transición del perfil de contratante, que a partir de ahora pasará a alojarse en la plataforma de Contratos del Sector público estatal.   El Gobierno de Aragón también está trabajando en el diseño e implantación de un gestor electrónico de expedientes de contratación, que ha de simplificar y facilitar la tarea de preparación de los expedientes, la tramitación de los procedimientos, y el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y resultados y de publicidad de la información relativa a la contratación pública.   En definitiva, la nueva Ley aragonesa y las actuaciones de coordinación y apoyo que se van a realizar desde la Oficina de Contratación Pública del Gobierno de Aragón –que está operativa desde principios de este mismo año– han de servir para hacer menos traumática la aplicación de la nueva ley estatal. Una Ley que incorpora con cierto retraso disposiciones de una Directiva europea de 2014. La norma presenta también importantes novedades que tienen un gran impacto sobre la práctica diaria de la contratación pública y que hacen referencia a los criterios y procedimientos de adjudicación, el recurso especial o los contratos de servicios a las personas, entre otros aspectos.    La jornada ha sido organizada por la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Administración Pública y la Oficina de Contratación Pública.   En el transcurso de la jornada, fundamentalmente dirigida a empleados públicos cuyo trabajo está directamente relacionado con la aplicación de la ley, se analizará el contexto en el que se enmarca la norma, los principales cambios que afectan a los aspectos procedimentales y contará con la visión de operadores económicos y agentes sociales afectados.   La jornada va a utilizar para su comentario en redes sociales la etiqueta #LCSPlucesysombras y se puede seguir en streaming a través del canal de YouTube del IAPP en los siguientes enlaces:   SESIÓN DE MAÑANA https://www.youtube.com/watch?v=xHkgA-VmRLM   SESIÓN DE TARDE https://www.youtube.com/watch?v=NDQrFo_5iPk