El Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por la Administración Electrónica

El Gobierno de Aragón ha dado hoy el visto bueno a un acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se adoptan medidas organizativas en materia de administración electrónica, protección de datos de carácter personal y seguridad de la información aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El objetivo de estas disposiciones es el de contribuir a que la tramitación electrónica deje de ser una forma especial de gestión de los procedimientos para consolidarse como la actuación habitual de las Administraciones.

Para ello, el Gobierno de Aragón debe afrontar una serie de retos que afectan al conjunto de la Administración autonómica y entre lo que cabe citar: la materialización efectiva de los principios que impone la Ley en lo relativo a la implementación de la Administración Electrónica; el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la protección de las personas físicas y, en tercer lugar, la necesidad de generar un marco en las organizaciones que propicie la materialización efectiva de nuevos escenarios que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

En este sentido, es preciso puntualizar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su preámbulo afirma que, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones, exigiendo en su articulado una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Por este motivo, y tras realizar un análisis de la situación en los distintos departamentos que constituyen la Administración autonómica, más allá de la necesaria implementación de indicadores que suministren información sobre el grado de uso y de cumplimiento de las obligaciones de generar documentos electrónicos, expedientes en formato electrónico, realizar notificaciones y comunicaciones electrónicas, se observa la necesidad de llevar a cabo un cambio de carácter organizativo.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón considera necesario crear nuevas unidades en el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de Juventud y otra para el Instituto Aragonés de Empleo.

El coste de los nuevos puestos de trabajo necesarios se financiará con la amortización de puestos existentes que se encuentran vacantes dotados, por lo que la ejecución de las medidas previstas en este Acuerdo no implicará un aumento del Capítulo I de personal.

Recordar, finalmente, que para el avance en la implantación de la administración electrónica, el Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de octubre una primera fase en la que ya dio el visto bueno a una serie de medidas para dotación de personal realizando posteriormente las consiguientes acciones de distinta índole para su ejecución. Estas medidas se centraron en reforzar con perfiles técnicos adecuados los departamentos transversales, como son el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad y el Departamento de Hacienda y Administración Pública. El coste de estos nuevos puestos de trabajo también se financió con la amortización de puestos existentes, vacantes dotados, por lo que la ejecución del Acuerdo no implicó un aumento del Capítulo I de personal.

En esta segunda fase los esfuerzos se centran en reforzar, desde el punto de vista organizativo, a los departamentos y organismos autónomos, así como proseguir con la dotación de medios en la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, a quién corresponde el ejercicio de las funciones horizontales en materia de Administración Electrónica y coordinación de las políticas en materia protección de datos de carácter personal y seguridad de la información (CISO).

El Gobierno de Aragón ha dado hoy el visto bueno a un acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se adoptan medidas organizativas en materia de administración electrónica, protección de datos de carácter personal y seguridad de la información aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El objetivo de estas disposiciones es el de contribuir a que la tramitación electrónica deje de ser una forma especial de gestión de los procedimientos para consolidarse como la actuación habitual de las Administraciones.

Para ello, el Gobierno de Aragón debe afrontar una serie de retos que afectan al conjunto de la Administración autonómica y entre lo que cabe citar: la materialización efectiva de los principios que impone la Ley en lo relativo a la implementación de la Administración Electrónica; el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la protección de las personas físicas y, en tercer lugar, la necesidad de generar un marco en las organizaciones que propicie la materialización efectiva de nuevos escenarios que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

En este sentido, es preciso puntualizar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su preámbulo afirma que, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones, exigiendo en su articulado una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Por este motivo, y tras realizar un análisis de la situación en los distintos departamentos que constituyen la Administración autonómica, más allá de la necesaria implementación de indicadores que suministren información sobre el grado de uso y de cumplimiento de las obligaciones de generar documentos electrónicos, expedientes en formato electrónico, realizar notificaciones y comunicaciones electrónicas, se observa la necesidad de llevar a cabo un cambio de carácter organizativo.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón considera necesario crear nuevas unidades en el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de Juventud y otra para el Instituto Aragonés de Empleo.

El coste de los nuevos puestos de trabajo necesarios se financiará con la amortización de puestos existentes que se encuentran vacantes dotados, por lo que la ejecución de las medidas previstas en este Acuerdo no implicará un aumento del Capítulo I de personal.

Recordar, finalmente, que para el avance en la implantación de la administración electrónica, el Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de octubre una primera fase en la que ya dio el visto bueno a una serie de medidas para dotación de personal realizando posteriormente las consiguientes acciones de distinta índole para su ejecución. Estas medidas se centraron en reforzar con perfiles técnicos adecuados los departamentos transversales, como son el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad y el Departamento de Hacienda y Administración Pública. El coste de estos nuevos puestos de trabajo también se financió con la amortización de puestos existentes, vacantes dotados, por lo que la ejecución del Acuerdo no implicó un aumento del Capítulo I de personal.

En esta segunda fase los esfuerzos se centran en reforzar, desde el punto de vista organizativo, a los departamentos y organismos autónomos, así como proseguir con la dotación de medios en la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, a quién corresponde el ejercicio de las funciones horizontales en materia de Administración Electrónica y coordinación de las políticas en materia protección de datos de carácter personal y seguridad de la información (CISO).

El Gobierno de Aragón ha dado hoy el visto bueno a un acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se adoptan medidas organizativas en materia de administración electrónica, protección de datos de carácter personal y seguridad de la información aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El objetivo de estas disposiciones es el de contribuir a que la tramitación electrónica deje de ser una forma especial de gestión de los procedimientos para consolidarse como la actuación habitual de las Administraciones.

Para ello, el Gobierno de Aragón debe afrontar una serie de retos que afectan al conjunto de la Administración autonómica y entre lo que cabe citar: la materialización efectiva de los principios que impone la Ley en lo relativo a la implementación de la Administración Electrónica; el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la protección de las personas físicas y, en tercer lugar, la necesidad de generar un marco en las organizaciones que propicie la materialización efectiva de nuevos escenarios que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

En este sentido, es preciso puntualizar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su preámbulo afirma que, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones, exigiendo en su articulado una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Por este motivo, y tras realizar un análisis de la situación en los distintos departamentos que constituyen la Administración autonómica, más allá de la necesaria implementación de indicadores que suministren información sobre el grado de uso y de cumplimiento de las obligaciones de generar documentos electrónicos, expedientes en formato electrónico, realizar notificaciones y comunicaciones electrónicas, se observa la necesidad de llevar a cabo un cambio de carácter organizativo.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón considera necesario crear nuevas unidades en el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de Juventud y otra para el Instituto Aragonés de Empleo.

El coste de los nuevos puestos de trabajo necesarios se financiará con la amortización de puestos existentes que se encuentran vacantes dotados, por lo que la ejecución de las medidas previstas en este Acuerdo no implicará un aumento del Capítulo I de personal.

Recordar, finalmente, que para el avance en la implantación de la administración electrónica, el Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de octubre una primera fase en la que ya dio el visto bueno a una serie de medidas para dotación de personal realizando posteriormente las consiguientes acciones de distinta índole para su ejecución. Estas medidas se centraron en reforzar con perfiles técnicos adecuados los departamentos transversales, como son el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad y el Departamento de Hacienda y Administración Pública. El coste de estos nuevos puestos de trabajo también se financió con la amortización de puestos existentes, vacantes dotados, por lo que la ejecución del Acuerdo no implicó un aumento del Capítulo I de personal.

En esta segunda fase los esfuerzos se centran en reforzar, desde el punto de vista organizativo, a los departamentos y organismos autónomos, así como proseguir con la dotación de medios en la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, a quién corresponde el ejercicio de las funciones horizontales en materia de Administración Electrónica y coordinación de las políticas en materia protección de datos de carácter personal y seguridad de la información (CISO).

Concretamente, en lo que se refiere a la Dirección General competente en materia de Administración Electrónica se plantea la creación de una Unidad de Protección de Datos, que ejercerá las funciones de Delegado de Protección de Datos. Sus principales actividades consistirán en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales.